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Inseguridad y agresiones contra comunidades indígenas en torno al “Tren Maya”

  • Autoridades ejidales mayas decidieron integrarse en na Unión de comisarios ejidales para no negociar en forma individual los asuntos relacionados con el llamado “Tren Maya” que afecten nuestra tierra, territorio y recursos naturales, pues ya son muchos los abusos
  • Piden al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, garantizar su seguridad y la de sus familias ante las crecientes agresiones que estamos recibiendo en nuestras comunidades.

 Efecto Ezpiral.-

Representantes de los ejidos Don Samuel, Miguel Alemán, Haro, Escárcega, División del Norte y Candelaria en el estado de Campeche, nuevamente hicieron un llamado urgente al gobierno Federal, para que garantice su seguridad y la de sus familias, frente a las agresiones y violaciones a derechos humanos que actualmente enfrentan sus comunidades, debido al despojo de tierras que esta sucediendo por el proyecto de construcción del llamado Tren Maya.

“Hace un mes emitimos un comunicado de prensa en el que denunciamos públicamente una serie de fraudes y extorsiones, así como violaciones a derechos humanos por parte de la empresa Barrientos y Asociados, S.A. de C.V, contratada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para llevar a cabo la negociación para la liberación de los derechos de vía para el proyecto denominado “Tren Maya”, señalan en un nuevo comunicado.

Actualmente la situación de inseguridad se ha incrementado en esa zona debido a las amenazas constantes de que son objeto incluso por parte del Ejército Mexicano “Frente a esto, sabemos que unidos somos más fuertes, por lo que hemos constituido una Unión de comisarios ejidales, a través del cual, decidiremos conjuntamente los temas relacionados con el proyecto del “Tren Maya” que afecten nuestra tierra, territorio y recursos naturales. No negociaremos de forma individual con ninguna empresa o entidad del gobierno, sino que de ahora en adelante, en caso de que se retomen las negociaciones, éstas deberán ser con el bloque de ejidos”.

Para ello demandan contar con la información necesaria, de forma previa, oportuna y en un formato culturalmente adecuado, antes de que se nos pida aprobar o tomar decisiones respecto de éste u otro tema que impacte a corto, mediano y largo plazo a sus comunidades.

Esto, debido a que la negociación que la empresa Barrientos y Asociados inició en varias de comunidades estuvo plagado de vicios cometiendo graves irregularidades: “se presentó una persona en las comunidades, identificándose como representante legal de Barrientos y Asociados, con una actitud amable y de apoyo al ejido para ganar la confianza de los representantes, diciendo que estaba ahí para realizar las negociaciones por el pago de derechos de vía del “Tren Maya”. Dicha persona -la misma en todos los casos- en varias comunidades buscó obtener nuestra autorización, incluso levantó actas en algunos ejidos, sin contar con la mayoría de firmas de la Asamblea, y sin la presencia de ninguna autoridad agraria; además, no se ha entregado copia hasta el momento a los ejidatarios”.

Posteriormente, en algunos casos se entregaron cheques a representantes ejidales en el Palacio Federal, sin brindar mayor información, documentos o aclaraciones sobre los montos. En cambio, el representante de Barrientos y Asociados pedía a los ejidatarios que se le regresara la mayor parte del dinero en efectivo, una vez cobrados los cheques, argumentando que era lo correspondiente al pago por las gestiones y servicios profesionales de la empresa. Las personas que se negaron o que pidieron documentos y explicaciones, fueron manipuladas, amenazadas, intimidadas e incluso extorsionadas por el representante de dicha empresa, afirman los representantes ejidales.

“En el caso del ejido Candelaria, se han recibido amenazas y presiones por parte de diversos actores políticos para que nos desistamos del amparo que hemos presentado. Como hemos señalado previamente, nuestra comunidad ya se encontraba en este territorio antes de que se construyeran las vías y, a pesar de ello, insisten en desalojarnos y nos hostigan argumentando que somos invasores”.

“Consideramos importante reiterar que, en todo este tiempo, los representantes de los ejidos siempre hemos solicitado la información sobre los alcances del proyecto “Tren Maya”, y nunca nos han entregado los documentos técnicos, jurídicos, ambientales y sociales de los impactos a generar, solamente nos presionan para otorgar la ocupación temporal”.

En días recientes, en algunos ejidos recibieron la visita por parte de representantes de la Procuraduría Agraria y de Fonatur. Sin embargo, aseguran, la información y el acompañamiento que les brindan siguen siendo insuficientes y poco claros “contrario a su deber de informar y garantizar, pareciera ser que la apuesta de las autoridades es generar división y conflicto al interior de los ejidos. Sobre todo, queremos saber ¿por qué sigue apareciendo con ellos gente de Barrientos y Asociados a pesar de todas las denuncias públicas y penales que hemos presentado en su contra?”.

Respecto de dichas denuncias penales presentadas hace semanas, en algunos casos ante la Fiscalía del estado de Campeche y en otros ante la Fiscalía General de la República, señalan no haber recibido hasta el momento información sobre el avance de las investigaciones y sobre el estado de las denuncias, por lo que exigen que se garantice su derecho constitucional de acceso a la justicia.

“Solicitamos respetuosamente una respuesta por parte del Señor Presidente López Obrador. Somos personas indígenas mayas que hemos habitado estas comunidades y ejidos del estado de Campeche desde hace décadas; tenemos derecho a vivir en paz y con seguridad. Tenemos el derecho constitucional a que se nos garantice un medio ambiente sano; a que se respeten nuestros sistemas normativos internos o denominados usos y costumbres, así como nuestro derecho a la información, participación y consulta; tenemos derecho a vivir con bienestar y dignidad, como cualquier otra persona en México”, finaliza el documento enviado a medios de comunicación y formado por representantes de los ejidos Don Samuel, Miguel Alemán, Haro, Escárcega, División del Norte y Candelaria, con el respaldo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), Indignación A.C, Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz).

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