La presidente del organismo, Joanna Arana Hernández, hizo un llamado a fortalecer las herramientas de transparencia que permitan a los ciudadanos consultar el sustento, costo y seguimiento de los proyectos
Por Efecto Ezpiral Noticias.-
Guadalajara, Jalisco. 16 de agosto de 2026. La transparencia en la obra pública debe permitir que los ciudadanos tengan información no sólo de cuánto cuesta una obra, sino también del por qué se hace, cómo se planeó y qué se espera obtener de ella, sostuvo la presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), Joanna Edith Arana Hernández.
Al participar en el foro “Hacia la incorporación del estándar internacional de CoST en la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios”, que se llevó a cabo en la sede del CICEJ, Arana Hernández llamó a fortalecer la trazabilidad, planeación y acceso ciudadano a la información en este rubro.
En ese sentido, abundó, una mayor transparencia también exige elevar el rigor con el que las instituciones planean y estructuran los proyectos desde su origen.
El ejercicio reunió a cerca de 250 representantes del sector público, la ingeniería, la construcción, la academia y la sociedad civil. Las secretarías de Planeación y Participación Ciudadana y de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) del Gobierno de Jalisco organizaron el encuentro como parte del análisis para incorporar el estándar internacional CoST a la legislación estatal.
La presidenta del CICEJ subrayó que el valor de la transparencia no se limita a prevenir sobrecostos o prórrogas. También puede fortalecer la credibilidad de las instituciones cuando la ciudadanía cuenta con elementos para conocer y dar seguimiento a las decisiones que involucran recursos públicos.
“La transparencia no es una concesión del gobierno hacia la sociedad; es un derecho constitucional”, afirmó.
Desde esa perspectiva, Arana Hernández señaló que la legalidad y la transparencia deben traducirse en información útil para la población. Cada proyecto, explicó, debe contar desde su origen con sustento técnico, criterios claros que justifiquen su ejecución y un análisis de su ciclo de vida.
El propósito es evitar decisiones improvisadas y procurar que los recursos públicos se conviertan en infraestructura eficiente, durable y útil para la sociedad.
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