Fronteras de papel: cuando los derechos se detienen en la aduana
Por Edith Roque Huerta, analista jurídica.
En México, las fronteras no solo están hechas de acero o desierto. También existen las fronteras de papel, aquellas que se dibujan con reformas legales, decretos y reglamentos que, bajo el argumento de modernizar, terminan restringiendo derechos. La reciente reforma integral a la Ley Aduanera (2025) es un ejemplo claro de cómo una política de control puede transformarse en un muro invisible entre el ciudadano y el Estado.
La iniciativa presentada por el gobierno federal promete combatir la corrupción, el contrabando y la evasión fiscal sin crear nuevos impuestos. Busca digitalizar las aduanas, fortalecer la fiscalización y aumentar la recaudación, que se estima pasará de 151 mil millones a 255 mil millones de pesos para 2026. Sin embargo, detrás del discurso de eficiencia, la reforma encierra un cambio de paradigma: de la facilitación del comercio al control punitivo.
La reforma modifica 65 artículos, adiciona 44 y deroga 9. Entre los cambios más polémicos están:
- La eliminación de las excluyentes de responsabilidad para agentes aduanales, quienes ahora serán solidariamente responsables del pago de contribuciones junto con importadores y exportadores.
- El incremento de sanciones hasta en 300 %, incluyendo multas de millones de pesos y suspensión de patentes.
- La digitalización obligatoria de recintos fiscales con sistemas de videovigilancia, inteligencia artificial, trazabilidad en tiempo real y uso de datos biométricos.
- La creación de un Consejo Aduanero presidido por la SHCP, con facultades amplias para otorgar, suspender o cancelar autorizaciones.
En teoría, estas medidas buscan cerrar espacios a la corrupción y garantizar transparencia. En la práctica, consolidan una estructura de control concentrado, donde la autoridad tiene amplias facultades para sancionar sin que existan contrapesos institucionales ni reglas claras de proporcionalidad.
Las sanciones: la nueva frontera
El discurso oficial sostiene que la reforma no crea impuestos, pero sí multiplica castigos. Las multas por contrabando, subvaluación u omisión documental se incrementan drásticamente; las empresas de mensajería y paquetería ahora enfrentan sanciones millonarias y renovaciones obligatorias de permisos cada dos años.
Para los agentes aduanales, el panorama es incierto. La responsabilidad solidaria y la obligación de verificar la “honestidad fiscal” de sus clientes los convierte en inspectores del Estado, sin garantías de defensa. Expertos del COMCE y la CAAAREM han advertido que esta sobrecarga podría provocar renuncias masivas, afectando el flujo comercial y encareciendo las operaciones.
Paradójicamente, la ley que busca combatir la corrupción puede terminar desalentando la actividad formal y empujando a muchos a la informalidad.
Toda norma fiscal o aduanera debe interpretarse a la luz del artículo 1º constitucional y los tratados internacionales de derechos humanos. El principio de progresividad obliga al Estado a ampliar garantías, no a reducirlas. Pero la reforma aduanera introduce un modelo regresivo, donde la presunción de buena fe cede ante la sospecha generalizada.
Las multas desproporcionadas, la vigilancia digital sin regulación y la falta de recursos administrativos efectivos pueden vulnerar derechos como la seguridad jurídica, el debido proceso y la libertad económica. En los hechos, esta reforma coloca a miles de trabajadores, empresarios y transportistas en un terreno de riesgo permanente frente a la discrecionalidad estatal.
Modernizar las aduanas es indispensable. México no puede seguir perdiendo miles de millones en contrabando ni tolerar estructuras corroídas por la corrupción. Pero la modernización no puede hacerse a costa de la dignidad ni del Estado de derecho.
Una política pública es democrática cuando equilibra control y confianza, cuando fortalece la fiscalización sin convertirla en persecución. De lo contrario, la aduana deja de ser una puerta al desarrollo y se convierte en un muro invisible que detiene no solo mercancías, sino también derechos.
Las fronteras físicas pueden cerrarse; las jurídicas deben abrirse al escrutinio, la transparencia y la legalidad. Si la nueva Ley Aduanera olvida eso, terminará siendo lo que su nombre sugiere: una frontera de papel, donde los derechos humanos, como las mercancías, se detienen en la aduana.
.@AduanasMx .@SATMX .@Hacienda_Mexico .@ERoqueH .@mario68diaz .@juanamaria298 .@MarcoCastroPrec .@jchuertavazquez
#EdithRoqueHuerta #PuntoDeEnRoque #Aduanas #HonestidadFiscal #EvasióFiscal
efectoezpiral.com 