Arrecian ataques a la libertad de expresión (Columna)

Sin un pelo de…

 

Sergio Villa Pérez.-

WhatsApp Image 2020-01-29 at 1.34.03 PMAdemás de los asesinos a sueldo, que ya han cobrado más de 20 periodistas muertos en esta administración de Andrés Manuel López Obrador, ahora el Poder Judicial se suma a los agresores de la profesión con más de 5 resoluciones en contra de periodistas a quienes hacen responsables de daño moral y los condenan a pagar indemnizaciones millonarias.

En Jalisco esa forma de actuar había estado controlada y a pesar de que se denunciaba continuamente a reporteros, en el Ministerio Público se resolvía la poca materia que le querían dar los quejosos a temas como opiniones sobre conductas de funcionarios que caían en la corrupción.

El caso más emblemático que se registró en esta región del país fue el de Pedro Mellado Rodríguez, columnista del periódico Mural, quien fue denunciado por el ex diputado local Enrique Aubry de Castro Palomino, un avecindado en Guadalajara, procedente de la Ciudad de México, dueño de la franquicia del Partido Verde Ecologista de México en Jalisco.

Aubry, acusó a Pedro Mellado de daño moral por las columnas que publicó desde el 5 de mayo de 2016 al 7 de febrero de 2017, en las que comenta a manera de opinión la conducta del legislador que además fueron reseñadas por otros medios locales ya que fueron conductas públicas tanto en el Congreso como en la vía pública.

A Pedro Mellado el juez Cuarto en materia Civil de Jalisco lo condenó a pagar una reparación del daño a favor de Aubry y la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco ratificó la resolución, lo que motivó a Mellado y sus abogados, entre ellos Jesús Bailón Cabrera a acudir a protección de la Justicia federal que le concedió un amparo a través del Primer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito.

Fueron los magistrados federales los que le corrigieron la plana a los de Jalisco al advertir el criterio mal dirigido de aseverar que una opinión de un periodista es motivo de daño moral y en base a criterios de la Primera Sala de la Suprema Corte resolvieron darle la protección de la justicia, ya que el daño moral realizado por un periodista se debe analizar desde la figura de malicia efectiva.

Pero si bien es cierto que esta resolución en contra de Pedro Mellado estuvo en los términos de resoluciones judiciales responsables, la que sufrió recientemente Sergio Aguayo, es para decir, como dicen en mi pueblo: “Hay que ser puercos, pero no tan trompudos”.

A Aguayo un juez civil de la Ciudad de México, igual local, Francisco Castillo González luego de dar trámite a la demanda de Humberto Moreira, una figura del PRI del que fue legislador local y federal y exgobernador, lo sentenció a una reparación del daño de 10 millones de pesos y en caso de que no los pague el embargo de sus propiedades, para evitar esta acción Aguayo tuvo que depositar una garantía de 450 mil pesos, la sentencia fue ratificada por la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de la Ciudad de México y Aguayo ahora busca también la protección de la justicia federal.

Este caso, ya de por si emblemático sumó a grupos de periodistas de todo el país al considerar que se trata de un ataque flagrante a la libertad de expresión, ya que el demandante alega que, como siempre, las publicaciones dañan su integridad, imagen y honor, no aportan beneficio a una sociedad democrática y favorecen al periodista.

En esta ocasión Aguayo señala en su página que la motivación de Humberto Moreira, es tratar de detener un trabajo de investigación que lleva a cabo el Colegio de México sobre las masacres de San Fernando, Tamaulipas y Allende, Coahuila, que lleva a cabo en convenio con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que coordina Aguayo como profesor – investigador.

Aguayo señaló que a través del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México se realiza un estudio independiente de dos masacres: San Fernando, Tamaulipas en 2010 y Allende, Coahuila en 2011, cuando Moreira era gobernador. En el primer caso ejecutaron a 72 migrantes; en el segundo desaparecieron entre 28 y 300 personas, por lo que la investigación revisa los hechos para explicar cuáles fueron las acciones u omisiones del Estado, la sociedad y la comunidad internacional frente a lo sucedido. Más información: saguayo@colmex.mx.

De ahí el trasfondo, pero además la forma en que jueces y magistrados, principalmente del fuero común se alían, ya se ha documentado como los legisladores y las figuras del poder que son los que nombran a los funcionarios judiciales contemplado por la ley, pero ellos se reparten posiciones y las aprovechan para su beneficio.

Ese es ahora el peor enemigo de la libertad de expresión, las alianzas entre diputados, magistrados y jueces que pagan su nombramiento al servir a los poderosos. Aunque se les haya entregado para servir a la sociedad.

 

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