Alberto Esquer implicado en el proyecto Coincidir, “una trampa financiera para personas de la tercera edad”

  • Víctimas de esta estafa acusan a autoridades federales y estatales de ser omisas en resolver las denuncias presentadas en donde incluso se pude presumir lavado de dinero, pero desde Jalisco solo ven que hay protección contra estos empresarios
  • Acusan a la CNBV, las fiscalías federal y estatal y a la CNDH de ignorar sus exigencias de justicia.

Por Mario Díaz (El Master).-

La Sociedad Financiera Popular Proyecto Coincidir, se creó con la intención de captar los ahorros de personas de la tercera edad al ofrecer buenos intereses, muchos de ellos se dieron a la tarea de investigar la seriedad de esta empresa, que estaba avalada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, una vez que captaron la atención de varios ahorradores vino un quiebre que la misma empresa se niega a aceptar con la venia de las autoridades federales.

Lo anterior es parte de las acusaciones que vierten una decena de ahorradores afectados que denunciaron en rueda de prensa, este miércoles y en representación de los más de 250 perjudicados por el cierre de dicha financiera que se encuentra en el limbo jurídico dentro de un proceso de liquidación mercantil y que solo –puntualizan– es una argucia legal para evitar pagarles a los ahorradores.

Los inconformes exigieron a los gobiernos federal y estatal avance en la liquidación de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Proyecto Coincidir cuyo trámite se encuentra atorado desde hace casi seis años.

Encabezados por Elizabeth Martínez, Enrique Anaya, Rocío Cardona y Héctor Vidal Dueñas, hicieron mención de que entre los personajes que idearon esta trampa financiera se encuentra Francisco Javier Conejo Cejudo, Carlos Obregón Millán y el actual candidato al senado por Movimiento Ciudadano Alberto Esquer.

“No es posible contar con dichas autoridades, quienes tan solo han sido omisas y encubridoras de los malos manejos de los socios de Proyecto Coincidir así como de sus socios, ante lo que hemos emprendido diversas Acciones legales en contra del Gobierno Federal, específicamente contra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por no haber advertido a los ahorradores del grave riesgo que se corría con los manejos irregulares de dicha empresa, y desde luego por no haber tomado medidas urgentes y eficaces para evitar que la mencionada Sociedad Financiera Popular –SOFIPO- siguiera operando ante el evidente e ilegal desvío de recursos financieros de sus ahorradores”, detalla Elizabeth Martínez.

Y agrega que desde antes de esta revocación esta financiera había tenido pérdidas permanentes y manejos irregulares incumpliendo con las normas que los rigen, sin ser sancionada con el rigor que, la gravedad de los hallazgos que en las visitas de supervisión ordinarias y extraordinarias mismas que fueron advertidas por los propios visitadores de la CNBV. 

De acuerdo con los registros de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores CNBV, de septiembre a octubre del 2017 su nivel de capitalización se había deteriorado, ubicándose en la categoría número 2 del esquema de alertas tempranas, donde se tenían que haber tomado medidas correctivas urgentes, que la citada Comisión no tomó. 

Al respecto, el abogado de los afectados Arturo Corona Cardona, explicó que el proceso de liquidación inició desde el pasado 17 de diciembre del 2018, pero no se ha registrado ningún avance a la fecha.

“El problema es que el liquidador actual y los anteriores no han hecho su trabajo, han anunciado tres liquidadores y al último le pagaron cerca de 7 millones de pesos, no obstante ello está ilocalizable y no ha hecho nada”, se trata de Miguel Escamilla Villa, sus antecesores encontraron irregularidades en esta supuesta liquidación e incluso la misma empresa les negó información crucial para iniciar este proceso por tal motivo decidieron dejar este encargo.

Precisó que son más de 250 ahorradores afectados, con un daño a su patrimonio por alrededor de 900 millones de pesos.

“Pedimos que las autoridades federales, es decir la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) asuma su responsabilidad, que les devuelvan los ahorros y se subrogue de los derechos que están pagando al liquidador”.

Además solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se declare la inconstitucionalidad de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, en específico el Artículo 37, porque no propicia la adecuada supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las empresas financieras, e incluso propicia la discrecionalidad que desemboca en irregularidades.

Proceso penal

Corona Cardona, añadió que también existen varios expedientes penales abiertos en la Fiscalía del Estado, pero están estancados los procesos.

“Lo último que tenemos conocimiento es que les mandaron a realizar lectura de derechos que es ratificar ante el Ministerio Público lo que los clientes y ahorradores afectados están denunciando, pero estamos hablando de más de cinco años que no hay avances”.

El abogado hizo un llamado a la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera a revisar el caso, porque hay delitos federales y quizá temas de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Cabe señalar que fue en diciembre del 2018, cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó el acuerdo de revocación de la autorización para operar como sociedad financiera.

Porquería

“El sistema financiero mexicano es una porquería, ya que se han presentado constantes abusos e incluso fraudes a los ahorradores mexicanos y en especial en nuestro Estado, con la constante de omisiones e incluso posibles complacencias por parte de autoridades federales y estatales”, aseguró Enrique Anaya, uno de los ahorradores afectados por el cierre de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Proyecto Coincidir, y que no les han devuelto sus recursos, en un problema que se remonta a 2018.

Incluso, advirtió que la impunidad con la que se han desarrollado los fraudes financieros no sólo han afectado a miles de ciudadanos mexicanos, la gran mayoría adultos mayores y personas con problemas de salud (varios ya han fallecido, sin recuperar su dinero), sino que dejan en riesgo la salida de capitales extranjeros, que generan empleos.

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