Dos semanas de mayo lo dijeron todo: las madres buscadoras de Jalisco marchan, bloquean y exigen. No porque quieran alterar el orden. Sino porque el Estado ya lo alteró primero al no cumplir con sus obligaciones.
Dra. Edith Roque Huerta
El 10 de mayo de 2026 no fue Día de las Madres en Jalisco. Fue el día en que el Colectivo Luz de Esperanza marchó frente al Palacio de Gobierno en Guadalajara exigiendo búsqueda, investigación y respuesta. Cinco días después, el 15 de mayo, madres buscadoras bloquearon la calzada Lázaro Cárdenas frente al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en Tlaquepaque: reclamaban rapidez en las confrontas genéticas y la entrega inmediata de cuerpos ya identificados que llevan meses —algunos, años— retenidos sin razón técnica ni jurídica que lo justifique. Dos acciones distintas, una misma causa: el Estado que tiene la obligación de buscar, no busca. El Estado que tiene la obligación de identificar y entregar, demora. Y frente a ese silencio institucional, la calle se convierte en el único espacio donde la dignidad todavía tiene voz.
Hay quienes leen estas acciones como problema de movilidad o de orden público. La Constitución obliga a leerlas de otro modo. Los artículos 6°, 8° y 9° constitucionales garantizan el derecho a la protesta social pacífica. La Suprema Corte ha reconocido ese derecho de manera autónoma y ha declarado inconstitucional exigir autorización previa para manifestarse. Los bloqueos temporales y proporcionales —sin violencia, dirigidos a generar diálogo— son constitucionalmente admisibles cuando el Estado incumple obligaciones de derechos fundamentales. No son el desorden: son la respuesta al desorden que el Estado instaló al no cumplir con su deber.
Lo que estas mujeres enfrentan tiene nombre jurídico preciso: revictimización institucional. La CIDH lo documenta en su Informe sobre Desapariciones en México de 2026 como patrón estructural: estigmatización desde el primer contacto con el Ministerio Público —la insinuación de que la víctima ‘algo habrá hecho’, la mirada que traslada culpa a la familia—, dilación injustificada en la activación de búsquedas, exigencia ilegal de plazos arbitrarios, registros incompatibles entre Fiscalía, Comisión de Búsqueda y SEMEFO, y ausencia total de medidas de protección para las propias buscadoras. Ese estigma no es accidental: funciona como mecanismo de desactivación. Si la madre es vista como sospechosa, su reclamo pierde legitimidad pública. Si la familia es señalada, la búsqueda se convierte en silencio. El Estado que estigmatiza no solo viola derechos: administra la impunidad.
Lo que estas madres piden no es extraordinario. Piden justicia cercana: que la autoridad administrativa cumpla con lo que la ley ya le ordena. Que la Comisión Estatal de Búsqueda active los protocolos sin dilación. Que el IJCF agilice confrontas genéticas y entregue restos identificados en plazo razonable. Que la Fiscalía no archive carpetas sin notificar a las familias. Que los registros se homologuen. Nada de eso requiere reforma constitucional: requiere que los funcionarios existentes, con las facultades que ya tienen, hagan lo que jurídicamente están obligados a hacer. El amparo indirecto por omisión procede. La queja ante la CEDHJ es exigible. La petición ante la CIDH, con base en el informe de 2026, es viable. Los instrumentos están. Lo que falta es que la autoridad los use antes de que las madres tengan que seguir construyéndolos con sus propias manos en la calle.
Al menos 22 mujeres buscadoras fueron asesinadas en México entre 2010 y 2025. Quince de ellas eran madres de personas desaparecidas. Dos madres buscadoras continúan actualmente desaparecidas. Estas cifras no son contexto: son la consecuencia directa de un Estado que no protege a quienes hacen su trabajo. Las madres que marcharon el 10 de mayo y bloquearon el 15 no salieron por voluntad de interrumpir la ciudad: salieron porque agotaron la ventanilla, el oficio, la audiencia, la promesa y el plazo incumplido. La calle no es su primera opción. Es la última que el Estado les dejó. Y mientras la justicia institucional siga enmudeciendo, la calle seguirá siendo su tribuna. Tienen todo el derecho. Y nosotros, la obligación de escucharlas.
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