Amparan a reclusos de Puente Grande para recibir atención por coronavirus

Juan Carlos Huerta Vázquez.-

 

Fueron concedidas medidas cautelares a cinco internos del penal federal de Puente Grande, quienes presentan síntomas de coronavirus, para que reciban atención médica y medicinas.

Los internos recurrieron al juicio de garantías por la negativa de la administración penitenciaria a atenderlos, y el Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en Jalisco les concedió la suspensión de plano para que las autoridades penitenciarias les brinden la atención requerida de inmediato.

La petición de amparo se registró ante el deceso del líder del grupo delictivo Zetas, Moisés Escamilla May, el ‘Gordo May’, y es que los reclusos enfermos manifestaron preocupación por morir de la misma forma de su compañero de presidio.

El reo fallecido fue hospitalizado en el nosocomio penitenciario por un cuadro gripal fuerte, también presentaba depresión y trastorno de ansiedad, su muerte se debió a un paro cardiorrespiratorio, y dio positivo a coronavirus.

Las autoridades federales de reinserción tendrán que rendir un informe al Consejo de la Judicatura Federal sobre el acatamiento de las medidas concedidas a los quejosos.

 

Quienes son los amparados

WhatsApp Image 2020-05-01 at 5.39.25 PMLos quejosos son: Gustavo Adolfo Galaz Ruiz, Jesús Alberto Martínez Barrientos, José Ángel Zapata Pantoja, Sergio Iván Núñez del Río, y Alan Alfredo Rodríguez Muñoz.

Gustavo Adolfo, de origen sonorense, se encuentra hospitalizado, y es acusado de fraude por la empresa Vimifos, por el delito de fraude específico y falsedad en declaraciones. La empresa es propiedad de Javier Bours Castelo, hermano del exgobernador de Sonora.

Los otros convictos, amparados tienen relación cercana desde antes de su detención, se les considera cómplices, y se les vincula al grupo delictivo Zetas; el es caso de Jesús Alberto, quien fungió como operador financiero de Iván Velázquez Caballero, alias ‘El Z-50’, jefe del cártel de Los Zetas en San Luis Potosí, y al momento de su aprehensión, registrada en 2012,  se le decomisó una nómina, presuntamente destinada al pago de funcionarios del gobierno potosino.

En el operativo de su detención, se aprehendió a José Ángel, ‘el Gordo’ o ‘Cheché’, quien se encargaba del pago de sobornos a autoridades.

En tanto, Sergio Iván Núñez del Río, ‘el Acento’, trabajaba como ayudante del contador; y Alfredo, ‘el Fredy’, era un distribuidor de droga al servicio del grupo delictivo.

Al momento de su aprehensión, se les incautaron dosis cocaína y crack, dispuestas para su venta, además de dos granadas militares, tres armas largas, cargadores abastecidos, cartuchos de diferentes calibres, dinero en efectivo, dos vehículos y equipos de comunicación.

Según los expedientes judiciales, Martínez Barrientos entregaba más de un millón de pesos mensuales en efectivo a funcionarios públicos, policías, e informantes y pistoleros, conocidos como ‘halcones’ y ‘estacas’.

 

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