Tatiana Anaya Zúñiga destaca que la herramienta permitirá detectar movimientos registrales sobre inmuebles y adelanta una iniciativa para hacer obligatoria la certificación de los asesores inmobiliarios
Por Mario Díaz (El Master).-
Guadalajara, Jalisco a 11 de agosto de 2026. La tecnología se ha convertido en una nueva herramienta para combatir el fraude inmobiliario, la suplantación de identidad, la falsificación de documentos y el despojo de propiedades en Jalisco. Ante este escenario, el Gobierno estatal impulsa la alerta catastral como un mecanismo de prevención que busca dar mayor certeza jurídica a quienes poseen una casa, terreno o cualquier otro bien inmueble.
Tatiana Anaya Zúñiga, Consejera Jurídica del Gobierno de Jalisco, destacó que esta herramienta permitirá que los propietarios reciban una notificación cuando se pretenda realizar algún movimiento relacionado con su propiedad registrada ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
“Es importante, con esto van a evitar que caigan en la venta de viviendas, de terrenos y de todo. Es una herramienta que nosotros consideramos que da certeza jurídica, tranquilidad a los ciudadanos y que no es muy conocida por muchas de las personas. Es decir, a través de la tecnología la vamos a impulsar”.
Explicó que el mecanismo funciona mediante un aviso enviado al correo electrónico del propietario que esté vinculado a su teléfono celular, quien podrá confirmar si reconoce el trámite o, en caso contrario, impedir que continúe el movimiento registral.
“Con un solo correo electrónico, les van a avisar que están intentando hacer un registro, que a lo mejor ellos autorizaron. Si autorizaron solamente contestan: sí, sí, soy yo. Y bueno, si no contestan, el Registro Público no hace ningún movimiento y entonces los contacta para esos efectos”.
La Alerta Registral es un servicio electrónico anual que informa sobre movimientos relacionados con un inmueble. Por ejemplo, cuando se presenta una compraventa, hipoteca, gravamen u otro acto registral, envía una notificación al correo de la persona usuaria. Su función es facilitar una reacción oportuna; no suspende automáticamente los trámites.
Patricia Ortega Híjar, directora General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, explicó los actos que generan una notificación y la ruta de atención ante movimientos no reconocidos.
“Para nosotros es muy importante dar a conocer esta herramienta de prevención, ya que estamos hablando de nuestro patrimonio, del patrimonio de cada uno de nosotros, de cada uno de los ciudadanos”, señaló la directora General.
“La Alerta Registral es un servicio digital, a través del cual como propietario o tercero con interés jurídico podrás recibir información registral oportuna respecto a todos los actos que se pretenden realizar sobre el bien inmueble protegido”, agregó.
Una propiedad puede representar el hogar, los ahorros o la herencia de una familia; sin embargo, el fraude inmobiliario puede comenzar con un documento presuntamente falso, una identidad suplantada o una operación desconocida y avanzar sin que la persona titular lo advierta.
Es por lo anterior que Anaya Zúñiga consideró que la alerta tiene una doble función: prevenir posibles delitos y contribuir a reducir los casos de fraude inmobiliario que ya se han presentado.
“Yo creo que son las dos. Hay historias, por decirlo de alguna manera, terroríficas, de una persona que tiene una casa de descanso, a los 15 días regresa y la casa ya está ocupada por otras personas y aparte vas al Registro Público y ya se hizo una escritura nueva”.
La funcionaria señaló que, además de la herramienta tecnológica, las autoridades han implementado acciones preventivas, coordinación con notarios y corredores públicos y modificaciones internas en el Registro Público.
“Se han hecho muchísimas acciones que tienen que ver con la cuestión de la prevención, de evitar los folios, aquellos que puedan llegar apócrifos, de también estar de la mano con los notarios a través de los correos electrónicos y de las maneras que ha hecho el Registro Público”.
La estrategia, añadió, también se refleja en las cifras de delitos relacionados con el patrimonio inmobiliario. Detalló que durante 2026 se habían registrado ante la Fiscalía 32 fraudes, 12 falsificaciones de documentos y tres casos de suplantación de identidad. En contraste, durante 2025 se contabilizaron 118 fraudes y en 2024 fueron 139.
“Esas cifras nos demuestran que estas acciones que se están realizando son efectivas, pero lo que nosotros también estamos convencidos es que no únicamente es algo que debe realizar el Registro Público de la Propiedad y Fiscalía”.
La alerta, insistió, debe convertirse en una herramienta conocida por los propietarios, de la misma manera que las instituciones financieras notifican a sus clientes cuando detectan movimientos inusuales.
“La obligación de nosotros como servidores públicos es informar a las y los ciudadanos que hay esta herramienta, esta alerta, que es básicamente lo que te funciona en el banco. No te hace una llamada si tú reconoces el cargo o no y en ese momento tienes la posibilidad de evitar algún fraude”.
Certificación agentes inmobiliarios
Sobre el reclamo de los agentes inmobiliarios para que la Ley que Establece el Registro y Acreditación de los Prestadores de Servicios en Materia Inmobiliaria del Estado de Jalisco, sea de cumplimiento obligatorio y no a gusto de los agentes, con el fin de dar mayor credibilidad a la compra-venta de inmuebles, la consejera Jurídica estatal destacó:
“Estamos trabajando en el proyecto de la iniciativa de la ley para que el señor gobernador la pueda presentar ante el Congreso del Estado de Jalisco y con eso tener herramientas realmente eficaces y eficientes en el sector inmobiliario”.
La funcionaria explicó que el objetivo es evitar que cualquier persona pueda presentarse en redes sociales como asesor inmobiliario sin contar con conocimientos, preparación o certificación.
“Que los asesores inmobiliarios no sea cualquier persona que sube a sus redes: ‘soy asesor inmobiliario’, sino que realmente exista la obligatoriedad de esa certificación”.
Ante los argumentos de algunos sectores que consideran que exigir una certificación podría vulnerar la libertad de trabajo establecida en el artículo quinto constitucional, señaló que la propuesta busca generar certeza, no impedir el ejercicio profesional.
“No se te coarta el derecho, sino lo que te está generando es una obligatoriedad de estar certificado. No es que tengas que pagar un dinero; es como el registro de profesiones del Estado, pagas a lo mejor el derecho registral, pero no significa que vaya junto con un tema que no tenga que ver más bien con dar certeza y sobre todo seguridad”.
Zapopan
Cuestionada sobre las versiones que la colocan entre los posibles perfiles para competir por la candidatura a la presidencia municipal de Zapopan, Tatiana Anaya agradeció que su nombre sea considerado, aunque descartó que actualmente esté concentrada en una aspiración electoral.
“Yo en principio, agradecida con que me posicionen en un lugar tan importante. Estoy muy comprometida con el trabajo del señor gobernador, a través de darme el espacio y sobre todo la confianza para estar al frente de una Consejería Jurídica”.
Subrayó que su responsabilidad actual demanda tiempo y atención permanente, particularmente en materia contenciosa.
“La chamba fuerte es el tema contencioso y ahí no te deja margen de decir: lo hiciste bien o lo hiciste mal, porque las resoluciones hablan por sí mismas. Yo me insisto agradecida porque el nombre y el trabajo de alguien que tiene experiencia como yo anda en eso, pero yo ahorita estoy bien focalizada en mi Consejería Jurídica”.
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