El enfrentamiento mediático entre el presidente municipal de Guadalajara y el regidor de Morena se encuentra ahora en las canchas judiciales

Por Mario Díaz (El Master).-

La demanda civil en contra del presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, por supuesto daño moral, interpuesta por el regidor de Morena Carlos Lomelí, fue aceptada por el Juzgado Segundo en Materia Civil a cargo de Alan Acosta Navarro.

En los argumentos que presentó el morenista fue el primer edil tapatío expuso en los medios de comunicación que Lomelí Bolaños intentó extorsionarlo intercambiando su voto a favor y aprobar el presupuesto tapatío y la licitación nacional del arrendamiento de patrullas y motocicletas para la Policía de Guadalajara, a cambio de que Lemus Navarro interviniera con Juan José Frangie alcalde de Zapopan, para que concediera permisos y legalizara unas bodegas que tiene en la colonia El Colli.

A lo anterior el propio Lemus Navarro le reviró casi de inmediato.

“Entiendo que la demanda es por daño moral. Ningún juez me va a poder acusar a mí de quitarle algo a una persona que no tiene, Lomelí no tiene moral, es imposible que a mí me acusen de habérsela dañado”, puntualizó el presidente municipal tapatío.

Y detalló que las bodegas en cuestión tienen alrededor de ocho años que se construyeron, en donde a su entender se robaron las áreas de sesión, por tal motivo fueron clausuradas en más de diez ocasiones.

“Incluso el plan parcial de la zona, están en El Colli marcaba el trazo de una calle donde hoy hay una bodega. El intentó que al haberse robado las áreas se sesión entregarlas en otra parte del municipio, sin embargo el Código Urbano no lo permite y por lo tanto las bodegas llevan ocho años de forma irregular en el municipio de Zapopan”.

Juicio político

Pablo Lemus acudió al Congreso del Estado para intentar reactivar la solicitud de juicio político contra el magistrado Armando García Estrada, señalado por presunto lavado de dinero, licitaciones médicas arregladas, desviación de recursos, acoso sexual, entre otros.

La presidenta de la Mesa Directiva, Priscilla Franco Barba, manifestó que aún no se tiene un dictamen por parte de la Comisión de Responsabilidades sobre el trámite del magistrado García Estrada, sin embargo, en cuanto se cumplan con los requisitos que establece la propia ley, se le dará la celeridad oportuna al tema, según la Constitución y las leyes que rigen el estado.

Lemus Navarro declaró que presentará nuevos elementos de prueba en contra de García Estrada y consideró que un plazo de dos meses como suficientes para que en el Congreso del Estado se analice y se saque de la congeladora este asunto.

“Si la Unidad de Inteligencia Financiera le congeló sus cuentas y detectó todos estos movimientos financieros donde hay involucrado muchas cosas, inmobiliarios, empresas de distintos rubros, personas físicas, muy interesante esta investigación de la UIF los movimientos entre las cuentas de García Estrada su familia y estas empresas, todas esas pruebas las podemos presentar”.

Reconoce que hubo una reforma a la ley donde se establece que serán sujetos a juicio de procedencia todos aquellos magistrados que pertenezcan al Supremo Tribunal de Justicia y el Tribunal de lo Administrativo no depende de ellos.

“Se quedaron en una lagua donde son intocables, por eso estamos solicitando reactivar el caso de hace seis años y no iniciar un juicio nuevo, para que no se vaya a defender diciendo que no le pueden hacer ese tipo de juicios porque la ley ya cambió. Nosotros solicitamos un juicio político hace seis años y con aquella ley, por eso estamos pidiendo la reactivación del mismo. Tenemos muchas pruebas nuevas como algunos audios, nos contactó una de las jóvenes violentadas por García Estrada dispuesta a declarar contra él”.

Ipejal

Por otro lado, Lemus Navarro declaró que existe una solicitud ante el Tribunal de lo Administrativo de parte de una empresa de Carlos Lomelí para que el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) le pague 81 millones de pesos, correspondiente a una supuesta indemnización, al respecto sentenció:

“¡No se hartó (Carlos Lomelí) de haber vendido medicinas a sobre precio y a demás caducas, como para que ahora reclame 81 millones de pesos!”.

“Carlos Lomelí lo que ve es que hay pensiones doradas, hay negocios multimillonarios en pensiones, pues quiere ser parte y cómo le hace, pues involucra al Tribunal de lo Administrativo, si es chicle y pega nos llevamos 81 millones de pesos a la bolsa. No tiene vergüenza Lomelí ni tiene llenadera, ¿vamos a seguir soportando este tipo de abusos y de excesos?”.

Ante esto anunció que se presentará en la próxima reunión del Consejo Administrativo de Ipejal para ocupar el asiento que tiene la comuna taparía para exigir cuentas sobre las inversiones que se han realizado en los últimos años y sobre todo para manifestar que se opondrá a que se le paguen 81 millones de pesos a Carlos Lomelí vía suspensión de un magistrado del Tribunal de lo Administrativo.

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