Diputados cuestionan la tibia respuesta de las autoridades y reclaman comparecencias, acciones legislativas y responsabilidades ante los reportes y manifestaciones sociales por la pésima calidad de agua que suministran en la Zona Metropolitana de Guadalajara
Por Mario Díaz (El Master).-
La innegable crisis por la calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara llegó nuevamente al Congreso del Estado, donde diputadas y diputados de oposición exigieron una respuesta inmediata de las autoridades estatales y municipales ante los reclamos y exigencias ciudadanas sobre la pésima calidad agua nada potable que llega a los hogares con olores y partículas evidentemente de cañería.
No es una opinión de partidos políticos de oposición que buscan tajada electoral con este tema, según análisis difundidos recientemente, la calidad de agua que llega a los hogares no cumplirían con los requisitos establecidos en la NOM-127 para considerarse potable, el líquido lleva desechos orgánicos, vulgo caca.
La gota que derramó el vaso de paciencia de vecinos de la colona El Sauz, fue la carga de agua de alcantarilla que llega a sus casas, obligándolos a manifestarse y bloquear las arterias de Avenida Colón y Torres Bodet, acción que se pudiera replicar en los próximos días si la calidad de agua se mantiene en la misma situación.
Durante una conferencia de prensa, legisladores cuestionaron la actuación del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), reclamaron que se cumplan las comparecencias pendientes ante el Poder Legislativo y plantearon revisar las responsabilidades de funcionarios frente a una problemática que, de acuerdo con sus señalamientos, afecta a miles de colonias de la Zona Metropolitana.
La diputada Mariana Casillas Guerrero, presidenta de la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua, centró su intervención en la protesta realizada por vecinos de la colonia El Sauz, quienes se manifestaron para exigir agua limpia y segura y denunciaron haber sido objeto de intimidación policial.
“La intimidación policial que sufrieron anoche los vecinos del sur, al manifestarse de manera unánime en defensa de su derecho a agua potable para todas sus familias, nos llena de indignación”, sostuvo.
Casillas afirmó que los habitantes decidieron salir a las calles ante lo que consideró ausencia de respuestas de las autoridades. Señaló que las familias buscan proteger a sus hijos, adultos mayores, personas enfermas y mascotas frente a una problemática que, desde su perspectiva, ha rebasado la capacidad de respuesta institucional.
La legisladora sostuvo que existen alrededor de 342 colonias identificadas dentro de la problemática metropolitana, aunque afirmó que los testimonios recogidos directamente en territorio hacen pensar que el número podría ser mayor. También cuestionó que las autoridades hayan respondido con medidas como la entrega de tinacos mientras permanecen pendientes las comparecencias de funcionarios del organismo operador ante el Congreso.
Uno de los principales reclamos de Casillas se dirigió al rezago de iniciativas relacionadas con la gestión del agua. Expuso que existen propuestas legislativas pendientes de segunda lectura y otras que llevan meses sin ser sometidas a votación.
Entre ellas mencionó una iniciativa relacionada con auditorías al SIAPA, que, según expuso, llevaba 341 días pendiente; otra sobre requerimientos a las autoridades del organismo, con 365 días; una propuesta relacionada con la participación sindical en el Consejo de Administración, también con 365 días; además de proyectos sobre cuentas, descuentos y planeación presupuestaria de los operadores de agua, y sobre las obligaciones de la Secretaría de Gestión Integral del Agua.
“Tenemos iniciativas que buscan una transformación radical y profunda del funcionamiento de la gobernanza del SIAPA, la cual, por falta de voluntad política, no ha sido programada para votación inmediata”, afirmó.
Casillas también pidió que se establezca una alerta de riesgo hídrico que permita activar protocolos y determinar medidas sanitarias ante posibles casos de contaminación. De igual forma, planteó modificaciones a las atribuciones de las instituciones responsables de la gestión del agua y mayores requisitos técnicos para la designación de quien encabece el SIAPA.
En la misma conferencia, el diputado Alejandro Puerto Covarrubias cuestionó que el Congreso no haya respondido con la misma rapidez que la ciudadanía ante las movilizaciones por la calidad del agua.
Puerto informó que presentó una solicitud ante la Junta de Coordinación Política para que el Legislativo sesionara de manera urgente y abordara la problemática, además de proponer una comparecencia de los directivos del SIAPA.
“El día de ayer mandé una solicitud a la Junta de Coordinación Política solicitándoles que sesionáramos de manera urgente para tratar el tema de la calidad del agua y proponer una comparecencia a la que ahora sí vengan los directivos del SIAPA. Lamentablemente no he recibido respuesta”, señaló.
El legislador también cuestionó la decisión de modificar la fecha de una sesión que estaba prevista para el 8 de octubre y, según expuso, trasladarla al 15 de octubre. Consideró que ese tipo de decisiones profundizan el descrédito que enfrenta el Congreso frente a la ciudadanía.
Puerto sostuvo que los legisladores tienen una responsabilidad constitucional de defender el interés general, la salud de la población y los derechos establecidos en la Constitución, por lo que pidió a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política acelerar los trabajos.
Ante la posibilidad de que existan funcionarios que no hayan cumplido con sus obligaciones, planteó incluso revisar mecanismos de mayor alcance.
“Si el encargado del SIAPA, como ha quedado evidenciado, no ha hecho su trabajo, pues que se vaya. Pero incluso debemos de plantear que haya juicios políticos más efectivos porque evidentemente aquí ya se está poniendo en riesgo la salud y la integridad de más de cuatro millones de personas al menos”, declaró.
Puerto también estableció como condición que cualquier eventual modificación institucional al sistema de agua mantenga el carácter público del servicio y rechazó una eventual privatización.
“El rescate que se haga de las instituciones encargadas de proveernos agua limpia y saludable debe ser completamente público”, afirmó.
Los legisladores coincidieron en que la problemática requiere acciones inmediatas tanto del Ejecutivo estatal como del SIAPA y del propio Congreso. El planteamiento incluye atender los reportes sobre la calidad del agua, garantizar el derecho a la manifestación y acelerar el análisis de las iniciativas pendientes.
El llamado también contempla que las autoridades expliquen los avances comprometidos para mejorar la calidad del agua durante octubre. Ante la falta de resultados que, según los legisladores, se observan hasta ahora, exigieron que quienes tienen responsabilidades en la materia rindan cuentas y, en su caso, enfrenten las consecuencias previstas por la legislación.
Finalmente, las y los legisladores hicieron un llamado al Poder Ejecutivo, al SIAPA, a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política del Congreso a atender de manera inmediata la crisis de calidad del agua. Asimismo, recordaron que el gobernador había señalado meses atrás que en octubre comenzarían a observarse mejoras en la calidad del agua, situación que, de acuerdo con las y los diputados, no se ha concretado. Por ello, exigieron al gobernador y al director del SIAPA cumplir con su responsabilidad de garantizar agua segura para la población y, en caso de no poder hacerlo, considerar su separación del cargo.
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