• Se pretende reciban ayuda profesional adecuada para que superen y controlen emocionalmente la conducta agresiva

Juana María Ramírez.-

La asistencia a programas reeducativos, integrales, especializados y gratuitos; y el trabajo en beneficio de la comunidad; serán acciones obligatorias para las personas agresoras de mujeres, según quedó establecido en la reforma y adición de  diversos artículos a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del Código Penal y de La Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso recientemente aprobada por el Congreso del estado.

Con esto se esperaría no solo la imposición de un castigo, sino una rehabilitación de los agresores, aunque sería en la práctica como se podrán evaluar los resultados.

Diputada Sofía Berenice García Mosqueda.

Con esta propuesta que presentó la diputada Sofía Berenice García Mosqueda, se propone que las personas agresoras tengan la obligación de apegarse a una ayuda profesional adecuada que les permita superar y controlar emocionalmente la conducta agresiva. De esta forma tendrán que asistir de manera obligatoria a programas de reeducación integral para la erradicación de las conductas violentas hacia las mujeres, mismos que se imparten en los centros de rehabilitación para tal efecto.

Además, la reforma establece que en los delitos que por cuestiones de género sean cometidos en agravio de mujeres, se aumentará la pena privativa de la libertad en una tercera parte.

En lo referente al trabajo comunitario que deberán prestar en beneficio de la comunidad las personas agresoras de mujeres, será la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISMH) quién auxiliará en la ejecución durante el proceso penal vigilando que: Presten el servicio social a favor del Estado o de Instituciones de Beneficencia Pública.

Igualmente, se habrá de evaluar en conjunto con la Secretaría de Seguridad aquellos casos en los que se requiere la colocación de localizadores electrónicos; y por último, diseñar e implementar programas reeducativos, integrales y gratuitos, para personas agresoras de mujeres.