La vivienda debe ser un derecho, no un botín, urgió el vicecoordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, al pedir que se adicionen candados a dicha legislación. Actualmente más de 2 millones de jaliscienses cotizan en el INFONAVIT.
Staff/Efecto Ezpiral Noticias.-
Ante el riesgo de que pueda hacerse uso indebido de los recursos de los trabajadores que administra el Infonavit, tras la reforma aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados y que otorga a las autoridades federales facultades de discrecionalidad en esta tarea, el diputado local Omar Cervantes Rivera pide que, desde Jalisco, se haga un exhorto formal a la Cámara de Diputados de la nación para que integre a la misma mecanismos para evitar la corrupción y el desvío de los fondos destinados a proveer de vivienda digna a la gran mayoría de los mexicanos.


Durante la última sesión del Pleno del Congreso del Estado, el legislador expresó su preocupación en tribuna por este tema “tan grave” que compromete más de 2 millones de millones de pesos y advirtió: “El Infonavit ha funcionado como un banco en los últimos 30 años y no como generador de vivienda, y lo que están proponiendo ahora es rescatar ese banco quebrado con el dinero de los trabajadores, creando con ello un nuevo FOBAPROA, el FOBAPROA de la vivienda”.
Por ello, presentó una iniciativa de Acuerdo Legislativo en el que se le solicita al Congreso de la Unión que garantice el manejo de los recursos de los trabajadores con buen criterio de manejo de finanzas y blindarlos de actos de corrupción y no solo disponga de tales fondos, expuso.
Cabe recordar que el pasado 13 de diciembre –en un hecho sin precedente – la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión recibió, discutió y aprobó el mismo día la iniciativa de reforma a la Ley del Infonavit presentada por la presidencia de la república que contempla: La modificación de los órganos Centrales donde se minimiza la presencia de los trabajadores y patrones, y así utilizar sus recursos a discrecionalidad.
“El dinero del INFONAVIT es de los trabajadores, no del gobierno. Los recursos administrados por este instituto provienen del esfuerzo y ahorro de millones de trabajadores mexicanos. Esta reforma abre la puerta a que esos recursos sean utilizados discrecionalmente para proyectos del gobierno, lo cual no es su propósito original”, recalcó el diputado del partido Movimiento Ciudadano, quien refirió que actualmente más de 2 millones de jaliscienses aportan su dinero al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Insistió en que es apremiante fortalecer la transparencia y los mecanismos de vigilancia en este caso y proteger al máximo la Subcuenta de Vivienda, pues la reforma plantea cambios en la integración de los órganos de vigilancia, debilitando los contrapesos necesarios para garantizar el buen manejo de los recursos:
“Sin contrapesos claros, se corre el riesgo de corrupción y desvío de los fondos destinados a la vivienda de los trabajadores. La posibilidad de utilizar recursos de la Subcuenta de vivienda para adquirir suelo y construir viviendas genera incertidumbre sobre la seguridad del ahorro de los trabajadores”, indicó.


“Desde Jalisco, exigimos al Congreso de la Unión que actúe con responsabilidad, proteja el patrimonio de los derechohabientes y garantice que esta reforma no se convierta en un nuevo engaño. La vivienda debe ser un derecho, no un botín. Pedimos además que se trabaje en una política de vivienda integral, no improvisada”, apuntó.
Luego enumeró algunos de los puntos que la estrategia nacional para este rubro debe priorizar: “La política de vivienda no puede repetir los errores del pasado: desarrollos mal ubicados, sin servicios básicos ni conectividad. Y es que, antes de construir más viviendas, se deben recuperar y rehabilitar las más de 6 millones de casas abandonadas en el país, de las cuales 190 mil están ubicadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara”.
Por otra parte, dijo, el arrendamiento social debe ser claro y justo: “¿Cómo se operarán las rentas? ¿Quién administrará las viviendas? ¿Cómo se garantizará que las mensualidades no superen el 30% del ingreso del trabajador? Sin reglas claras, este esquema puede ser usado de manera discrecional, afectando a los verdaderos beneficiarios”.
Sin embargo, afirmó que la solución de fondo sería aplicar una reforma integral al artículo 4° constitucional: “Si realmente se busca garantizar el derecho a la vivienda, es necesario reformar este artículo para obligar al Estado a establecer mecanismos efectivos para asegurar el acceso a una vivienda adecuada”.
“No podemos depender de una sola institución. El Infonavit no puede ser el único actor en la política de vivienda. Es urgente crear y consolidar más instituciones públicas que garanticen opciones habitacionales a quienes hoy no tienen acceso al sistema formal. La vivienda pública y el alquiler social deben ser alternativas reales, accesibles y bien reguladas”.
El diputado Cervantes Ramírez finalizó señalando que el dinero del Infonavit no puede ser tomado sin garantías claras ni protección de los derechos laborales. “Resulta preocupante que el titular y responsable de estos cambios, sea el antiguo director General de Pemex. (Alfonso Romo) Invitamos a los legisladores Federales a que voten por conciencia, no por consigna. Los trabajadores no merecen que el ahorro de toda una vida quede en riesgo”, puntualizó el vicecoordinador de la Bancada Naranja en el Congreso.
Para saber más
- El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) fue creado en 1972, como un organismo tripartito (publico-privado-social). De inicio es el instituto que le da forma a esquemas que se hacían anteriormente de «vivienda obrera» en donde los patrones de grandes empresas les hacían barrios y vivienda cercana a sus fábricas.
- El Infonavit, financiaba, construir, desarrollaba, gestionaba y administraba la vivienda de trabajadores.
- A partir del 1994, con la postura neoliberal, el banco mundial y otros organismos, recomiendan que el organismo solo se concentre en financiar vivienda. Se cambian sus estatutos y deja de construir, administrar, para convertirse únicamente en un banco de «segundo nivel”.
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