Como parte de esta conmemoración se presentó un timbre postal que ya está en circulación
Por Mario Díaz (El Master).-
Guadalajara, Jalisco a 07nde agosto de 2026. La conmemoración de los 500 años de la Correduría Pública en México sirvió para refrendar el papel que desempeñan los corredores públicos como garantes de la legalidad, la fe pública y la certeza jurídica, elementos que, de acuerdo con autoridades estatales y representantes del gremio, son indispensables para consolidar un entorno de confianza que incentive la inversión y el crecimiento económico en Jalisco.
Durante el acto conmemorativo organizado por el Colegio de Corredores Públicos del Estado de Jalisco, encabezado por su presidente, Fernando Zepeda Estrada, se destacó que la actividad de estos profesionistas trasciende la formalización de contratos mercantiles al convertirse en un factor estratégico para fortalecer la seguridad jurídica en las relaciones comerciales y empresariales.
Al inaugurar el evento, Zepeda Estrada señaló que la confianza constituye el principal activo del comercio y que la función de los corredores públicos consiste precisamente en generar certeza entre los particulares mediante instrumentos jurídicos sólidos que otorguen seguridad a las operaciones mercantiles. En ese contexto, recordó que la correduría pública mantiene una tradición de cinco siglos de servicio en México, adaptándose a los cambios tecnológicos y a las nuevas formas de hacer negocios sin perder su esencia como fedataria de actos comerciales.
Por su parte, la consejera jurídica del Gobierno de Jalisco, Tatiana Anaya Zúñiga, subrayó que la entidad cuenta actualmente con 92 corredores públicos y que, a nivel nacional, el gremio supera los 400 integrantes, quienes además de fungir como fedatarios desempeñan labores de asesoría y mediación que fortalecen el desarrollo empresarial. La funcionaria sostuvo que la certeza jurídica continúa siendo indispensable aun cuando la tecnología, los medios digitales y las formas de contratación evolucionen constantemente.
Anaya Zúñiga afirmó que el corredor público sigue siendo un actor esencial para ofrecer seguridad jurídica a ciudadanos y empresarios, ya que la formalización adecuada de contratos permite construir una economía sólida y sustentable.
«Podemos dar certeza jurídica a las y los ciudadanos que acuden; después de 500 años de origen, aunque la tecnología cambie, aunque los medios digitales cambien y aunque cambien las formas de compra y venta, al final el corredor público da certeza jurídica», expresó la consejera, al señalar que la certeza en los contratos representa uno de los factores que mayor confianza generan entre quienes deciden invertir en Jalisco.
Añadió que un contrato que no puede cumplirse refleja una falla del instrumento jurídico, por lo que la intervención de la correduría pública resulta fundamental para prevenir conflictos y garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas.
«El corredor público le ayuda al Estado de Jalisco a generar las condiciones para que las y los empresarios puedan tener una economía sustentable, sólida y que inviertan en Jalisco con contratos realmente certeros y cumplidores; firmar contratos que no se puedan cumplir significa que el instrumento jurídico no funcionó», destacó Anaya Zúñiga.
La titular de la Consejería Jurídica explicó además que el Gobierno de Jalisco ha fortalecido su coordinación con el Colegio de Corredores Públicos mediante programas de capacitación y mesas de trabajo permanentes, con el respaldo del gobernador Pablo Lemus Navarro, con el propósito de incorporar la experiencia del gremio en distintos proyectos estratégicos del Poder Ejecutivo.
Precisó que esta colaboración ya no se limita exclusivamente al ámbito del desarrollo económico, sino que también participa en procesos relacionados con la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, particularmente en temas vinculados con la capacidad jurídica de las personas y la detección de posibles contradicciones entre las disposiciones legales vigentes en el estado. Según explicó, la experiencia práctica de los corredores públicos permite enriquecer las iniciativas de reforma y fortalecer el marco jurídico estatal.
Anaya Zúñiga destacó que el trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado y la correduría pública tiene un objetivo común: ofrecer mejores condiciones para la inversión, consolidar la seguridad jurídica y beneficiar tanto a las empresas como a la ciudadanía jalisciense mediante reglas claras y mecanismos legales eficaces.
Durante su mensaje de bienvenida al acto conmemorativo, la consejera jurídica enfatizó que celebrar cinco siglos de la correduría pública representa reconocer una institución que ha sabido evolucionar junto con las transformaciones del comercio y de la legislación mexicana, manteniendo como principio fundamental la generación de confianza en las relaciones económicas.
Frente a representantes del Colegio Nacional de Corredores Públicos, autoridades federales, integrantes del Poder Judicial y especialistas en materia mercantil, Anaya Zúñiga sostuvo que, pese a la acelerada transformación tecnológica, la necesidad de contar con corredores públicos continúa plenamente vigente, ya que su intervención fortalece contratos, convenios, arbitrajes y demás actos jurídicos que impulsan la economía del estado y del país. Afirmó que hablar de contratos incumplidos equivale a hablar de instrumentos jurídicos sin eficacia, mientras que la certeza legal constituye uno de los pilares del desarrollo económico.
«La necesidad de contar con corredores públicos sigue vigente porque generan certeza jurídica en los actos de comercio. Celebrar la correduría pública es reconocer que un contrato, un convenio o un arbitraje donde ellos intervienen fortalece la economía de Jalisco; los contratos que no se cumplen sólo generan letra muerta y perjudican el desarrollo económico», puntualizó.
Asimismo, resaltó que Jalisco se mantiene como uno de los motores económicos de México gracias a su capacidad productiva, exportadora e innovadora, por lo que fortalecer instituciones como la correduría pública resulta indispensable para atraer nuevas inversiones y consolidar un entorno competitivo.
Finalmente, la consejera explicó que la política jurídica del Gobierno estatal busca construir puentes de diálogo con los distintos sectores profesionales para elaborar reformas más sólidas y evitar futuros conflictos legales. En ese sentido, reconoció la participación activa del Colegio de Corredores Públicos en las mesas de análisis sobre la armonización legislativa derivada de la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, al considerar que su experiencia contribuye a elaborar iniciativas más completas y funcionales para beneficio del desarrollo económico y la seguridad jurídica de Jalisco.
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