Reformar el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para especificar que “el costo anual total de cada uno de los créditos otorgados los trabajadores no podrá ser superior al ocho por ciento» propuso la diputada federal priista, Laura Haro Ramírez, en una iniciativa que de aprobarse, sería aplicable para todos los derechohabientes a partir del siguiente ejercicio fiscal, incluyendo a quienes obtuvieron su crédito antes de la entrada en vigor de dicho decreto.
Con ello, se espera contribuir al fortalecer los trabajos ya emprendidos por el Instituto en beneficio de quienes perciben un salario en México, cabe señalar que Infonavit otorgó 530 mil créditos durante 2021
Haro Ramírez, lamentó que “para millones de personas es muy complicado adquirir un patrimonio, por lo que es necesario que se modifique la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a fin de hacer más equitativo el mecanismo para comprar un bien inmueble. México no puede seguir transitando bajo un esquema desigual en todo sentido, incluso en factores económicos, donde existan cobros desmedidos en materia de intereses. Los beneficiarios del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) deben repartir sus ingresos entre la adquisición de la canasta básica, el pago de servicios y otros gastos fijos, lo que les dificulta tener recursos para hacerse de un patrimonio. Toda persona que acude a una institución de gobierno es porque requiere del apoyo del Estado, situación que debe ser innegable para cualquier persona que lo haga, se encuentre en condiciones de vulnerabilidad o no.”
Destacó que del número total de las personas con trabajo formal, alrededor de 20 millones 400 mil personas están afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, de las cuales 12 millones y medio son hombres y 7 millones 900 mil mujeres.
Respecto al nivel de ingresos, agregó Haro Ramírez, alrededor de 12 millones 300 mil personas perciben menos de un salario mínimo; 21 millones 400 mil personas ganan de 1 a 2 salarios mínimos; 10 millones 700 mil reciben de 3 a 5 salarios mínimos; 959 mil son remunerados de 6 a 10 salarios mínimos y solo 178 mil, más de 10 salarios mínimos.
La diputada federal Laura Imelda Pérez Segura, presentó un Punto de Acuerdo que exhorta al gobierno local a implementar, desarrollar y reforzar estrategias, así como políticas públicas pertinentes que garanticen la seguridad de las mujeres.
Es la tercera entidad del país con más feminicidios: 64 casos registrados en los primeros 11 meses de 2021 en contraste con los 28 denunciados en 2018, cuando asumió la gubernatura Enrique Alfaro Ramírez.
Juana María Ramírez.-
La Diputada Federal por Morena Laura Imelda Pérez Segura presentó un Punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que el gobierno del estado de Jalisco implemente, desarrolle y/o refuerce las estrategias y políticas públicas pertinentes que garanticen la seguridad de las mujeres.
La representante popular por el Distrito 16, con cabecera en San Pedro Tlaquepaque, precisó que el preocupante aumento de casos de feminicidios en la entidad, generado por las ineficientes políticas públicas “no sólo duele, sino lastima, a todas y cada una de las mujeres de la entidad a la cual pertenezco y represento”.
Alertó que las cifras y las denuncias, lo evidencian y la impunidad lo agrava.
Informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubican a Jalisco como la tercera entidad con más feminicidios, con 64 casos registrados en los primeros 11 meses del año 2021, lo que representa un incremento del 128.57 por ciento respecto al mismo periodo de 2018, cuando Enrique Alfaro Ramírez tomó posesión como gobernador.
“La administración estatal actual, que debería ser el principal órgano responsable de garantizar una vida libre de violencia contra la mujer en todas sus formas, hoy se convierte en un agresor más al ejercer violencia institucional sistemáticamente contra la mujer jalisciense”, consideró.
Hoy, en Jalisco, “existe una espiral de violencia que pone en evidencia la falta de políticas públicas que protejan y garanticen una vida libre de violencia a las mujeres, a lo cual se agrega un componente más: el de la impunidad”.
A lo anterior se agregan las conclusiones del “Informe Impunidad en homicidio doloso y feminicidios en México 2020”, de la Organización Civil Impunidad Cero que señala que: “Nueve de cada 10 mujeres víctimas de feminicidio no encuentra justicia. Convirtiéndose, así, en el tercer estado con mayor impunidad en todo el país en materia de feminicidios”.
Ante tal situación, Laura Imelda Pérez Segura consideró necesario la integración de programas interinstitucionales para reducir este tipo de delitos, así como elevar la calidad y atención hacia las víctimas.
El gobierno del Estado —señaló— en lugar de estar gastando en publicidad y en consultas que no consultan, debería de atender esta que es una de las problemáticas más sensibles para la sociedad de Jalisco.
La Diputada Federal Laura Imelda Pérez Segura refrendó así su compromiso por la suma de esfuerzos desde el Poder Legislativo por una procuración de justicia pronta y expedita y por la defensa de las mujeres de Jalisco y de México.
Los diputados federales entrarán a su análisis en los próximos días
Juan Carlos Huerta Vázquez.-
La Reforma Eléctrica le costará al país entre 60 mil y 120 mil millones de dólares en demandas, amparos, paneles y controversias, afirma el diputado Secretario de la Comisión Legislativa de Energía en el Congreso de la Unión, Manuel Herrera Vega.
El legislador señaló que la reforma incrementará más el precio de los combustibles y “ya salió el presidente a decir lo contrario y la estrategia del presidente y del gobierno federal es que si la reforma se rechaza, le va echar la culpa a la reforma de las ineficiencias del gobierno, pero están subiendo la energía y los combustibles por el mal manejo de este gobierno y por el mal manejo de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex”.
Agrega que impactará el TMEC, el Tratado con Europa y el Tratado Traspacífico.
Sin corrupción, sin despilfarro y con una perspectiva social, el bienestar se alcanza, aseguró.
Efecto Ezpiral.-
La Diputada Federal por Morena, Laura Imelda Pérez Segura, destacó que la Cuenta Pública 2019 evidencia de forma clara y concisa el proceso de transformación por el que atraviesa México en estos momentos: Combate a la corrupción, uso correcto de la austeridad, rendición de cuentas y transparencia, como base para la construcción de un Estado de Bienestar.
Desde la tribuna del pleno de la Cámara de Diputados, advirtió que el dictamen relativo a la Cuenta Pública Federal 2019 “ilustra la correcta gestión financiera y el uso eficiente de los recursos destinados a la política social, como elementos indispensables para la consolidación del cambio verdadero en el país, a través de la Cuarta Transformación”.
¡MORENA cumple sus compromisos! Resaltó la representante popular por el Distrito 16 con cabecera en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, al destacar el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación: “De los 5 billones 814.4 mil millones de pesos que representó el gasto neto total en el 2019, el gobierno federal sólo tiene que solventar el 0.9%. Clara muestra del compromiso que desde nuestro gobierno tenemos con la transparencia”.
La Diputada Federal Laura Imelda Pérez Segura consideró que “hemos cumplido en esta materia, y hemos superado las expectativas en el área de ingresos en 2019, los cuales ascendieron a 5.384 billones de pesos, superior en 86 mil 796 millones a lo previsto en la Ley de Ingresos de ese año, 7.3% más en términos reales respecto al año inmediato anterior”.
Otro logro, en beneficio de la sociedad, añadió, es del combate a la evasión y elusión fiscal, porque ha permitido el no aumento ni creación de nuevos impuestos. Ese año, también se disminuyó el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, “algo que ni en sueños se tuvo con los gobiernos del PRI y del PAN”.
Ante legisladoras y legisladores de la oposición, señaló: “Déjenme decirles que aquí tienen pruebas de que sin corrupción, sin despilfarro y con una perspectiva social, el bienestar se alcanza. Este dictamen demuestra dos cosas, que ustedes solamente hablan sin sustento alguno y la evidencia lo respalda. Ustedes son solamente sicofantes de la política, que se sirve solamente de la calumnia y la mentira para poder sobrevivir”.
Y la segunda, “es que hemos demostrado que es posible realizar una reorientación de todo un marco económico y político para destinar los recursos a disminuir las brechas económicas, sociales y culturales de las y los mexicanos. Ustedes no alcanzaban este propósito, simplemente, porque no se encontraban al servicio del pueblo sino al de sus intereses”.
“Desde el grupo parlamentario de MORENA daremos puntual seguimiento a los hallazgos que desde la Auditoría Superior de la Federación se detectaron, no permitiremos la impunidad ni el mal manejo del dinero del pueblo”, aseguró la legisladora al refrendar el compromiso con la ciudadanía a fin de promover la conjunción de esfuerzos en favor de la transparencia y rendición de cuentas en materia presupuestal.
La probidad, debe ser el requisito para ser autoridad electa o funcionario; no deben existir agresores ejerciendo cargos públicos al amparo de la Ley
Se han promovido entre partidos y candidatos acciones como “He for she” y “3 de 3 Contra la Violencia”, pero se requieren mecanismos jurídicos vinculantes.
Efecto Ezpiral.-
Laura Imelda Pérez Segura, Diputada Federal por MORENA, presentó ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una iniciativa de reforma para garantizar que la sociedad mexicana no esté representada legislativamente por quienes hayan incurrido en violencia familiar, doméstica¬ o de género en el ámbito privado o público.
Con esto, se busca que los representantes populares federales y estatales sean personas capaces, con calidad moral y la población se sienta verdaderamente representada, “La probidad, debe ser el requisito de elegibilidad”, porque explicó, no basta con comprometerse con la igualdad y la vida libre de violencias, “sino ser congruentes en la vida cotidiana. Hoy, lo personal es político, y no se debe permitir agresores ejerciendo cargos públicos al amparo de la Ley”.
La impunidad no puede seguir gestándose en las instituciones, debe de ser erradicada, subrayó la representante popular por el Distrito 16, con cabecera en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Esta iniciativa propone reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) para que sea requisito de elegibilidad al cargo legislativo federal o estatal “no haber sido condenados o sancionados por violencia familiar, doméstica o agresión de género en el ámbito privado o público”, así como por delitos sexuales, contra la libertad sexual, intimidad corporal, y ser deudor alimentario moroso.
Se contempla —en un artículo transitorio— que los congresos locales de las 32 entidades del país, adopten estas disposiciones para quienes pretendan contender por un cargo de representación local.
Laura Imelda Pérez Segura mencionó que ha habido intentos importantes desde el Instituto Nacional Electoral (INE) para que los partidos políticos asumieran este compromiso, como la propuesta de adhesión a la campaña de “He for she” promovida por ONU Mujeres en el contexto del proceso electoral 2017-2018 y que consistían en promover los derechos de las mujeres en sus plataformas políticas, capacitar a sus candidatos en materia de no discriminación; garantizar la paridad de género en sus órganos directivos; impulsar mecanismos de prevención frente a la violencia dentro de sus organizaciones, y verificar que, en las campañas electorales, las mujeres tuvieran acceso a recursos en igualdad con los hombres.
También, agregó, el INE con la denominada “3 de 3 Contra la Violencia” sólo pudo llevar a cabo una revisión muestral en mil 177 personas candidatas, y se concluyó que únicamente tres contaban con elementos suficientes para acreditar el cumplimiento.
La autoridad electoral indicó varios factores que impidieron que tuviera éxito en el proceso electoral pasado: Se adoptó iniciado el proceso electoral; no se contaban con bases jurídicas para solicitar información del tema a otras instituciones; no había la obligación legal de homologar registros, y no existían bases de datos para que el INE determinara negar o cancelar el registro de alguna candidatura.
“¡Hay avances, pero no el éxito esperado!” Por lo que resulta indispensable reforzar su mecanismo de actuación y otorgar garantías jurídicas, para que su aplicación sea correcta, vinculante y genere un cambio cultural de fondo. “Hay mucho camino por andar todavía para erradicar la violencia que se ejerce en contra de las mujeres en el ámbito de la política”, advirtió la diputada federal por MORENA.
De aprobarse la nueva Ley de Ingresos en la que buscan reducir aún más la capacidad de percepción de apoyos y donaciones de las Organizaciones Sociales Ciudadanas (OSC) podría ser el fin de las más de cinco mil 73 que existen en el país, señaló la diputada federal Laura Haro Ramírez,
Particularmente, son mil 817 organizaciones que obtienen entre el 30% y el 100% de su ingreso total por donativos de personas físicas nacionales. De igual modo, de aprobarse la propuesta de modificaciones a la LISR, las organizaciones podrían dejar de percibir 8 mil 221 millones 294 mil 801 pesos que, al día de hoy, se destinan a la realización de actividades asistenciales (69 %), educativas (12%) y culturales (9%), entre otras.
Por su parte, representantes de organizaciones civiles, señalaron que en nuestro país tenemos una deuda pendiente con la restitución de derechos y la reparación del daño a víctimas de violencia de género, violencia física, emocional y sexual. Los que cuentan con profesionalización al respecto, son las OSC, el daño de dejarlas sin recursos para trabajar con las poblaciones más vulnerables sobre todo niñas, niños y adolescentes, va a tener una afectación en el presente, pero un impacto grave en el futuro.
“La propuesta de Morena busca reducir el porcentaje que las personas libremente decidimos donar a aquellas organizaciones que trabajan a favor de las mejores causas de la sociedad mexicana, y esto se vería gravemente reflejado en las más de dos millones de familias de este país que son beneficiarias de algún servicio que prestan las organizaciones que en su gran mayoría lo hacen de manera voluntaria,” así lo señaló la diputada Laura Haro Ramírez.
Ante el preocupante panorama indicó que “ la postura del PRI ha sido clara y contundente, vamos a rechazar esta propuesta en la Ley de Ingresos, que está por votarse en cámara de diputados, vamos a presentar nuestras reservas y por supuesto, apelamos a que el grupo mayoritario de morena y sus aliados, el Verde Ecologista y el PT, voten en concordancia a favor de las asociaciones ciudadanas, que no pase esta reforma que lo decimos tal cual, va a afectar a las organizaciones que atienden a los sectores más vulnerables, a los niños con cáncer, a las mujeres que padecen algún tipo de enfermedad, que trabajan a favor de los temas para prevenir y erradicar la violencia de género, del medio ambiente, etc, por esta razón nuestra postura es clara, vamos con las organizaciones ciudadanas, Sí con las OSC´s y no al proyecto de Morena que busca asfixiarlas, extinguirlas, porque prácticamente parece que a éste régimen le estorba todo aquello que busque el bien común de las familias mexicanas,” finalizó la diputada federal.
La Diputada federal Laura Imelda Pérez Segura presentó un Punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión con el objetivo de que la nueva Coordinación General de Programas Integrales de Desarrollo del Gobierno Federal conozca esta problemática que enfrentan los Servidores de la Nación sobre presuntas violaciones a sus derechos laborales.
A través de testimonios recopilados por diarios, medios informativos digitales, publicaciones en diversas redes sociales, además del acercamiento directo con la legisladora federal, es que logró documentar una serie de denuncias ante lo que las y los agraviados consideran como reiterante: la falta de respeto a sus garantías individuales y la opaca delimitación en sus competencias laborales.
Para la Diputada federal por Jalisco e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, este Punto de Acuerdo relativo a las condiciones laborales que viven las y los Servidores de la Nación no debe quedar en el tintero si se considera que su labor es pieza fundamental en la política de bienestar y son parte crucial para la correcta implementación de los programas para el Desarrollo Social del Gobierno de México.
“Desafortunadamente, su situación laboral actual no es la mejor ni la justa para la labor que desempeñan, ya que están bajo un contrato como prestadores de servicios profesionales por honorarios y personal eventual, situación que ha dado lugar a distintas irregularidades laborales” y puso de ejemplo las relativas a excesivas jornadas y carga laboral de la que presuntamente son víctimas; aunada la violación de los derechos laborales básicos, violencia laboral y condiciones deplorables en sus espacios de trabajo, así como una opaca delimitación de sus competencias laborales”, destacó la Diputada federal Laura Imelda Pérez Segura.
Cabe señalar que entre las principales funciones de las y los Servidores de la Nación se encuentran: el levantamiento de información mediante el trabajo de campo en todo el territorio nacional, apoyo en tareas administrativas y logística, asesoría en módulos de atención y actividades encomendadas a través de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo de todo el país, además de ser coadyuvantes en la estrategia de vacunación contra el COVID-19 que continúa implementando el Gobierno Federal.
“Atendiendo a su llamado, es de nuestro interés impulsar el presente recurso legislativo que tiene como objetivo exhortar respetuosamente al recién nombrado Coordinador General de Programas Integrales de Desarrollo para que en coordinación con la Secretaría del Bienestar clarifiquen y mejoren el esquema laboral de los Servidores de la Nación que ha existido desde su creación; así como las tareas específicas de su competencia con el fin de brindarles estabilidad laboral, prestaciones y jornadas laborales de ley con un ambiente y trato digno; así como el exhorto para incorporar procedimientos administrativos claros en contra del hostigamiento y acoso laboral del que pudieran ser sujetos”, destacó la legisladora en su posicionamiento, y agrega: “Hoy tenemos un gobierno responsable, por eso confío en que será escuchado y atendido el tema”.
Dulce María Sauri Riancho, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, justifica que el caso existe una suspensión definitiva en el tercer caso que los obliga a aplazar este proceso
Por Mario Díaz (El Master).-
El día de ayer (martes 13 de junio) se debió de instaurar el periodo extraordinario de la Cámara de Diputados en donde se resolvería la procedencia o no para retirar el fuero constitucional a los diputados Mauricio Toledo Gutiérrez y Saúl Huerta Corona, el primero por enriquecimiento ilícito y el segundo para que enfrente las acusaciones que hay en su contra por posible violación equiparada agravada contra un menor de edad, y abuso sexual agravado contra un adulto, también en este paquete también se encuentra la acción contra el fiscal del estado de Morelos Uriel Carmona Gándara por su presunta participación en el delito de lavado de dinero.
Llegado el momento la presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Dulce María Sauri Riancho, pospuso la instalación de un periodo extraordinario a lo que la bancada del partido Movimiento Regeneración Nacional se opuso y solicitó explicaciones.
Diputada Lauria Imelda Pérez Segura.
La Diputada federal Laura Imelda Pérez Segura del Grupo Parlamentario de Morena, solicitó explicación clara a los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por el retraso de la convocatoria al periodo extraordinario de la Cámara de Diputados para resolver estos dos temas prioritarios: el desafuero de los legisladores Mauricio Toledo y Saúl Huerta, así como del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara.
A pesar de tenerse previsto otorgar el periodo extraordinario que solicitó el recinto legislativo de San Lázaro, de último momento integrantes de la Mesa Directiva retiraron el punto de la orden del día, propiciando inconformidad entre las bancadas políticas que estaban a favor de no continuar aplazando estos temas de interés para quienes reclaman justicia pronta y expedita.
“Queremos ser puntuales: Exigimos explicación a las y los integrantes de la Mesa Directiva quienes decidieron retirar de la orden del día la posible discusión de un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados para desaforar a dos diputados y desahogar el tema del fiscal general de Morelos. El bloqueo a la continuidad del procedimiento legislativo no es ético. La justicia está por encima de cualquier interés de cualquier partido político”, enfatizó categóricamente Pérez Segura.
Posteriormente en rueda de prensa, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena exigieron respeto a su soberanía y coincidieron que es necesario consolidar un Periodo Extraordinario de Sesiones para abordar los temas relativos a los dictámenes de la Sección Instructora sobre los desafueros que se han considerado en la propia Cámara de Diputados.
Al tiempo de llamar al respeto para las y los mexicanos, la legisladora Laura Imelda Pérez Segura, destacó que tampoco es momento de justificar acciones que esconden el bloqueo en los hechos de la continuación del procedimiento legislativo y calificó como falta de ética faltarle al respeto a las facultades de las y los representantes populares que les confiere la Constitución Política de México.
Respuesta
En su momento la propia Sauri Riancho, señaló que, aunque coincide en la necesidad de un periodo extraordinario donde se discutan estos temas, también aclaró que como parte de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente y de ser presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, tuvo una activa participación en esta discusión del dictamen sobre la convocatoria a un periodo de sesiones extraordinarias de la Cámara, en donde consideró necesario aplazar este proceso al considerar que en el tema del Fiscal de Morelos un juez de distrito le concedió una suspensión definitiva,
“Habiendo entregado este dictamen la Sección Instructora a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara, este no fue recibido por la misma al considerar que previamente se requería hacer la consulta en relación a la presunta violación de un amparo que, conocemos muy bien, tiene consecuencias graves en nuestro sistema jurídico.
Diputada Dulce María Sauri Riancho.
“En ese sentido, me parece, lo digo a nombre de mi grupo parlamentario (PRI), que su decisión sobre diferir la convocatoria al periodo de sesiones extraordinarias, nos da también la oportunidad de evitar un contratiempo jurídico de graves consecuencias para la propia Cámara de Diputados”, precisó.
Se dicen transparentes
Coincidió con la postura de Sauri Riancho, Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, quien mencionó que el acuerdo de la Mesa Directiva fue transparente y abierto, donde hay consenso de todos los grupos parlamentarios para que se haga el desafuero del diputado Huerta Corona que goza de presunción de inocencia. “Rechazo que aquí se erija en juez y se quiera juzgar y sentenciar, pero compartimos que hay elementos para que se le retire el fuero y haga frente a la justicia”.
Precisó que, en el caso del fiscal de Morelos, se ha conocido el debate sobre la posible violación a un amparo; ahí hay preocupación y un debate jurídico. En el caso del diputado Toledo, insistió que no se ha respetado el debido proceso.
“La preocupación es que las cosas se hagan jurídicamente correctas para que no puedan escapar a la justicia quienes tengan que responder por actos o posibles ilícitos. Por eso se pospuso este dictamen”.
Diputada Laura Imelda Pérez Segura presentó una iniciativa para eliminar la discrecionalidad de los partidos políticos en la asignación de legisladores plurinominales, quiere acabar con el reparto de cuotas para cuates
Por Mario Díaz (El Master).-
Para Laura Imelda Pérez Segura, diputada federal por el Distrito 16 (San Pedro Tlaquepaque), las condiciones políticas del país estarían dándole el respaldo para que se aprueben algunas reformas en materia electoral que tienen que ver con darle más representación social, legitimidad y legalidad a las Cámaras tanto federales como locales, que a su vez acaben por la discrecionalidad de los partidos políticos en la integración de las listas para diputaciones plurinominales.
En la gaceta parlamentaria de Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se publicó la iniciativa que tiene como propósito que las y los diputados quienes hayan obtenido los segundos mejores lugares por circunscripción y por partido político, sean electos legisladores por el principio de primera minoría al Congreso de la Unión, tal y como se prevé en la ley para el caso de los Senadores electos por esta vía a la Cámara de Senadores.
En la Comisión Permanente se encuentra la iniciativa.
Digna representante del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en la Cámara de Diputados, Laura Imelda Pérez Segura, destaca que con esta iniciativa se busca inhibir la discrecionalidad por parte de los institutos políticos en la designación directa de candidatas y candidatos en las listas de legisladores plurinominales por circunscripción, así como evitar que lleguen a los congresos del país legisladores que no tengan el respaldo ciudadano, considera que el actual esquema para elegir a legisladores plurinominales carece de la participación ciudadana y excluye la voluntad del pueblo expresada en el voto.
“Hay tantas cosas que se pueden hacer en el tema político electoral, pero sin embrago creo que solo atacan síntomas, nuestro sistema político necesita madurar mucho más, no es posible que sigan ganándole actores, cantantes, luchadores a perfiles con gran preparación, experiencia y comprobada madurez política, como para representar ciudadanos y que sean desplazados por perfiles de este tipo es muy absurdo”.
Para la diputada que fue reelecta por la ciudadanía en las pasadas elecciones, en el tema de la designación de diputados se pueden hacer algunas adecuaciones que son factibles y que no violenta ninguno de los principios por el cual se crearon las representaciones de los partidos a partir de los plurinominales, como cambiar tanto el número y el principio por el cual son designados estos diputados plurinominales.
“Los diputados plurinominales, estos espacios que en la cúpula de los partidos políticos designan que el espacio uno es fulano y el espacio dos es para mengano, no importando si es de tu partido, si tiene trayectoria social, NADA. Hay ejemplos como en el estado como la lista plurinominal de MORENA al Congreso del Estado (José María Martínez Martínez, ex panista y Tomás Vázquez Vigil, ex líder del sindicato de maestros, representarán a este partido en el Congreso estatal)”.
“Estas personas que podrían bien no tener apoyo ciudadano en absoluto, por designación de la cúpula partidista llegan a ocupar una curul que representa a los ciudadanos, llegan a ocupar una curul de representación popular personas que no obtuvieron un solo voto. Son personas que no movieron un solo dedo por el partido, pero lo peor no tienen punto de legitimidad”.
Para Laura Imelda, de aprobarse estos espacios ya no serán para que la cúpula de los partidos, como a los “compadres, los amigos, los socios de negocios, las parejas, sino que sean personas que al menos hayan tenido trabajo de partido. Que al menos hayan tenido el prestigio suficiente para que hayan tenido votación importante, estamos hablando de que se cambiaría este principio de lista, plurinominales, por el de primera minoría para el partido no en general”.
“Si al partido le tocan cinco espacios, agarrará los mejores cinco lugares de los candidatos que salieron a solicitar el voto, así se cubre la cuota de representación por partido, el principio de mayoría relativa es una representación directa del distrito y los pluris son representantes de los principios de cada partido, ellos estarían ahí, pero tendrían al menos el filtro y la legitimidad que les da haber ido a una elección y que los conozca la gente”.
Hace hincapié en que la designación de las listas de diputados plurinominales solo han servido para cubrir cuotas políticas, con la presente iniciativa se busca combatir y situar esos espacios para los candidatos electos como mejores segundos lugares por circunscripción y por institución política, sin alterar el mecanismo de distribución actual de número de legisladores de representación proporcional que le corresponden a cada partido político, reglamentación que se buscará lograr en las leyes secundarias.
Sostiene que, por tanto, con la presente reforma las y los legisladores electos por primera minoría iniciarían una nueva etapa en la alineación del ámbito legislativo y se estaría culminando con esta práctica antidemocrática que, si bien es legal para efectos del diseño y la construcción del sistema jurídico electoral, carece a todas luces de legitimidad.
Finalmente comenta que, con la reforma propuesta, no solo se fortalecería el sistema democrático, sino también la competencia entre partidos lo cual redundará en un mejor y funcional sistema político en México, pero también coadyuvaría a racionalizar el gasto público del país, generarían ahorros sustanciales y se aminoraría la carga burocrática.
Designación de 4 nuevas consejeras y consejeros del INE
*Por Juan Carlos Hernández A.
Con la loable acción de que en la Cámara de Diputados se haya reanudado el proceso de designación de Consejeras y Consejeros electorales suspendido desde marzo pasado con motivo de la emergencia sanitaria; y desde el pasado jueves 9 de julio, el Comité Técnico de Evaluación creado para este proceso de designaciones, está llevando a cabo las entrevistas con las 30 candidatas y los 30 candidatos mejor calificados en las fases anteriores de selección. Se prevé que el próximo 16 de julio, el Comité entregue a la Junta de Coordinación Política cuatro quintetas conformadas por las 20 personas que hayan sido mejor evaluadas en las entrevistas.
Ello, para que los coordinadores parlamentarios designen a una persona por cada quinteta y hagan su propuesta al pleno de la Cámara, misma que habrá de discutirla y votarla en un periodo extraordinario de sesiones convocado para el próximo 22 de julio. Al menos dos de esas quintetas estarán integradas solo por mujeres para avanzar, así, en la paridad de género en la conformación del Consejo General del INE.
Ante este panorama el INE ha declarado que ha sido y es absolutamente respetuoso de las decisiones que adopten, tanto el Comité Técnico de Evaluación, como la Junta de Coordinación Política y el Pleno de la Cámara de Diputados, sabedores de que cumplirán su responsabilidad y facultad legal de llevar a cabo estas designaciones, siguiendo los principios constitucionales que rigen la función electoral: legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad.
Por lo que, se señala que las experiencias del pasado han permitido saber que es fundamental mantener ese consenso hasta el final. El acuerdo de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión en torno a las reglas electorales y al árbitro que habrá de aplicar esas reglas resulta crucial para la buena marcha de los procesos electorales ya en puerta.
Así en ese sentido, si se rigen por los principios constitucionales y privilegian el máximo consenso, los legisladores enviarán INE a cuatro personas con los perfiles idóneos para colaborar y trabajar en la consolidación de la democracia mexicana.
Sería una buena noticia que el Congreso llegue a acuerdos incluyentes para la renovación de las cuatro vacantes en el Consejo General del INE para que así, de cara a las elecciones de 2021, nuevamente el INE pueda rendir buenas cuentas a la ciudadanía con un proceso llevado a cabo con condiciones de certeza, equidad, transparencia y legalidad. El INE es y seguirá siendo garante de nuestra democracia pues el Instituto no ha detenido sus trabajos, ni frente a la pandemia por COVID-19, ni ante la ausencia de cuatro integrantes del Consejo desde el pasado 4 de abril.
También se ha dicho que si las y los legisladores se rigen por los principios constitucionales y privilegian el máximo consenso enviarán al Consejo General del INE a cuatro personas con los perfiles idóneos y con un prestigio que cuidar y no con una fama por construir, para que el INE siga actuando, como lo hizo en la pasadaelección de 2018 y como se ha hecho desde la reforma constitucional de 2014: sin oportunismos, sin servilismo, con plena independencia del Poder Ejecutivo y haciendo valer su autonomía constitucional respecto a cualquier grupo con intereses creados, ha declarado en su oportunidad Lorenzo Córdova Presidente de este organismo electoral.
El Instituto Nacional Electoral, patrimonio de los mexicanos, no busca ni tiene animadversión contra ningún actor político y recordar que en su oportunidad por mérito propio, Morena ganó su registro en 2014 y el INE no puso ningún obstáculo, por lo que no había ni hay ninguna animadversión, ni hacia ese partido ni hacia los otros dos que lo consiguieron.
En 2015 Morena participó en la primera elección federal en la que logró ser cuarta fuerza política, utilizando todos los recursos que la ley le daba como nuevo partido político y que fueron puntualmente asegurados por el INE. La historia reciente de los triunfos obtenidos es de todo conocido.La institución electoral está para garantizar todas y cada una de las prerrogativas a que tienen derecho los partidos políticos, esta es una premisa que hay y se brinda en un país democrático como el nuestro; que por cierto se encuentran nuevas opciones políticas en ciernes de lograrlo. Veremos qué pasa en 2021, al tiempo.
*El autor es Maestrante en Gestión Social y Políticas Públicas
Ciudad de Mexico. 22 de febrero.- Organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado al Presidente de la República y al Congreso de la Unión para que movilicen con urgencia los recursos adicionales que se requieren para atender la próxima temporada de incendios forestales, que potencialmente tendrá grandes implicaciones económicas, sociales, así como ambientales, con impacto en la biodiversidad y calidad del aire.
Derivado del desmantelamiento en 2019 de las capacidades técnicas, humanas, financieras y operativas de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), cuyo presupuesto se ha reducido casi a la mitad (43%) desde 2012, y de la cancelación del Programa de Empleo Temporal (PET), que permitía financiar brigadas para trabajos preventivos y atención a incendios, el país se encuentra en un riesgo muy grande, aseguró Gustavo Alanís del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
Aunado a esto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronostica que este año será aún más cálido que el 2019, lo que hace indispensable establecer un Plan Emergente de Contingencia para prevenir y enfrentar los incendios forestales de este año y en adelante. En el centro de este plan debe considerarse el inmediato fortalecimiento presupuestal y operativo de la CONAFOR y la clasificación del combate a los incendios como Prioridad Nacional y aspecto de Seguridad Nacional.
Es importante también asegurar que la Comisión Nacional para la Biodiversidad (CONABIO) cuente con los recursos suficientes para continuar operando y fortalecer los sistemas remotos de detección temprana de incendios, para orientar una respuesta inmediata de las acciones de combate a incendios una vez que comiencen a presentarse.
Los expertos explicaron las razones por las que este 2020 será difícil en materia de incendios.
México es particularmente vulnerable a sufrir incendios catastróficos de gran magnitud, debido a la alta radiación solar y temperatura del territorio que van de la mano de sequías cada vez más agudas y acumuación de material altamente combustible. Aunado a la intrincada orografía nacional que dificulta el acceso a muchos incendios para su combate.
Adicionalmente, el manejo de fuego para la agricultura necesita regularse efectivamente y supervisarse porque aproximadamente el 22% de los incendios forestales se inician por el mal manejo de fuego relacionado a la agricultura y el 29% se inician intencionalmente para propiciar el cambio de uso de suelo principalmente. Por ello, es indispensable castigar esos ilícitos.
Tan sólo el año pasado se presentaron 7,410 incendios que alcanzaron el récord de superficie promedio dañada por evento (incendio), de 85.52 hectáreas. En total, el año pasado se incendiaron más de 633,000 hectáreas y quedó demostrada la insuficiente capacidad y falta de coordinación gubernamental, para reaccionar adecuadamente ante la magnitud y frecuencia de estos eventos.
Pablo Ramírez de Greenpeace, expuso que durante la última década, la temperatura promedio anual se ha incrementado de manera sostenida en México, y tomando conciencia de incendios catastróficos acontecidos recientemente en diversas partes del mundo (Australia, Rusia y California), confirman las predicciones de un planeta cada vez más seco y caliente, lo que establece condiciones ideales para que los incendios se incrementen en número y magnitud.
«La información científica más confiable demuestra que los incendios devastadores son una manifestación más de la crisis climática», afirmó.
Sin recursos suficientes será muy difícil poder hacer frente a la temporada de incendios que se avecina.
Oscar Moctezuma, de Naturalia, aseguró que los incendios forestales tienen un gran impacto sobre la biodiversidad, «El impacto que incendios devastadores podrían tener en la biodiversidad de México sería catastrófico, debido a la gran cantidad de especies microendémicas que pueden extinguirse ante eventos de este tipo», sostuvo.
Sthephan Brozdiak, Miembro del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire, aseguró que los incendios tendrán grandes impactos a la salud, sobre todo en las grandes ciudades.
«En mayo del año 2019, debido a los efectos del cambio climático, la combinación de altas temperaturas, sequías, incendios forestales (particularmente en los estados de la costa del Pacífico) y el bajo viento en la zona metropolitana del Valle de México y en el resto de la Megalópolis, generaron una contingencia ambiental en la CDMX debido a concentraciones peligrosas de material particulado fino (PM 2.5). De no atenderse integralmente la amenaza de los incendios en el país, millones de personas dentro y fuera de las zonas urbanas estarán expuestos a importantes riesgos de salud por calidad del aire».
Por su parte, Gustavo Sánchez, de Red Mocaf, recalcó la necesidad de actualizar la métrica con la que se miden los incendios forestales, pues tiene más de de 50 años, y no dimensionan las emisiones a la atmósfera, ni los daños a la salud o la biodiversidad.