Integrantes del partido estatal Futuro destacan que no es buen momento para la economía de los jaliscienses el someterlos a un gasto que puede llegar a los 15 mil pesos, cuando padecemos la peor inflación en 20 años

Por Staff/Efecto Ezpiral.-

Para que el tema de la verificación vehicular no sea una carga más para los ciudadanos, la diputada Susana de la Rosa y los regidores Verónica Murillo, por Tonalá y Pedro Kumamoto por Zapopan, anunciaron una serie de reformas que ayudarán a los propietarios de automotores a que esta cuesta de enero no se convierta en un verdadero calvario.

La representante de Tonalá, Murillo Martínez, fue la encargada de presentar el posicionamiento que desde el partido estatal Futuro se estará impulsando sobre la verificación vehicular que ha puesto en marcha el gobierno de Enrique Alfaro.

“Tenemos que decirlo con mucha claridad. La implementación de la verificación llega en un pésimo momento para la economía de las y los jaliscienses. Recordemos que enfrentamos la inflación más alta en 20 años, lo que genera que los gastos del día a día sean cada vez mayores y que cubrir los costos para acreditar la verificación, como la afinación, el cambio de llantas, más el costo de la revisión; se convierta en una obligación casi imposible de cubrir para miles de personas”.

Expuso que en calidad de regidora de su municipio ha recibido muchos comentarios al respecto en las últimas semanas; por parte de comerciantes, madres solteras, personas de la tercera edad entre otros sectores de la sociedad, pues detalló que ha generado en ellos mucha preocupación.

Por lo que este lunes presentaron cuatro acciones que se impulsarán desde el Congreso de Jalisco, en las calles, plazas públicas con la finalidad de reducir el impacto de la verificación en la economía de las familias de Jalisco.

“Dejando en claro que no nos oponemos a que los autos sean afinados para reducir las emisiones de gases contaminantes, por el contrario, lo que buscamos es que las personas cuenten con facilidades para poder cumplir con la verificación. Es decir: que por lo menos en esto, haya mayor sensibilidad desde el Gobierno del estado hacia las personas de Jalisco”.

Por su parte Pedro Kumamoto Aguilar, puntualizó que existen tres problemas centrales con respecto a la manera en la que el Gobierno de Alfaro está llevando a cabo la verificación vehicular.

En primer lugar, consideró la insensibilidad con la situación económica de las familias de Jalisco.

“Lamentablemente hay funcionarios que, desde su burbuja de privilegios, no se dan cuenta de los efectos que tienen sus decisiones en la vida de las personas, o quizá no les importa”.

“Lo explico. Para pasar la verificación, las personas deben de cubrir el costo de: afinación, corrección de fugas de aceite, revisión de escape y catalizador, y en muchos casos también el cambio de las cuatro llantas. La suma de estos servicios puede ascender, sin ningún problema, a los 15 mil pesos, que es equivalente a un mes y medio de salario mínimo”.

Aclaró que aparte de este posible desembolso, se tiene que pagar 500 pesos por la revisión en la línea de verificación, se apruebe o no. Por lo que consideró que es un gasto muy fuerte, que se tiene que hacer justo cuando México está sufriendo la inflación más alta en 20 años. Puntualizó que, de acuerdo a datos del INEGI, entre marzo de 2020 y diciembre de 2022, los precios han aumentado en un 18.38 por ciento.

“Recordemos que hay muchas personas, en especial comerciantes y personas de la tercera edad, que la están pasando muy mal y que necesitan de sus vehículos para llevar el sustento a casa. A ellas y ellos no podemos dejarles solos”.

“Por eso decimos: sí a la verificación, pero paso a paso, con plazos que las personas puedan cumplir, sin atropellos a quienes están en una situación de mayor precariedad. Porque cualquier política pensada para mejorar la calidad del aire, también tiene que tomar en cuenta a las personas y no ser un factor para empobrecerlas más. Lamentablemente aquí se está actuando al mero estilo de Alfaro, es decir, sin tocarse el corazón con nadie”.

Agregó que el segundo problema es el manejo de los recursos por parte del Gobierno del estado, en donde, por un lado, encuentran la poca transparencia que tiene el fideicomiso a donde llegan los recursos que se están cobrando actualmente por la verificación vehicular, y por otro, la manera en la que se han renegociado los contratos entre el gobierno del estado y los operadores de las líneas de verificación, advirtiendo que la información pública sobre el manejo de estos recursos es escasa y amerita una revisión del ITEI.

Destacó que de acuerdo a la información que está disponible, de los 500 pesos que cuesta la verificación, casi 400 se reparten entre la empresa proveedora del software y los centros de verificación. Mientras que los otros 100 pesos, se van a un fideicomiso que opera el Gobierno del estado.

“Hay que destacar que este fideicomiso no solo recibe los pagos de la verificación vehicular. También, año con año, el gobierno del estado le asigna recursos presupuestarios. Por ejemplo, para 2023 se le asignaron 657 millones de pesos, un monto que es 11 veces superior a lo asignado a la Comisión Estatal para la Búsqueda de Personas (por poner un ejemplo)”.

“De hecho, los fondos que recibe el fideicomiso no han dejado de crecer y entre 2019 y 2023, en tan solo cinco años, se multiplicaron por 7. De lo que queda duda es, de qué manera se están usando estos recursos, que se supone tendrían que destinarse a la protección del medio ambiente. Ya que según los indicadores que se reportan en el Sistema de Información del Desempeño del gobierno del estado de Jalisco, durante 2022 solo se cumplieron dos metas que se plantearon para este fideicomiso: una relativa a la producción de manuales y otra sobre las capacitaciones de servidores públicos. Solo eso”.

Kumamoto externó su preocupación sobre los contratos, al detallar que la situación es muy clara y muy preocupante. “El monto que reciben las líneas de verificación pasó de 99 pesos en 2020 a 232 pesos en 2023 por cada vehículo revisado. Lo cual significa que el Gobierno ha reducido sus ingresos, para aumentar los ingresos de negocios particulares. Y todo esto sin ninguna justificación y sin darle explicaciones a nadie”.

El tercer problema que expuso el ex diputado local independiente, es que, por un lado, el Gobierno de Alfaro les exige a las personas cumplir ya con la verificación de sus vehículos, cuando no han cumplido con la instalación de todas las líneas de verificación.

“Explico el problema. Según las convocatorias emitidas por el gobierno del estado, el programa de verificación prevé la operación de 280 líneas de verificación para atender a más de 3 millones de vehículos. Sin embargo, hasta la fecha la capacidad instalada es de apenas 59 líneas de verificación (distribuidas en 13 centros). Esta cifra es equivalente a 220 líneas menos que el total contemplado por el gobierno del estado y 73 líneas por debajo de las que tendrían que tenerse en operación al día de hoy”.

“Considerando que, según datos del contrato, cada línea de verificación puede realizar 4.6 pruebas por hora, con esta capacidad instalada se pueden verificar, cuando mucho, poco más de 900 mil vehículos por año”.

Por ´´ultimo en la intervención de Pedro Kumamoto, lanzó las siguientes dudas:

“¿Qué va a pasar entonces con las personas que no encuentren una cita para llevar su vehículo a revisión? ¿Qué es lo que va a pasar?, pues igual las van a multar”.

“En conclusión: el gobierno de Alfaro no ha cumplido con lo que le toca; no hay transparencia sobre el uso de los recursos y los contratos; y lo más grave, no escuchan a las personas. A nosotros nos lo dicen todo el tiempo en los tianguis, la mayoría quiere cumplir con la verificación, pero en este momento no les ajusta. Por eso presentamos hoy #VerificaciónSinAtropellos”.

Iniciativa legislativa

La diputada Susana de la Rosa y anfitriona de los regidores anunció que en breve presentará al Pleno de Congreso del Estado un paquete de iniciativas que denominó #VerificaciónSinAtropellos, que incluye los siguientes 4 puntos:

“Proponemos que el costo de la verificación vehicular se reduzca al mínimo posible, con el objetivo de que las personas puedan cumplir con ésta de manera más fácil. Es decir, queremos que más personas puedan cumplir con esta disposición para reducir las emisiones contaminantes. ¿Cómo se puede reducir el costo? Pues bien, esto se lograría por dos vías”.

Como primera medida, explicó que con una modificación a la Ley de Ingresos y a la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico, en donde a su decir es posible eliminar gran parte del costo que se destina al fideicomiso, que son 168 de los 500 pesos que cuesta la verificación para 2023. Con esto, el trámite podría bajar solo con estos cambios a 330 pesos.

La segunda medida, exhortar al Gobierno del estado, para que este llegue a una nueva negociación de los contratos, que permita regresar la ganancia de los centros de verificación a sus niveles originales, que para 2023 tendría que ser de 121 pesos y no de 232 como se les está otorgando en la actualidad. Con esto, el costo de la verificación para las personas podría bajar a 220 pesos, es decir, menos de la mitad de lo que hoy se está cobrando.

“Lo explico más a profundidad. En diciembre de 2020, la Secretaría de la Hacienda Pública, junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, aprobaron de manera unilateral incrementar el pago que se hace a los centros por cada verificación. Con esto, se pasó de los 99.76 pesos, establecidos en el contrato original firmado en septiembre de 2019, a 232 pesos: un aumento de más del doble”.

“Este aumento no estuvo justificado, ya que no se apega a las causales de incrementos. Por ejemplo, queda muy por encima de la inflación entre estos dos periodos, que fue del 5 por ciento. Quedando incluso por encima del incremento inflacionario entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022, que fue del 21 por ciento. Es decir, no hay razón para que el aumento al pago a los centros sea tan alto”, destacó la también dirigente estatal de Futuro.

En este punto aclaró que si se incrementa en 21.68 por ciento, correspondientes a la inflación entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022, el primer pago acordado a los centros de verificación, que fue de 99 pesos, éste quedaría en 121 pesos. Que a su consideración es lo que hoy se tendría que estar pagando a los centros por cada vehículo.

“Entonces, si sumamos los 121 pesos para el centro de verificación, más los 99 que recibe el proveedor de software y restamos lo que se destinaría al fideicomiso. La verificación podría costar 220 pesos y no los 500 que hoy se le cargan a las personas”.

Propuso que la verificación sea obligatoria hasta el siguiente año, siempre y cuando el Gobierno del estado cumpla con la meta de instalación de todas las líneas de verificación. Esto con el objetivo de que las personas cuenten con más tiempo para prepararse económicamente para todos estos gastos y que, además, no se multe a personas por la falta de citas para llevar a cabo la verificación, que calificó de absurdo pues con las líneas que hay actualmente no pueden cubrir la totalidad de vehículos que están en la etapa de verificación.

“Como ya lo mencionamos: sí a la verificación, pero sin atropellos. El gobierno de Alfaro debe entender que muchas personas están al límite en este momento, comerciantes, ladrilleros, albañiles, tiangueros. Y no se les puede cargar más la mano. Así que se debe dar un tiempo más razonable para cumplir con este procedimiento”.

“Proponemos que se establezca como obligación del Gobierno del estado, rendir cuentas sobre el Fideicomiso al que se están enviando todos los recursos recaudados por la verificación. Es necesario saber los montos exactos que ingresa, así como los destinos del gasto y sus saldos. Con este objetivo, se solicitará que los titulares del fideicomiso y de SEMADET asistan a este Congreso para que expliquen en que se han utilizado estos recursos”.

Finalmente, propuso que se presentará ante el Pleno del Congreso una iniciativa para que se envíe un exhorto al gobierno, para que:

1) se diseñe un programa social que acompañe a las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y que requieran de manera indispensable de su vehículo para llevar a cabo sus actividades laborales. Un programa que brinde facilidades y apoyo para pasar la verificación.

2) Que el gobierno del estado garantice que en los centros se esté informando con total claridad respecto a los motivos por los que no pasa la verificación un automóvil. Que es una de las principales quejas de las personas que ya han asistido a realizar la revisión.

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