La iniciativa de la diputada Mariana Casillas y el diputado Leonardo Almaguer junto con el colectivo Luz de Esperanza plantea reducir tiempo para obtener orden de cateo en lugares de posible localización de osamentas, hoy tardan hasta un año en obtener este requisito legal
Por Mario Díaz (El Master).-
Guadalajara, Jalisco a 27 de octubre de 2026. Con el objetivo de eliminar obstáculos legales y burocráticos que retrasan la localización de personas desaparecidas, la diputada de Futuro, Mariana Casillas Guerrero, y el coordinador del Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer Castañeda, junto con el colectivo Luz de Esperanza, presentaron a los medios de comunicación una iniciativa de reforma a la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco para facultar a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (COBUPEJ) a realizar búsquedas extrajudiciales en predios y viviendas deshabitadas o abandonadas que se presuman de libre acceso.
La propuesta, presentada este martes durante una rueda de prensa en el Congreso del Estado, busca establecer certeza jurídica, agilizar las labores de búsqueda, atender las exigencias de las familias y colectivos, que enfrentan demoras para obtener autorizaciones judiciales, incluso en espacios abiertos donde existen indicios de posibles fosas clandestinas.
De acuerdo con las cifras referidas alrededor de 16 mil 250 personas permanecen desaparecidas en Jalisco, una crisis que, señalaron los promoventes, ha llevado a familiares, particularmente a madres buscadoras, a asumir tareas de localización ante la falta de respuestas oportunas de las instituciones.
“En Jalisco, las madres buscadoras han tenido que entrar a terrenos, recorrer predios y localizar posibles fosas clandestinas mientras exigen que las autoridades hagan su trabajo. No podemos aceptar que sean ellas quienes carguen con los riesgos y las consecuencias de la ausencia institucional”, declaró la legisladora Mariana Casillas.
La iniciativa contempla adicionar la fracción IX al artículo 30 y las fracciones XLVII y XLVIII al artículo 4 de la legislación estatal, con el propósito de incorporar y distinguir conceptos relacionados con predios y viviendas, así como establecer reglas para la intervención de las autoridades en las búsquedas extrajudiciales.
De aprobarse, la Comisión de Búsqueda podría realizar acciones en predios urbanos no edificados, edificados, viviendas deshabitadas o abandonadas, cuando se presuman de libre acceso. En el caso de viviendas habitadas, el ingreso requeriría el consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo o la autorización judicial correspondiente.
Casillas Guerrero sostuvo que la falta de claridad jurídica puede impedir el ingreso oportuno a inmuebles donde podrían localizarse indicios relacionados con personas desaparecidas y consideró necesario eliminar las barreras que dificultan la actuación institucional.
“Buscar a una persona desaparecida no debería depender de la interpretación de una autoridad, de la voluntad de un funcionario o de que una familia consiga por sus propios medios llegar a un terreno. La búsqueda debe ser una responsabilidad efectiva del Estado, con facultades claras, protocolos adecuados y respeto a los derechos humanos”, añadió.
Por su parte, Leonardo Almaguer explicó que la iniciativa responde a las exigencias de los colectivos y familiares para que las labores de búsqueda no queden sujetas a procedimientos burocráticos que pueden prolongarse durante meses o más de un año.
“Esta iniciativa representa la exigencia de los colectivos y de los familiares de personas desaparecidas para que no existan trabas burocráticas para buscar a una persona (…) En la actualidad, una orden de cateo tarda meses o incluso más de un año para que el Ministerio Público integre la solicitud de petición al juez; ese tiempo se considera una pérdida en la búsqueda, toda vez que, como es bien sabido, la inmediatez juega un factor fundamental para poder encontrar a una persona”.
El legislador precisó que la búsqueda extrajudicial tiene una naturaleza autónoma, independiente de la existencia de una sentencia penal o de una investigación para determinar culpabilidades, con un enfoque humanitario y de derechos humanos.
“Se respeta la autoridad judicial, toda vez que, cuando se encuentra un hallazgo, se dará vista de inmediato a dicha autoridad para que ingrese y empiece su labor, concluyendo en ese momento la búsqueda extrajudicial. Hemos dicho en este Congreso, desde que iniciamos la Legislatura, que buscar a una persona desaparecida no es como buscar un vehículo perdido, no es como buscar un celular, no es como buscar algo que te robaron en la calle, una cartera. Están buscando un ser humano que tiene familia, que forma parte de un núcleo social y que forma parte de una sociedad”, agregó.
Almaguer también señaló que la propuesta no pretende vulnerar el derecho a la propiedad privada, debido a que las acciones se desarrollarían en espacios de libre acceso, sin forzar chapas o cerraduras ni modificar la titularidad legal de los inmuebles. En caso de localizar posibles restos humanos u otros indicios, se daría aviso inmediato a las autoridades competentes para las diligencias correspondientes.
Durante la presentación, Héctor Flores, cofundador y vocero del colectivo Luz de Esperanza, expuso las dificultades que enfrentan las familias para continuar con las búsquedas, incluso cuando existen hallazgos que podrían orientar la localización de personas desaparecidas.
“Dentro del colectivo tenemos dos cateos que se metieron desde enero de este año, en espacios abiertos en el municipio de Zapopan, y no se ha podido trabajar a pesar de que encontramos un fémur en la zona; encontramos también en otro lugar nueve costales, en una prospección con aproximadamente tres cuerpos en cada costal, y no se ha podido continuar la búsqueda por el tema del cateo; aunque es un lugar abierto en el monte, son barreras jurídicas que entorpecen las labores de búsqueda y la identificación de restos humanos”.
Flores señaló que la espera por una orden judicial puede prolongarse durante meses e incluso años, lo que dificulta la continuidad de los trabajos y la identificación de restos humanos. Agregó que, de acuerdo con su conocimiento, no se ha presentado una iniciativa similar en otra entidad del país.
En tanto, el periodista Lauro Rodríguez (NTR) advirtió que Jalisco acumula al menos cuatro años de retraso en la discusión de una reforma que brinde certeza jurídica a las familias buscadoras. Indicó que desde 2022 los colectivos realizan estas acciones por cuenta propia, ante las dificultades para obtener órdenes de cateo y respuestas oportunas.
Rodríguez también refirió que desde 2018 se han localizado aproximadamente 260 fosas clandestinas en la entidad y advirtió que las demoras en las búsquedas y en los procesos de identificación forense agravan la problemática, ante las limitaciones operativas y técnicas señaladas en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
La iniciativa coloca nuevamente en la discusión legislativa la necesidad de establecer condiciones jurídicas para agilizar las búsquedas, facilitar la participación de familiares y colectivos y fortalecer la respuesta institucional, sin dejar de lado la protección de los derechos humanos y la intervención de las autoridades judiciales ante posibles hallazgos.
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