PRI Jalisco exige al gobernador que vete el aumento tarifario del transporte público

Anuncian medidas legislativas y sociales para frenar lo que consideraron un ataque a la economía de los jaliscienses

Por Mario Díaz (El Master).-

Reactivando actividades luego del periodo vacacional de diciembre, desde el Comité Estatal del PRI Jalisco, Laura Haro Ramírez anuncia medidas legales contra el aumento de tarifa al transporte público que pasó de 9.50 a 14.00 pesos en lo que consideró un verdadero ataque a la economía de los jaliscienses y un obsequio navideño para los concesionarios de este servicio a quienes destacó, en ningún momento se les solicitó mejora en sus unidades ni en el propio servicio hacia los usuarios.

En rueda de prensa, Haro Ramírez la presidente del Comité Estatal del PRI Jalisco, puntualizó el comportamiento casi criminal de Movimiento Ciudadano al aprobar este aumento el pasado 26 de diciembre, mientras los ciudadanos se distraían con las fechas decembrinas y en un comité técnico que, a su juicio, no tiene nada de comité técnico y en el cual decidieron aumentar “en casi un 50 por ciento las tarifas que pagaremos los usuarios del transporte público, sínicos y mañosos estos gobiernos naranjas”.

Consideró, que se trata de una decisión tomada sin transparencia, que afecta directamente a la economía de las familias jaliscienses, recordó que este nuevo tarifazo se suma a otros incrementos recientes como el aumento a las tarifas del agua, el predial, el refrendo y otros cobros, los cuales dijo se han vuelto una constante que golpea de manera permanente el bolsillo de las familias jaliscienses.

Envió un mensaje al llamado pulpo camionero al destacar que si consideran que las condiciones actuales ya no son un negocio para ellos, que lo dejen y se dediquen a emprender algún otro negocio y dejen este servicio al estado.

“Una persona que tome tres camiones para llegar a su destino que se convierten en seis diarios, gastará en promedio una tercera parte del salario mínimo, cerca de 2,520 pesos al mes. Se dice que se repartirán 1.5 millones de tarjetas las llamadas al estilo Jalisco, pero los usuarios del transporte público son tres millones, algo les falla en sus matemáticas”, expuso Laura Haro.

Agregó que este gobierno de Movimiento Ciudadano “se ha rendido y sucumbido ante los intereses de unos cuantos, de los concesionarios”, recordó que en su momento Pablo Lemus exigió al gobernador Enrique Alfaro que no aumentara la tarifa del transporte público, pidiéndole que no afectara los bolsillos de los ciudadanos.

“¿Mejoró el transporte? ¿Hay un proyecto claro? ¿Han anunciado mejores condiciones para los choferes? NO… qué pasó, en un año Pablo Lemus se olvidó de que no quería subir el costo del transporte público”.

Acciones

Anunció que realizarán varias acciones contra esta alza:

Efectuarán un recorrido integral por la línea 4 del Tren Ligero para realizar una auditoría ciudadana por expertos en la materia, para que señalen las deficiencias y pedir a la autoridad que las mejoren.
Promoverán un amparo para frenar esta alza en cuanto entre en vigor el aumento al transporte público.
Presentarán las quejas que logren sumar ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Exigirán la comparecencia ante el Congreso del Estado del secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, para que explique la toma de esta decisión.

Legislativo

Pedirán al gobernador Pablo Lemus Navarro que vete esta decisión y cumpla con su palabra de no subir el costo del transporte público, está en su decisión.

Desde el Congreso del Estado la diputada Alondra Fausto, dejó en claro que este aumento a la tarifa del transporte público, para muchas familias no se trata solo de entender la decisión de un comité técnico, sino que para ellos representa entre moverse en transporte o comprar alimento, entre pagar el aumento o pagar la renta, entre aceptar esta decisión o tener la posibilidad de continuar con los estudios.

Recordó que al pasado agosto presentó un exhorto a la Secretaría de Movilidad y la Universidad de Guadalajara para que en conjunto diseñaran un transporte gratuito para los estudiantes de esta casa de estudios.

Aunado a lo anterior anunció que presentará ante el Pleno del Congreso la iniciativa Tarifa Social, “el transporte público es un derecho. No se trata de cuánto cuesta para operar el sistema, sino cuánto puede pagar una persona sin comprometer la economía familiar, se tiene que construir un modelo justo y transparente. Se propone crear un Fondo de Movilidad Social con reglas claras con supervisión y rendición de cuentas”.

Finalmente, la diputada María del Refugio “Cuquis” Camarena, coordinadora de la bancada del PRI en el Congreso del Estado, expuso otras cinco acciones que como grupo parlamentario promoverán con las otras fracciones para frenar el aumento a la tarifa del transporte público.

Solicitar al Gobernador del Estado vetar de manera inmediata el incremento aprobado por el Comité Técnico Tarifario, a fin de que sea revisado con mayor rigor técnico, social y presupuestal.
Se exigirá la comparecencia del secretario de Transporte, Diego Monraz y del secretario de Hacienda Luis García Sotelo, ante el Congreso del Estado, para que expliquen los criterios del aumento y cómo se mantendrá el subsidio anunciado por cinco años a través del Fondo de Apoyo a Usuarios del Transporte Público.
Consiste en establecer un seguimiento permanente y transparente de los padrones de personas beneficiarias de la tarjeta única, así como informar al Congreso del Estado sobre los avances en su entrega y su costo-beneficio, con el objetivo de evitar su uso con fines electorales.
Se planteó que las empresas concesionarias del transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara presenten a la brevedad un plan de modernización, donde las y los usuarios sean el centro de la política pública.
Se propuso que la Secretaría de Transporte y las empresas concesionarias se comprometan, mediante convenio, a modernizar el transporte público en un plazo de cinco años, presentando anualmente los avances estructurales, físicos y financieros.

Subrayó que el aumento al transporte público no es un hecho aislado, sino parte de una forma de gobernar que ha normalizado trasladar los costos a la ciudadanía sin mejoras reales en el servicio, y reiteró que la movilidad es un servicio esencial que no puede convertirse en un privilegio.

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