La diputada Gabriela Cárdenas propone hacer obligatoria la acreditación de asesores y agencias, crear un registro público y establecer capacitación, inspecciones y sanciones para quienes incumplan la normativa
Por Mario Díaz (El Master).-
Con el objetivo de fortalecer la protección del patrimonio de las familias y reducir los riesgos de fraude en operaciones de compra, venta, renta y administración de inmuebles, la diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez presentó una iniciativa para hacer obligatoria la acreditación de quienes prestan profesionalmente servicios inmobiliarios en Jalisco.
La propuesta plantea reformar la Ley que establece el Registro y Acreditación de los Prestadores de Servicios en Materia Inmobiliaria en la entidad, para transitar del actual esquema voluntario a uno obligatorio para asesores y agencias inmobiliarias que desarrollen profesionalmente esta actividad.
Cárdenas Rodríguez señaló que actualmente existe la posibilidad de que personas que ofrecen servicios inmobiliarios no cuenten con la debida certificación. Explicó que la iniciativa busca que quienes deseen prestar estos servicios cuenten con una acreditación vigente emitida por la Secretaría de Desarrollo Económico y estén inscritos en el Registro Estatal.
“La acreditación tiene un alcance preciso: asegura que quien te acompaña sabe lo que hace, puede ser identificado y responde por su trabajo. No sustituye al notario ni la revisión jurídica de cada operación, pero pone un piso común donde hoy no lo hay”, puntualizó.
De acuerdo con la información presentada durante la rueda de prensa, actualmente existen alrededor de 258 personas acreditadas frente a un sector que supera los 4 mil 500 asesores, situación que, señaló la legisladora, hace necesario avanzar hacia un esquema obligatorio que permita ampliar la protección de quienes se ponen en manos de terceros en operaciones relacionadas con su patrimonio.
La propuesta contempla fortalecer el Registro Estatal como una herramienta pública de consulta, para que cualquier persona pueda verificar si un asesor o agencia cuenta con acreditación e inscripción vigentes. También podrá incorporar información sobre sanciones impuestas conforme a la ley, de acuerdo con las disposiciones aplicables en materia de protección de datos personales.
“Una casa es el trabajo de toda una vida. Antes de entregar las llaves, las escrituras o anticipo, toda persona en Jalisco merece poder hacer una pregunta sencilla: ¿Está en el registro? La ley vigente abrió la puerta, esta reforma cuida que nadie entre por la ventana”, agregó Cárdenas Rodríguez.
La iniciativa también contempla que los asesores inmobiliarios mantengan procesos de capacitación y actualización de manera obligatoria y permanente, con acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Económico. Asimismo, plantea mecanismos para presentar quejas e iniciar inspecciones contra quienes presten servicios o se ostenten como asesores o agencias inmobiliarias sin contar con la acreditación correspondiente.
Las medidas incluyen sanciones que pueden ir desde amonestaciones y multas hasta la suspensión y revocación de la autorización para ejercer. Durante la presentación se informó que las sanciones económicas contempladas serían de aproximadamente 5 mil a 17 mil 500 pesos, dependiendo del tipo de incumplimiento.
En este contexto, también se señaló que existen más de 10 mil carpetas de investigación relacionadas con fraude, suplantación de identidad y falsificaciones, entre otros delitos, como uno de los elementos que sustentan la necesidad de avanzar hacia la obligatoriedad de la certificación y del registro estatal inmobiliario.
La diputada precisó que la obligación estaría dirigida a quienes prestan servicios a terceros, por lo que los propietarios podrán continuar vendiendo, rentando o realizando operaciones respecto de sus propios inmuebles sin necesidad de acreditarse como asesores inmobiliarios. De igual manera, el personal que únicamente desempeñe funciones administrativas dentro de una agencia no requerirá acreditación por el solo hecho de trabajar en ella.
Para facilitar la incorporación de quienes actualmente prestan servicios inmobiliarios, la propuesta establece un periodo de transición de 365 días naturales, durante el cual las personas físicas y jurídicas podrán realizar los trámites necesarios para obtener su acreditación e inscripción en el Registro, sin sanciones durante ese plazo.
Cárdenas Rodríguez enfatizó que el objetivo es establecer un piso común para quienes profesionalmente acompañan a la ciudadanía en operaciones inmobiliarias, sin sustituir la función de las notarías ni la revisión jurídica correspondiente. También aclaró que no se plantea la afiliación obligatoria a alguna asociación.
Durante la presentación de la iniciativa estuvieron Patricia Ortega Híjar, directora general del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Jalisco; Jahaziel Omar Castañeda González, presidente de AMPI Guadalajara; María Bernardette Álvarez Velázquez, presidenta de Profesionales en Asesoría Inmobiliaria y Similares A.C.; José Manuel Quiñónez López, presidente del Movimiento Inmobiliario de Occidente A.C.; y Jessica Paulina Gutiérrez Delgado, coordinadora de la Sección Especializada de Inmobiliarias de la Cámara de Comercio de Guadalajara.
Los representantes del sector coincidieron en la importancia de avanzar hacia la obligatoriedad de la acreditación y la capacitación, al considerar que estas medidas pueden contribuir a profesionalizar la actividad y brindar mayores elementos de certeza a las personas que buscan proteger su patrimonio.
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