Tonantzin Cárdenas pide cuentas sobre el ejercicio de 40 MDP del FAARI

La coordinadora de la bancada de Futuro señaló que el Congreso requiere conocer cómo y en qué rubros se utilizaron los recursos destinados a la atención y reparación integral de víctimas; también pidió avanzar en la reforma a la Ley de Atención a Víctimas

Por Mario Díaz (El Master).-

Guadalajara, Jalisco a 23 de septiembre de 2026. La Comisión Especial para Atender Asuntos Relacionados en Materia de Desaparición de Personas en Jalisco, que preside la diputada Tonantzin Cárdenas Méndez, acordó solicitar información sobre el destino y ejercicio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), particularmente ante la falta de recursos que se ha señalado para la atención de víctimas.

Ante las versiones que surgen de que agotaron el presupuesto que existía para el apoyo a las víctimas indirectas de este flagelo social, explicó que el fondo contó con 40 millones de pesos durante el presente ejercicio presupuestal, por lo que consideró necesario conocer cómo fueron utilizados, antes de analizar el siguiente proyecto de presupuesto estatal.

“Pues es lo que nosotros también estamos solicitando por parte de la Comisión Estatal de Atención a las Víctimas. Son el fondo de ayuda, el FAARI, tiene en este ejercicio presupuestal presente, fueron 40 mdp. Los que se debieron haber ejercido, pero lo que estamos solicitando llevamos algún par de semanas, no unos días”.

“Ya han pasado, a mi parecer, pues algunos días considerables como para no tener la información. Dado que ellos hacen reparación integral del daño, queremos conocer la metodología, cuántas se hicieron y pues que nos den las cuentas. No es que estemos dudando específicamente ni haciendo ningún tipo de acusación de la que no tenemos pruebas, por supuesto, pero estamos solicitando como Poder Autónomo que se le rinda cuentas a este Congreso”.

La legisladora agregó que la información será relevante para el análisis del presupuesto de 2027 y para determinar las necesidades de las víctimas de desaparición, pero también de quienes enfrentan otros delitos contemplados dentro del fondo.

“De cara al análisis del siguiente proyecto presupuestal va a ser muy importante para nosotros conocer esta información y cuál es la metodología que se está utilizando para entregar dinero a las víctimas del delito de desaparición, pero de otros delitos, porque también el FAARI les contempla a ellas y a ellos. Entonces, la solicitamos a la Secretaría de Hacienda también, no hemos recibido la información y pues hemos estado haciendo ese trabajo con todas las dependencias. El Instituto de Ciencias Forenses sí ha entregado información, estamos en su proceso de análisis”.

De acuerdo con el Congreso estatal, la Comisión Especial aprobó un acuerdo para realizar una mesa de trabajo antes de la discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco para 2027, con autoridades estatales, la Secretaría de la Hacienda Pública, el CEPAD, colectivos, familiares y víctimas indirectas de desaparición.

Sobre el destino que puede tener el FAARI, la diputada explicó que los recursos pueden cubrir distintas necesidades relacionadas con las familias y las labores de búsqueda.

“Se utiliza a veces, por ejemplo, para viáticos, sobre todo personas que vienen a veces del interior del Estado o para actividades de búsqueda de ciertos colectivos que solicitan el reembolso de ya sea alimentos, hidratación, transportes, gasolinas, a veces en algunas ocasiones hospedaje o a veces también cubren, por ejemplo, gastos funerarios, de los que no tenemos hasta ahora la información. No sabemos exactamente, al menos el ejercicio de este año, no sabemos en qué se ha ejercido y por qué es que ya no hay dinero o en qué condiciones fue que este fue entregado o a quién”.

Por ello, Cárdenas Méndez insistió en que la falta de recursos no debe ser la única explicación, sino que debe acompañarse de información sobre su ejercicio.

“Lo que nos sorprende es que, de cualquier manera, son 40 millones de pesos que cualquier persona en este Estado tiene derecho a conocer cómo se han estado ejerciendo, pero sobre todo las víctimas indirectas, no nos basta la respuesta de que nos digan que ya no hay recursos, sino que queremos saber es cómo se utilizaron”.

Dictamen en comisiones

Por otro lado, la diputada también destacó la necesidad de aprobar la reforma a la Ley de Atención a Víctimas, actualmente pendiente de dictaminación en las comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad y Justicia, debido a que contempla modificaciones relacionadas con el Fondo de Ayuda.

“Nosotros hemos planteado, sobre todo, criterios de atención a las víctimas que tienen que ver con interseccionalidad, con también condiciones de no revictimización y con protocolos internacionales basados en la protección a las víctimas indirectas”.

Cárdenas Méndez advirtió además sobre los periodos en los que las familias pueden quedar sin acceso a recursos debido al cambio de ejercicio fiscal.

“Entonces, si hoy ya no hay recurso, estamos hablando de que no es nada más los nueve meses que llevamos en el año, sino seis meses. Si se gastaron, en este caso, 40 millones de pesos en seis meses, pues sí nos urge saber de qué manera y hacia qué rubros específicamente fueron y si hubo reparaciones del daño, pues cuál es la metodología para tomar ese tipo de decisiones”.

Finalmente, informó que la reforma todavía requiere avanzar en las comisiones antes de llegar al Pleno.

“Pues es que falta que sesionen ambas comisiones. Eso era lo que yo había solicitado y lo que yo habría esperado, porque hay voluntad en la Junta de Coordinación Política para el estrechamiento de términos, más están pendientes las dos sesiones de ambas comisiones para que pudiera llegar el dictamen al pleno de mañana (24 de septiembre), pero al parecer será que tendremos que esperar hasta la siguiente sesión ordinaria”.

El Congreso informó que, además de los acuerdos relacionados con el FAARI, la Comisión Especial aprobó un exhorto a la Fiscalía del Estado para que atienda los principios de debida diligencia, efectividad, exhaustividad y participación conjunta en las investigaciones de personas desaparecidas, considerando las aportaciones de sus familias.

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