• Causó lesiones por suministro de sustancias inadecuadas, el profesionista enfrenta por lo menos 7 denuncias por las mismas causas y hasta se le acusa de ejercer sin contar con estudios de especialidad

Juan Carlos Huerta Vázquez.-

Fue denunciado el médico Roberto Carlos ‘N’, por varias pacientes que resultaron afectadas por tratamientos médico estéticos.

El profesionista presuntamente ejerce como cirujano plástico sin contar con los respectivos estudios universitarios, y ya acumula más de siete denuncias formales, una de las cuales lo vincula a proceso por el Juez Segundo de Control Enjuiciamiento y Justicia de Jalisco, en el expediente 7769/2020, y se señala complicidad de su esposa Jackeline ‘N’, quien participa en las cirugías.

El juzgador le ordenó que dejara de ejercer como cirujano plástico por un año, mientras se llega al fondo del asunto. Sin embargo, sigue promocionando sus servicios.

Las afectadas temen por su integridad ante eventuales represalias del médico y su esposa, señaló la abogada Viviana Pérez, quien explicó como los acusados suelen enganchar a sus víctimas, “su esposa acudía grupos de ayuda, y les decía que se veían muy mal físicamente, que tal vez por eso sus esposos las querían dejar, pero que ella, con su esposo que es cirujano,  les podía ayudar, que les podía hacer este un plan de financiamiento para para ayudarles, y se vieran mejor estéticamente. Después acudían con él y las obligaba, empezaba ejercer un modo de presión psicológica, de qué ‘mira que te ves muy mal’ y así, para que para que ellas accedieran, pidieran préstamos y se operaran”.

El cobro por los procesos quirúrgicos rondaba por los 80 mil pesos.

En entrevista con CorresponsalesMx, Valeria ‘N’, otra afectada, expuso que se le practicó una mamoplastía de levantamiento de busto, y tuvo algunas secuelas, asegura que en sus glúteos se le suministraron polímeros en lugar de ácido hialurónico, “yo confiaba mucho en él porque pues, sí, yo había salido bien de mis mamás, entonces yo dije: ‘pues va’, me infiltra y para esto en la primera cirugía si me mandó hacer análisis clínicos, en la segunda cirugía no me mandó hacer ningún análisis, me metió así a quirófano, sin análisis previos, sin nada, aun sabiendo el que yo tengo una enfermedad de esclerosis globo medular”.

En sus glúteos aún tiene la sustancia plástica y no le ha sido retirada, el problema es que después de cinco años, estos polímeros pueden causar daños irreversibles y mortales, van desde la pérdida del músculo y grasa del cuerpo hasta emigrar a órganos vitales.

Por su parte, la diputada local Sofía García Mosqueda, señaló que los médicos no contaban, al momento de las cirugías, con la especialidad de Cirugía Plástica y Reconstructiva y la esposa del médico únicamente cuenta con un Diploma de Auxiliar de Enfermera y participaba como primer ayudante en las cirugías, actividad que la deben realizar las profesionistas que cuenten con estudios de posgrado, “para lograr que le rentaran el quirófano en los hospitales y así poder realizar cirugías estéticas, presentaba en los nosocomios Título y Cédula Profesional apócrifas, ostentándose con la Especialidad en Cirugía Plástica y Reconstructiva”.

La legisladora asegura tener información de que el médico intervino entre 2017 y 2019 a más de 133 pacientes, «hacer de conocimiento a todas estas personas, que fueron intervenidas por los imputados, para que acudan a revisarse y que tengan conocimiento de las sustancias que les fueron infiltradas y puedan proteger oportunamente su salud e integridad».

La diputada solicitó al Consejo de la Judicatura del Estado que se vigile y garantice el derecho humano de acceso a la justicia para las víctimas derivadas de la causa penal contenidas contra Roberto Carlos ‘N’ y Jackeline ‘N’ por los delitos de lesiones, responsabilidad médica, responsabilidad profesional y técnica, así como de usurpación de profesiones; además desde el pleno del Congreso Local se exhortó a la Secretaría de Salud Estatal a realizar operativos para la clausura definitiva de los establecimientos señalados, por poner en riesgo la salud pública y de las mujeres y adolescentes; y para el inicio de un proceso de búsqueda de otras posibles víctimas de las personas imputadas.