La diputada laura imelda pérez segura, presentó iniciativa para garantizar la protección a las madres, padres y familiares buscadores de todo el país, esto, derivado de que se han registrado graves delitos en su contra pese a que ejercen su derecho de participar en la búsqueda de personas desaparecidas.

Por Mario Díaz (El Master.-

Ante el incremento del número de personas desaparecidas y la consecuente búsqueda por parte de los familiares ante la aparente inacción de las autoridades supuestamente encargadas de esta labor, muchas de esas personas, familiares de los ausentes se ven obligadas a ser ellos mismos quienes busquen a sus seres queridos, sufriendo las consecuencias de ser ahora objeto de ataques por parte del crimen organizado.

De tal suerte que ahora no solo deben buscar a sus seres queridos sino que también tienen que velar por su propia seguridad, misma que no les brinda el estado. Como el caso de maría Carmela Vázquez, quien con cuatro meses de ser parte de madres buscadoras tras la desaparición de su hijo Osmar Zúñiga, el 14 de junio del presente, poco duró su labor en busca de su ser querido, a principios de noviembre fue asesinada a balazos fuera de su casa en Abasolo, Guanajuato.

Otro caso, el de Esmeralda Gallado ultimada a tiros a principios de octubre, ella se dedicaba a buscar a su hija Betzabe Alvarado, quien desapareció en el 2021, esta madre buscadora de Puebla fue perseguida por un grupo de atacantes quienes lograron su objetivo en la colonia Villa Frontera.

El colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla acusó y responsabilizó al gobernador Miguel Barbosa de haber permitido este asesinato.

Ante esta situación la Diputada Federal Laura Imelda Pérez Segura, representante por el Distrito 16 de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, presentó la iniciativa que propone realizar diversas modificaciones a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas con el objetivo de fortalecer los mecanismos de protección para las madres, padres y familiares buscadores de México.

“Con esta iniciativa buscamos fortalecer el principio de Máxima Protección para las y los familiares de las víctimas; incluyendo el derecho de solicitar protección ante amenazas o intimidación, el acceso a las medidas necesarias para lograr la protección y el desarrollo de acciones interinstitucionales de capacitación, atención y protección a las Víctimas y a sus Familiares con una perspectiva psicosocial”, puntualizó la legisladora durante la rueda de prensa desde el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Para ello, la propuesta legislativa plantea modificar la fracción VII del Artículo 2; la fracción VIII del Artículo 5; la fracción LIII del Artículo 53 y la fracción II del Artículo 161 de dicha ley para proteger a las y los familiares buscadores de personas desaparecidas y garantizarles una mejor atención desde las dependencias en la materia, es decir, del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía, así como las Fiscalías y Procuradurías Locales y las Instituciones de Seguridad Pública de los tres niveles de gobierno durante el  diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Pérez Segura señaló: “la propuesta busca reforzar el compromiso del Estado Mexicano para garantizar la seguridad e integridad de las y los familiares buscadores en nuestro país. Es una realidad que, ante la desesperación, las familias de las víctimas empezaron a organizarse a lo largo y ancho del país para realizar la búsqueda de sus seres queridos; lamentablemente, se tiene registro de que en diversos casos se han cometido homicidios en contra de las personas buscadoras, especialmente contra las madres”.

Ante los medios de comunicación, la Diputada Federal reiteró: 

“En definitiva, una desaparición conlleva un doble sufrimiento, en un primer momento para las víctimas que sufren la violación de sus derechos y en un segundo momento para sus familiares, quienes desconocen su paradero, pero conservan la esperanza de encontrarles o, peor aún, temen por su vida e integridad personal al participar en las acciones de búsqueda y localización de sus seres queridos”.

Es preciso mencionar que, en México, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas (RNPDNO) de la Comisión Nacional de Búsqueda, hay 95 mil 281 personas desaparecidas en el periodo comprendido desde marzo del año 1964 hasta el 6 de diciembre del 2022; en el mismo periodo, el Estado de Jalisco registra una crisis humanitaria con 15 mil 27 personas desaparecidas, cifra más alta en todo el país.

“Considero importante puntualizar que el caso Jalisco es sumamente preocupante, pues el 42.36 por ciento de los casos registrados corresponden a personas que desaparecieron entre 2019 y lo que va de 2022, es decir, durante el actual gobierno estatal. A esto se suma la inoperatividad de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (COBUPEJ) pues actualmente tiene solo a 11 personas para realizar búsquedas de campo. Y peor aún, durante el 2019, la Comisión no utilizó el 60 por ciento de los recursos federales que se le destinaron; en 2020 regresó poco más de 7 millones de pesos de los 17 que tenía asignados, y para el 2021 utilizó el 63.5 por ciento de su presupuesto”, dijo la representante federal en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Finalmente, la Diputada Federal Laura Imelda Pérez Segura destacó que las y los familiares tienen el derecho a participar en los procesos y protocolos de búsqueda de las personas desaparecidas, tanto en las acciones que desarrolla el Estado como en las que los familiares organicen por cuenta propia, por lo que es de suma importancia implementar y reforzar medidas que les otorguen protección.

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