Septiembre: La urgencia de hablar del testamento
Edith Roque, analista jurídica.
En México, septiembre no solo es el mes patrio: también es el mes del testamento. Cada año, los notarios ofrecen descuentos y facilidades para promover este acto jurídico que, aunque muchos evitan por miedo o superstición, es un gesto de responsabilidad y de cuidado hacia los nuestros.
El dato es contundente: más del 80 por ciento de los mexicanos muere sin testamento, lo que significa que sus familias deben enfrentar un juicio intestamentario que puede tardar años, desgastar relaciones y consumir buena parte del patrimonio en gastos legales. Hacer un testamento no es un lujo ni un capricho: es garantizar que lo construido en vida se reparta conforme a la voluntad personal y, sobre todo, evitar conflictos que lastiman la dignidad de quienes quedan.
¿Qué hacer jurídicamente un día después de la muerte?
Aunque suene duro, los trámites deben iniciarse lo más pronto posible, incluso al día siguiente del sepelio. La razón es clara: entre más se retrase el inicio del procedimiento sucesorio, más posibilidades hay de que surjan pleitos, que bienes sean ocupados indebidamente o que se acumulen deudas.
Los primeros pasos son:
- Verificar si existe testamento, lo que puede hacerse ante notario.
- Si lo hay, el notario puede iniciar la sucesión testamentaria y designar al albacea.
- Si no lo hay, se abre la sucesión intestada. Puede llevarse ante notario (si hay acuerdo entre herederos) o mediante juicio sucesorio (si existe conflicto).
- Nombrar un albacea, encargado de administrar la herencia, pagar deudas y repartir los bienes.
- Pagar deudas, el patrimonio del difunto responde primero a acreedores. La herencia incluye tanto activos como pasivos.
Morir sin testamento significa que la ley decide quién hereda y en qué proporción, sin importar la realidad afectiva o social de la familia. Esto genera conflictos:
- Hijos y cónyuge enfrentados por proporciones.
- Concubinos o parejas no formalizadas excluidos.
- Bienes indivisibles (como casas) que terminan en venta judicial.
- Herederos que descubren deudas desconocidas.
Además, los juicios intestamentarios son largos, caros y desgastantes. En México pueden durar de tres a diez años, tiempo en que las familias permanecen en incertidumbre.
La sucesión no es solo un trámite patrimonial, toca directamente derechos humanos. La corrupción y la falta de acceso a trámites claros generan discriminación estructural. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la corrupción y la falta de claridad en procesos sucesorios son barreras al derecho de propiedad y al acceso a la justicia. El testamento, en este sentido, es un acto de justicia preventiva. Evita que la ley imponga criterios rígidos que no corresponden a la realidad familiar y garantiza seguridad jurídica.
En México la sucesión puede resolverse:
- Vía notarial, si todos los herederos están de acuerdo y no hay menores o incapaces. es más rápida y menos costosa.
- Vía judicial, cuando hay conflictos o desacuerdos. Es más lenta, pero asegura control jurisdiccional.
Ambos caminos requieren claridad y accesibilidad: las personas deben entender qué está en juego, sin tecnicismos que los excluyan.
El problema de fondo es cultural. En México, hablar de la muerte se evita, se esconde. Pensamos que hacer un testamento “atrae la desgracia”. Esa percepción no solo es irracional: es costosa. Necesitamos asumir que hacer un testamento es un acto de amor y de paz, tanto como proveer educación o alimento. Prevenir es la mejor forma de proteger a la familia. Es pensar en la vida de quienes amamos y garantizar que puedan vivir su duelo sin juicios interminables.
En este septiembre, mes del testamento, el llamado es a romper la inercia de la desidia jurídica. Hacer un testamento no es pensar en la muerte: es pensar en la vida de quienes amamos. Cuando llegue ese día inevitable, lo más humano y lo más justo es que las familias puedan llorar en paz, y no en medio de juicios interminables.
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