Congreso de Jalisco avanza en la tipificación del reclutamiento de menores; diputadas destacan alcances y blindaje jurídico

Mónica Magaña sostiene que la reforma atiende un vacío legal; Norma López destaca el análisis técnico para evitar conflictos con la legislación federal

Por Mario Díaz (El Master).-

La Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales del Congreso de Jalisco aprobó por unanimidad el dictamen que propone crear el delito de Reclutamiento en el Código Penal del Estado, una reforma impulsada desde agosto de 2025 por la diputada Mónica Magaña Mendoza y que, de acuerdo con las legisladoras, fue sometida a un proceso de análisis técnico y jurídico de casi un año.

La propuesta adiciona el artículo 196 Bis y establece penas de cinco a 15 años de prisión, además de una multa de entre cinco mil y ocho mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Cuando la víctima sea una niña, niño o adolescente, la sanción aumentará en una tercera parte.

Magaña Mendoza sostuvo que la principal aportación de la reforma es cerrar un vacío que actualmente dificulta intervenir a las autoridades cuando una persona ha sido captada para cometer delitos, pero todavía no se configura otra conducta delictiva.

“Hoy el Código Penal no tiene una sanción para esa aberrante conducta. Y que haya una omisión nos lleva a todas y a todos a la responsabilidad. No sólo es un problema de seguridad, es un problema de desarrollo humano en el que están arrebatándole a las niñas, niños y adolescentes su integridad física, psicológica y moral, salud”, afirmó.

La legisladora señaló que durante el proceso de construcción del dictamen fueron revisados casos documentados por la vice-fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, particularmente de adolescentes captados mediante redes sociales o falsas ofertas de trabajo y localizados antes de ser explotados.

Para Magaña, la modificación penal debe formar parte de una estrategia más amplia de prevención y atención. “La tipificación sólo es una parte, sólo tipificarlo no resolvería este problema”, advirtió, al señalar que la reforma debe acompañarse de protocolos de actuación y capacitación institucional.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales, Norma López Ramírez, coincidió en la necesidad de sancionar la conducta, pero puso énfasis en el trabajo técnico realizado para delimitar las facultades del Congreso estatal frente a la legislación federal.

López explicó que el nuevo tipo penal contempla que incurra en reclutamiento quien, “por cualquier medio, coaccione, engañe, instigue, induzca o capte a una persona para la comisión de un delito”.

Sobre las sanciones, precisó: “A las personas que cometan este delito se le impondrá de una pena de 5 a 15 años de prisión y multa por 5,000 a 8,000 veces el valor de la unidad actualizada”. Añadió que, cuando la víctima sea menor de edad, “la pena prevista se incrementará en una tercera parte”.

Uno de los principales aspectos técnicos revisados fue la relación de la reforma con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas. López Ramírez aseguró que durante un año se revisaron los elementos del tipo penal para evitar invadir competencias federales.

“Fue un año que se trabajó en lo técnico para que no se pudiera” generar esa invasión de competencias, explicó, al señalar que se modificaron elementos de la propuesta original para ajustarla al ámbito estatal.

La legisladora agregó que el objetivo es aprovechar el margen de competencia reconocido a las entidades para que Jalisco pueda sancionar el reclutamiento y actuar incluso ante conductas en grado de tentativa. “Lo que traté es de no tocar ese espacio que nos deja la Corte”, afirmó.

En la construcción del dictamen participaron las vice fiscalías de Personas Desaparecidas y de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el Poder Judicial, UNICEF, especialistas, organizaciones civiles y órganos técnicos del Congreso.

Magaña destacó que la reforma también reconoce como víctimas a las niñas, niños y adolescentes reclutados y contempla que la Fiscalía implemente un protocolo especializado y capacite a su personal.

El dictamen continuará ahora su proceso legislativo y deberá ser discutido y votado por el Pleno del Congreso de Jalisco. Paralelamente, avanzan trabajos en materia de prevención y atención del reclutamiento en la Comisión de Seguridad y Justicia.

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