Por Mario Díaz
En el Congreso del Estado, es común escuchar en los pasillos, que tal o tal diputado tenía bajo su mando a más de veinte supuestos trabajadores a su cargo, muchos comisionados a tareas fuera de las oficinas del Poder Legislativo, pero que para los que siempre acuden a laborar y checan su entrada y salida, sólo se trata de protegidos que cobran sin trabajar, los famosos aviadores.
Existe también la práctica de que empleados que llegan con los nuevos diputados ven mermado su ingreso mensual que va directamente al bolsillo del diputado. También existen voces que señalan a personal del Legislativo con dos o hasta tres supuestos trabajos dentro de la función pública.
Estas viejas prácticas se podrán acabar o por lo menos es la intención del diputado Alejandro Hermosillo, quien presentará ante el Pleno del Congreso la abrogación de la Ley de Incompatibilidad, para fusionarla con la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.
El legislador por Movimiento Ciudadano, calificó de inútil la actual Ley de Incompatibilidades del estado de Jalisco que se publicó en 1983, misma que nació con la intención de regular el funcionamiento, cambio de personal en la administración pública estatal y las posibles incompatibilidades que pudieran existir en los cargos públicos.
Sin embargo, lo más que esta ley puede llegar a sancionar es que el funcionario al que se le encuentre que trabaja en dos cargos con incompatibilidad de horarios, de ubicación, de conflicto de intereses se ve obligado a dejar uno de los dos, sin mayor repercusión en su contra.
Bajo en nuevo esquema que se propone, es que sea el órgano de control interno quien dentro del sistema estatal anticorrupción, sea quien investigue y sanciones al o a los involucrados en este tipo de anomalías.
Las sanciones que se proponen van desde la inhabilitación de los funcionarios en los tres niveles de gobierno, sanciones económicas para los servidores públicos que en complicidad permitan y soliciten estas prácticas ilegales.
«Actualmente los procedimientos y sanciones que pudieran existir, las controlan entes políticos lo que impide la aplicación real de esta Ley de Incompatibilidades, pues no permite las denuncias anónimas, tiene que comparecer el denunciante y señalando a la persona y se hace complicado pues quien tiene tantos empleos se asume que tiene padrinos políticos poderosos y pocas personas se atreven a denunciar».
En la reforma que se propone las denuncias serán anónimas y se podrán hacer en la plataforma de la contraloría interna, quien deberá de investigar si el actuar del empleado cae en incompatibilidad laboral.
La sanción irá contra el empleado y contra quien haya avalado y permitido esta situación, así sea director de área o diputado.
«Se pone mucho mayor énfasis y aprovechando que en el Congreso del Estado se acaba de aprobar el procedimiento para elegir al Contralor Interno, qué mejor que darle herramientas reales para que sancione a las personas que están dobleteando o siendo aviadores en el servicio público», comenta Alejandro Hermosillo.
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