Se preguntó lo mismo una y otra vez, las respuestas como siempre, no satisfacieron a los diputados, así durante cinco horas
Por Mario Díaz (El Master).-
Se llegó la fecha para que por fin el gabinete de seguridad acudiera a comparecer ante diputados del Congreso del Estado con la intención de que aclarara principalmente tres preguntas, ¿quién dio la orden para utilizar chorros de agua a presión sobre los manifestantes? ¿Quién dio la orden para reprimir, golpear, torturar a los detenidos? ¿Quién es el responsable de final del operativo represor contra los manifestantes?
Los primeros ante los legisladores fueron los elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco a cargo del comandante Sergio Ramírez López, quien recibió una carga de cuestionamientos sobre protocolos de acción, otro tema al que le pidieron una explicación qué hacían los elementos de Zapopan en Casa Jalisco quienes arremetieron con chorros de agua contra la manifestación.
Fue evidente que algunas diputadas buscaban el nombre de la máxima autoridad en Jalisco como responsable de dar la orden de represión, sin embargo, Ramírez López, acostumbrado a enfrentarse a inundaciones, incendios, huracanes, deslaves y movimientos telúricos, se mantuvo apegado detallar que todo se realizó de acuerdo al reglamento y protocolos de acción, reconociendo que sobre él deberá de recaer toda la responsabilidad del operativo.
Vino después el gabinete de seguridad y la carga de cuestionamientos de diputados sobre todo de la oposición, quienes una y otra vez pretendieron esclarecer las decisiones del operativo del 11 de octubre contra los manifestantes, y saber a ciencia cierta quién fue el responsable policiaco que ordenó el maltrato a los ciudadanos detenidos.
Los legisladores fueron insistentes en que en futuros eventos se garantice el derecho a la manifestación, el acceso a la justicia y el respeto a los derechos humanos.
Los temas medulares fue el conocer las actuaciones de las autoridades y los responsables directos que dieron la orden a los oficiales que participaron en el operativo a el uso excesivo de fuerza contra los manifestantes, quién ordenó instalar un centro de detención a un costado de Casa Jalisco (caseta de vigilancia), donde a decir de los afectados empezó el abuso de autoridad y la tortura en su contra, otra pregunta fue quién ordenó su traslado a Fiscalía de Jalisco en qué condiciones, de acuerdo a qué reglamentos.
Este encuentro fue encabezado por las comisiones legislativas de Seguridad y Justicia, y la Comisión Especial para Atender Asuntos Relacionados en Materia de Desaparición de Personas en Jalisco, que preside la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz y Tonatzin Cárdenas Méndez; encuentro que acudieron alrededor de 19 diputadas y diputados de diferentes grupos parlamentarios
Durante el ejercicio de rendición de cuentas, se les cuestionó a los funcionarios sobre la planeación del operativo, la cadena de mando y la autorización del uso de la fuerza pública, asimismo solicitaron conocer quién ordenó las detenciones, qué mandos supervisaron las acciones y si existían documentos que respaldaran dichas decisiones.
El primero en intervenir fue el secretario general de Gobierno, Carlos Arias Madrid, quien señaló que manifestarse pacíficamente es un derecho y que criticar al gobierno no convierte a nadie en enemigo del Estado, también sostuvo que la preocupación ciudadana por la calidad del agua debe recibir respuestas de las autoridades competentes, sobre el operativo, afirmó que no hubo instrucción del Gobierno estatal para agredir o lesionar a manifestantes y que cualquier posible exceso debe investigarse y sancionarse si se acredita.
Cabe recordar que quién fungía como Secretario General de Gobierno durante los hechos era Salvador Zamora Zamora, quien decidió salir de vacaciones a España, durante el punto más álgido de esta crisis hídrica en Jalisco, mismo que fue obligado a renunciar a su cargo, de esto la participación de Carlos Arias ante los diputados.
Entre los señalamientos expuestos estuvieron las denuncias por golpes, amenazas, incomunicación y tortura contra personas detenidas, así como la necesidad de investigar tanto a los elementos operativos como a quienes tuvieron responsabilidades de dirección.
El coordinador general estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, informó que la manifestación reunió aproximadamente a nueve mil 500 personas, de las cuales la mayoría se condujo de manera pacífica. Señaló que se registraron 84 personas lesionadas: 48 civiles, 32 policías y cuatro bomberos, además de 39 detenciones.
Al responder sobre el desarrollo de la movilización, indicó que el desorden comenzó en la zona de Montreal y López Mateos, y sostuvo que quienes hayan actuado al margen de la ley o incurrido en abusos deberán ser sancionados una vez que concluyan las investigaciones y se determine su participación.
Por su parte, el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández González, informó que 17 elementos fueron identificados para revisión por posibles actuaciones irregulares, entre ellos tres mandos.
Explicó que los 237 policías que participaron en el operativo deberán rendir informes ante Asuntos Internos para reconstruir los hechos, sin que esto implique que todos sean responsables, también señaló que se reforzarán los procesos de capacitación sobre las atribuciones policiales, los límites del uso de la fuerza y la obligación de actuar con respeto a los derechos humanos, ante las preguntas sobre los protocolos, explicó que la estrategia contempló distintos niveles de intervención, desde la presencia policial y las indicaciones verbales hasta las técnicas de control.
Por su parte el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, informó que la Fiscalía recibió a 39 personas detenidas, de las cuales 32 obtuvieron su libertad y siete fueron remitidas al juzgado de oralidad; detalló que se les brindó atención médica, acceso a defensa y comunicación con sus familiares, además de la intervención de personal de derechos humanos, durante la comparecencia, las y los legisladores insistieron en conocer cuántas investigaciones existen contra policías señalados y qué medidas se tomarán para esclarecer las denuncias.
El encuentro permitió exponer las respuestas institucionales y mantener sobre la mesa la exigencia de conocer los resultados de las investigaciones, así como las acciones necesarias para garantizar que las manifestaciones se desarrollen con respeto a los derechos y la seguridad de todas las personas.
Finalmente, dieron la palabra a víctimas de este operativo, quienes demandaron se les ofrezca una disculpa pública, reparación del daño y garantías de seguridad hacia sus personas.
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