- Realizan mesa de análisis en el Congreso del Estado
Por Mario Díaz
Las propuestas de iniciativas de ley que presentaron los diputados Pedro kumamoto Aguilar; Mónica Almeida López y Saúl Galindo Plazola en materia de justicia constitucional y anticorrupción, fueron catalogados como muy buenos proyectos pero con algunas inconsistencias, carentes de sustentos argumentativos en algunos temas, coincidieron académicos especialistas en esta materia.
Entre los anteriores se encuentra que no existe una justificación para que los magistrados que vean de temas anticorrupción sean vitalicios, tampoco se explica porqué se decidió que fueran siete de ellos. También llamó la atención el tema de que se pretenda crear una Sala Constitucional Autónoma que consideraron arriesgado que proyecto como una instancia fuera de la jurisdicción del Poder Judicial; Destacaron como un despropósito el que los jueces que lleguen a integrar estas salas fueran electos, dado que en la opinión de algunos de estos especialistas van en contra de la independencia e imparcialidad que debe tener esta autoridad jurisdiccional.
También instaron a los diputados a analizar la utilidad de un Tribunal Constitucional Local, toda vez que los ejemplos en otros estados su labor es casi nulo no así el salario de los jueces que integran estas salas. Además de que los casos terminarán resolviéndose a nivel federal, por lo que existe la posibilidad de que sólo se convierta en una instancia más, que atrase aún más la supuesta justicia pronta y expedita.
Todo lo anterior en busca de emprender un modelo de justicia constitucional completo y eficiente para combatirla, con el propósito de garantizar el estado de derecho a la sociedad.
La Dra. Teresa Magnolia Preciado Rodríguez, del Centro Universitario Tonalá, de la Universidad de Guadalajara, explicó el proceso que se ha seguido a nivel federal y recomendó que localmente es necesario emitir una norma adecuada e integral, ya que por omisiones legislativas en algunos casos no se reúnen los elementos necesarios para hacerla constitucional. Evitar la politización para nombrar a los juzgadores que integren el organismo correspondiente, y seleccionar a los más eficientes y capacitados; y que se analice la postura de que sean vitalicios, a fin de “evitar la formación de cúpulas de poder que generen condiciones de corrupción”.
El Doctor, José de Jesús Ibarra Cárdenas, docente del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), sostiene que para combatir la corrupción a la Fiscalía General del Estado se le debería de otorgar la facultad de levantar el secreto bancario fiduciario y fiscal, toda vez que debe tener la competencia para solicitar a la Comisión Nacional Bancaria deshacerlo para lograr un modelo de combate a la corrupción más efectivo, como el que se tiene en Estados Unidos, España, Chile y que superaría desde luego al modelo nacional.
«Sino lo hacemos, sencillamente los políticos de alto rango van a quedar impunes de los actos de corrupción, el dinero de actos de corrupción en magnitud está en sobornos por obra pública, contratos y adquisiciones».
Propuso que se dote de técnicas y competencias constitucionales para que efectivamente visibilicen la corrupción, levantar el velo para sociedades mercantiles, el fraude de ley, el abuso de Derecho, la desviación de poder, facultad para pedir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no aplicar el secreto bancario, fiduciario y fiscal, en casos que solicite la fiscalía.
Por su parte, el Dr. Armando Enrique Cruz Covarrubias, de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, se refirió a las 22 entidades donde funciona el sistema de justicia constitucional, instó a los diputados a analizar la utilidad de crear esta instancia, toda vez que se convierten en espacios de muy poca actividad pero presupuestalmente muy onerosos.
Hizo la reflexión respecto a que las normas federales generalmente rebasan a las estatales, quitándoles facultades y soberanía. “El problema es estructural, es más fuerte”, pero cualquier intento por abatir la corrupción es bueno y ofreció participar desde el ámbito académico y emitir opiniones sobre ese tema.
«Si decidimos un Tribunal Constitucional el primer reto será luchar con una cultura centralista, en México no vivimos el federalismo en ninguna materia, esto lo dice el 99 por ciento de la doctrina. Las decisiones de la corte siempre resuelva en contra de los estados favoreciendo el nivel federal. Con esta sala debemos de ser cautelosos porque será una instancia más, la gente acude a la primera instancia, luego a la segunda, pudieran llegar al Tribunal Constitucional como tercera instancia, para al final acudir a un Tribunal Federal quien será el que finalmente resuelva», comentó el académico.
El Dr. Luis Antonio Corona Nakamura, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara, dijo que el control constitucional debe entenderse como los instrumentos y mecanismos de defensa para ejercer ese principio de supremacía y explicó las diversas modalidades que existen para su operación, y propuso realizar una reforma integral para rescatar los principios locales, y que al momento de instaurar los controles sean bien fundamentados y terminales, en beneficio real de la sociedad, para que no se reviertan con algún amparo.
Finalmente, el Dr. José de Jesús Becerra Ramírez, del CUCSH de la UdeG., afirmó que hay la oportunidad histórica para crear un tribunal para el Sistema Estatal Anticorrupción, y aprovechar el “momento para hacer un federalismo en serio en donde se respete el estado de Derecho, y darle habilitación constitucional a esta sala” y quienes se propongan para integrarla tengan alta especialización y no que un simple examen se valore si son aptos o no, sino analizar su trayectoria. Además, debe hacerse valer la Constitución en la integración del órgano anticorrupción, para que todos los poderes asuman su responsabilidad, sin replicar los errores de algunos tribunales.
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