Urge una CEDHJ más dinámica, con nuevos y mejores programas estratégicos y con más fuerza y presencia ante la ciudadanía Rechazamos imposiciones; se debe realizar una consulta

STAFF/Efecto Ezpiral.-

Postura de Jaime Hernández Ortiz, sobre el proceso de renovación del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

1.- Contexto y problemática

La Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, y numerosas agrupaciones ciudadanas internacionales y nacionales han señalado reiteradamente el grave estado que prevalece en materia de derechos humanos en todo el país y particularmente en Jalisco.

A poco más de treinta años de creadas las comisiones de derechos humanos los avances han sido pocos. Las comisiones públicas de derechos humanos han sido vistas como instituciones que deben ser sometidas, silenciadas y que deben servir para legitimar los actos del gobierno en turno.

 Jalisco ha sido un referente de impunidad desde las explosiones del 22 de abril, pasando por la tortura masiva a altermundistas, la mentada, los tráileres de la muerte, así como el altísimo número de desaparecidos y feminicidios que hoy tenemos, y que, nos han dado triste fama mundial.

Hoy, los avances en materia de derechos humanos (DH) sólo se han tenido en materia jurisdiccional, en materia de amparo, derechos político-electorales y en materia de transparencia gracias a la reforma de DH del 2011, pero a veces ni eso, por la lenta impartición de justicia; sin embargo, en materia del sistema no jurisdiccional de los derechos humanos representados por el ombudsman y ombudsperson, en la rendición de cuentas y combate a la impunidad los resultados son muy escasos.

Es cierto, en los últimos años hemos visto un creciente empoderamiento de diversos grupos vulnerables: mujeres, capacidades diferentes, diversidad sexual, migrantes; y el reconocimiento a los derechos laborales sin que sus logros hayan sido concesiones gubernamentales ni legislativas.

 Los avances se deben a la constante movilización y participación cívica de la ciudadanía, que sigue exigiendo un alto a los abusos de poder.

No obstante, en los últimos años y en el caso de Jalisco hemos visto por otro lado un retroceso en materia de organización civil. Por ejemplo, en los sexenios de Cárdenas Jiménez, Ramírez Acuña, Emilio González Márquez y Aristóteles Sandoval vimos a cientos de ONGs y OSC con un fuerte activismo y una presencia constante en las calles.

Hoy, con Enrique Alfaro, sólo hemos visto la cooptación de muchas de ellas, la falta de apoyo para su trabajo y no poca represión persecución para otras, además de que abundan casos de que la criminalización de la ciudadanía continúa. Por otro lado, el Plan De Gobernanza y Desarrollo De Jalisco, presentado a inicios de este gobierno y donde se encuentra el eje de Derechos Humanos, sigue totalmente invisibilizado, desarticulado, por no decir que es letra muerta.

Este Plan considera los DH como una “hoja de ruta”, transversal para toda la gobernanza estatal, pero no hay ruta ni destino. En este contexto lamentamos el escaso interés mostrado por el gobierno del estado en materia de derechos humanos y no de pocos municipios.

El fracaso se mantiene en diversos temas y se demuestra la nula preocupación en atender la impunidad y la corrupción: una fiscalía que no sirve; una inseguridad que no cesa; una corrupción que no se combate; funcionarios acosadores (como el ex alcalde de Tototlán, del titular de la Secretaría del Trabajo, del partido en el gobierno). (Y casos en los que la Universidad de Guadalajara no se queda atrás).

Cientos de recomendaciones incumplidas; contaminación creciente de nuestras presas y ríos; maltrato inmisericorde a migrantes y un abandono crónico a nuestras comunidades indígenas, que sufren despojos constantes.

 La desaparición de personas, las ejecuciones, la inseguridad, la procuración de justicia y medio ambiente siguen siendo agendas pendientes. No dejamos de lado que la violencia intrafamiliar y los abusos a la niñez crecieron durante la pandemia, sin generarse procesos reeducativos ni de sanción; lo que exige de nuevas tecnologías y procedimientos más ágiles para evitar la impunidad doméstica.

La reforma de DH del 2011 obligó al Estado en todos sus niveles a promover la educación en DH en todo el sistema educativo público como privado, como una forma de impulsar su respeto y protección, pero el tema sigue marginal, olvidado y ausente. En este contexto sabemos que el Congreso aprobó la convocatoria para elegir a un nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

2.- Nada de que ahora le “toca” al PAN

Rechazamos totalmente que se diga que ahora “le toca” al Partido Acción Nacional (PAN) la CEDHJ. Rechazamos profundamente esta postura cortesana.

El PAN ha dado muestras sobradas de qué tipo de “derechos humanos” defiende: los de la religión en lugar de los de la laicidad; las sus familias y no los de las comunidades; los de la libre 3 empresa y no los de la colectividad; los del individualismo y no los de la tolerancia, la diversidad y la pluralidad. Rechazamos que la CEDHJ siga siendo una correa de transmisión de visiones ideológicas y de intereses partidistas.

3.- ¿Le “toca” a una mujer? Las acciones afirmativas deben estar en otro lado.

También nos oponemos a que se diga que ahora le “toca” a una mujer. La nueva convocatoria no precisa esta predeterminación No obstante hay que decir que la lucha por la defensa de los derechos humanos no es de sexos o de género.

El abuso de poder es, en cierta manera, asexual, aunque se manifiesta más crudamente contra las mujeres y contra las minorías sexuales; pero en realidad en contra de toda minoría y pensamiento autónomo y libre. Es verdad, el abuso de poder ha adquirido un ropaje machista y misógino; pero eso se debe a que la lucha por la democratización de todas las esferas del quehacer público ha sido lenta y nuestra democracia no termina de consolidarse.

La lucha es contra todo abuso de poder; contra otros seres humanos (hombres y mujeres) que cometen abusos y atropellos. Esta es una lucha global.

Creo que nos hemos comprometido con la “Declaración sobre el Derecho y del Deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales universalmente reconocidos” , aprobada por la Asamblea General de la ONU, la cual México firmó y ratificó; y que llama a toda la humanidad, hombres y mujeres a dar esta lucha.

 4.- Consulta ciudadana

A partir de la reforma constitucional de DH de junio de 2011, esta elección debió cumplir con lo establecido en el apartado B del artículo 102 constitucional, que obligaba a que la elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional y de las Comisiones estatales “se ajustará a un procedimiento de consulta pública”, que deberá ser transparente.

A casi once años de que se reformó la Constitución en el artículo 102 para que los presidentes de estas comisiones fueran electos tomando en cuenta la opinión y mayor consulta entre las organizaciones ciudadanas, de acuerdo a los Principios de París; con el objeto de que se elija al mejor perfil, con base a su trabajo desde las calles, su trayectoria y conocimiento, su vinculación con las causas ciudadanas y sobre todo sus principios éticos. Esto no lo vemos en la convocatoria.

 Los Principios de París, son un estándar internacional promovido por la ONU ampliamente aceptado, señalan que, tanto en la composición como la elección de los miembros de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, deben ajustarse a un procedimiento que ofrezca todas las garantías necesarias para asegurar la participación y representación de las fuerzas sociales en el sentido de abonar a la solidez y legitimidad de origen de estas instituciones.

Y para ello, resulta indispensable que la designación de su titular emane de un proceso claro, equitativo, abierto a la ciudadanía, transparente, democrático y, sobre todo, participativo.

 Esto no lo vemos reflejado en la Convocatoria. Prevemos una “elección” de acuerdos cupulares. Justamente existe una grave omisión legislativa al no haberse armonizado la ley de la CEDHJ con el artículo 102 B constitucional.

El Congreso del Estado está a tiempo de que el proceso de designación del nuevo ombudsman u ombdusperson tome como base los principios básicos sobre procesos de consulta pública que propone la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); ver informe1 y manual2 :

 – Implica la comunicación de información relevante y oportuna a la ciudadanía sobre el proceso de designación por todos los medios disponibles.

 – Implica la búsqueda activa de opiniones de individuos, grupos, asociaciones, organizaciones interesadas y abonar con ello, a la evaluación de la gestión de quien desea elegirse para el cargo al frente de la CEDHJ, para contrastar con el perfil y la trayectoria de los nuevos aspirantes.

– Implica un envolvimiento activo de las personas, grupos y organizaciones interesadas en la realización de los objetivos que persigue la institución y por ende, en su involucramiento para la designación de su titular.

 La participación en el proceso de consulta pública para la designación de un titular está encaminada a facilitar el fortalecimiento institucional, el cumplimiento de objetivos y la generación del consenso y apoyo político con los que un órgano no jurisdiccional de protección a los de DH debe contar para ser realmente relevante y efectivo.

5.- ¿Qué vemos en la convocatoria?

En la convocatoria observamos lo siguiente: – Es pobre en contenido e innovación (como pobre ha sido el desempeño legislativo).

1 Información, consulta y participación pública en la elaboración de políticas: instaurar un gobierno abierto en los países miembros de la OCDE, disponible en https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264019959-sumes.pdf?expires=1655938706&id=id&accname=guest&checksum=996DB79E5527E60F33E3A0E7875F30AE 2 Participación ciudadana. manual de la OCDE sobre información, consulta y participación en la elaboración de políticas públicas. Disponible en https://www.oecd.org/centrodemexico/publicaciones/37873406.pdf

-La Convocatoria no está armonizada con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni siquiera la citan, como debió hacerse.

– En la convocatoria no señala ni por error la importancia del papel de la CEDHJ para combatir la impunidad, la arbitrariedad y el abuso de poder; ni la importancia en la protección de los derechos humanos y consolidación de una cultura democrática.

– Los requisitos para los aspirantes son mínimos, lo que facilita una eventual imposición.

 – Únicamente se pide el apoyo de dos organizaciones civiles o instituciones de DH. O sea, puede que ni sea importante tener legitimidad, trayectoria ni autoridad moral.

 – La convocatoria se traduce en la práctica en una convocatoria para debilitar la CEDHJ por vía de la falta de legitimidad.

 – La presentación de un plan de trabajo por los aspirantes es optativa.

– El curriculum que presentan los aspirantes no exige de pruebas documentales.

– No existe un mecanismo de opinión ante el congreso para las ONGs.

 – El discurso, “debe ser una mujer” puede servir solo para “suavizar” una imposición.

– El cabildeo de aspirantes entre diputados no está regulado o más bien estará controlado; por lo que es previsible el favoritismo para recibir a unos y a otros no

– La convoactoria no garantiza transparencia, imparcialidad ni equidad.

Insistimos: Creemos que en la medida que se garanticen los puntos que exponemos en la presente, como la de realizar una consulta, se abonará a la legitimidad de origen de la CEDH como máximo organismo responsable de la protección, defensa y garantía de los derechos humanos en nuestro estado.

En próxima rueda de prensa señalaremos qué perfil, que comisión necesitamos en Jalisco y qué programas de trabajo debe desarrollar.

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