Mariana Casillas propone reforma integral en el sistema hídrico de Jalisco

La diputada expuso algunos puntos de su iniciativa que plantea endurecer sanciones, transparentar factibilidades hidráulicas, monitorear la calidad del agua y crear un instituto especializado

Por Mario Díaz (El Master).-

Guadalajara, Jalisco a 27 de agosto de 2026. El anuncio de la llegada de una nueva inversión federal para atender el abasto de agua en Jalisco no modifica el diagnóstico de fondo de la diputada Mariana Casillas Guerrero, para ella mientras se construyan acueductos, se rehabiliten plantas o se inyecten miles de millones de pesos al sistema, la crisis hídrica de la Zona Metropolitana de Guadalajara continuará si no cambia la manera en que se administra el agua.

Con esa premisa, la legisladora presentará una reforma integral al sistema hídrico estatal que coloca en el centro el combate a la corrupción, la opacidad en las factibilidades hidráulicas, la falta de información sobre la calidad del agua y la ausencia de una estructura científica capaz de respaldar las decisiones públicas.

La iniciativa, construida con el ingeniero Josué Sánchez Tapetillo y otras voces especializadas, será presentada el próximo 3 de septiembre ante el Pleno del Congreso de Jalisco y plantea cuatro ejes: endurecer las sanciones contra servidores públicos que incurran en corrupción relacionada con el agua; transparentar los dictámenes de factibilidad hidráulica; establecer un sistema público de monitoreo de la calidad del agua, y crear el Instituto Jalisciense de Estudios sobre el Agua.

El planteamiento parte de una realidad que Casillas calificó como una crisis que afecta directamente a los habitantes de la metrópoli.

“Más de 200 colonias del área metropolitana de Guadalajara reciben actualmente agua contaminada desde hace varios meses, aunque el problema tiene denuncias de muchos años atrás”, señaló.

A esto, agregó, se suma el deterioro de la infraestructura. “Las redes pierden enormes volúmenes por fugas y las plantas potabilizadoras operan con tecnología que ya es insuficiente”, sostuvo.

Pero el señalamiento más severo está dirigido al modelo de gestión del SIAPA. Casillas acusó que el organismo ha sido utilizado políticamente y cuestionó los mecanismos mediante los cuales se han asignado contratos y autorizado desarrollos inmobiliarios.

“Durante años, el SIAPA ha funcionado como un espacio de reparto político y caja chica para los gobiernos en turno”, afirmó.

Según la legisladora, auditorías externas encontraron que 58 por ciento de los contratos de obra revisados fueron asignados mediante adjudicación directa. También señaló que el área de factibilidades ha sido cuestionada por posibles actos de enriquecimiento ilícito y por autorizar desarrollos en zonas de riesgo hídrico.

El problema, sostuvo, no se limita a la corrupción administrativa. Tiene una expresión territorial: mientras colonias reciben agua con problemas de calidad, continúan autorizándose torres, condominios y fraccionamientos en zonas donde el recurso es insuficiente.

Casillas Guerrero puso como ejemplo el acuífero de Toluquilla, que presenta un déficit anual de 75.6 millones de metros cúbicos y que, pese a ello, recibió 44 nuevas concesiones en 2024.

Factibilidades bajo vigilancia ciudadana

Uno de los puntos medulares de la reforma es modificar la forma en que se autorizan las factibilidades hidráulicas. La propuesta contempla que cada trámite tenga folio único, seguimiento electrónico, plazos definidos, criterios objetivos, publicidad y mecanismos de impugnación.

“Las autoridades ya no podrán seguir dando permisos para desarrollos en la oscuridad mientras nuevas torres de departamentos sobrecargan los acuíferos, redes y plantas”, advirtió Casillas.

Para Josué Sánchez Tapetillo, el objetivo es que la ciudadanía deje de enterarse de los impactos de los nuevos desarrollos cuando las obras ya están autorizadas.

“Queremos que los vecinos puedan saber qué se pretende construir cerca de sus casas, cómo los va a impactar y cómo se mitigarán esos impactos”, explicó.

El especialista consideró que la transparencia debe extenderse también a la calidad del agua que reciben los habitantes.

“Llevamos prácticamente siete años padeciendo problemas de mala calidad del agua y se nos dificulta saber qué estamos recibiendo en nuestras casas”, afirmó.

Sánchez Tapetillo planteó que la información sobre minerales, químicos, metales y otros componentes del agua debe ser pública, accesible y actualizada, de manera que los ciudadanos puedan conocer el estado de las fuentes superficiales y subterráneas.

La iniciativa pretende establecer precisamente un Sistema de Monitoreo de la Calidad del Agua que permita consultar información por cuenca y acuífero. Cuando los niveles de contaminación o estrés hídrico superen los límites permitidos, las autoridades tendrían que declarar una contingencia hídrica y actuar coordinadamente.

Ciencia contra improvisación

El cuarto eje propone crear el Instituto Jalisciense de Estudios sobre el Agua, una institución orientada a investigación, innovación, capacitación y generación de conocimiento técnico especializado.

Para Sánchez Tapetillo, su creación es necesaria ante problemas urbanos que hoy no cuentan con suficiente respaldo científico.

“Los desarrollos verticales con sótanos de cuatro o cinco niveles impactan los flujos de agua subterránea, pero no contamos con una institución que brinde soporte técnico y económico para investigar estos fenómenos y normar su diseño en nuestra ciudad”, explicó.

Mariana Casillas sostiene que Jalisco debe dejar atrás decisiones tomadas sin una visión de largo plazo.

“Estoy segura de que Jalisco necesita una política hídrica sustentada en la ciencia pública y en la planeación a largo plazo”, afirmó.

La propuesta también incluye dos acuerdos legislativos: exigir plantas potabilizadoras permanentes en Tlajomulco para atender colonias con problemas de calidad, salubridad o suficiencia, y solicitar la revisión de la plantilla del SIAPA para establecer mecanismos de colaboración con universidades e incorporar especialistas.

Respaldo presidencial

El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de respaldar proyectos para mejorar el abasto y distribución del agua en Jalisco, incluido el proyecto relacionado con el sistema Chapala-Guadalajara, abrió un nuevo frente en la discusión.

Casillas sostiene que la llegada de recursos federales no invalida su propuesta. Por el contrario, considera que vuelve indispensable contar con instituciones capaces de garantizar que el dinero sea utilizado correctamente.

“Por más inversión pública que haya por parte del gobierno federal, por parte de privados, por parte del gobierno municipal, local, lo que sea, si no transformamos a profundidad el modelo de cómo se ha operado el organismo que se encarga de la gestión hídrica del área metropolitana, la corrupción no va a dejar de suceder”, señaló.

La legisladora incluso consideró necesaria la inversión anunciada para resolver problemas de abastecimiento, pero puso una condición: que los recursos estén sujetos a criterios técnicos y mecanismos de rendición de cuentas.

“En ningún momento se pelea con este proyecto de inversión millonaria que nosotros consideramos profundamente necesaria”, dijo. “Lo que queremos es que cada peso que llegue del gobierno federal y que llegue el gobierno local, que es dinero del bolsillo de las personas, se invierta de la forma más técnicamente sustentada posible”.

La diferencia aparece cuando se habla del modelo público-privado planteado para la construcción y mantenimiento de infraestructura.

“Mi postura personal respecto al tema es que la gestión del agua no puede caer en manos de los privados”, afirmó Casillas, aunque reconoció que el esquema debe ser analizado y discutido en las comisiones legislativas.

La diputada destacó además la rehabilitación de la planta potabilizadora de Miravalle y los trabajos relacionados con la presa El Zapotillo como obras relevantes para mejorar el suministro.

Su apuesta legislativa, sin embargo, va más allá de las obras. Busca modificar las reglas bajo las cuales se toman las decisiones.

“Todas las iniciativas que hemos presentado tienen que ver con reformas a profundidad de la forma en la que ha operado organizacionalmente el SIAPA”, sostuvo.

El mensaje político es directo: para Casillas, Jalisco necesita agua, pero también necesita cambiar quién decide sobre ella, con qué información y bajo qué controles. La discusión sobre el futuro hídrico de la metrópoli, así, no sólo estará en los acueductos y las presas, sino también en la gobernanza del organismo que administra el agua que llega a los hogares.

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