- Diputada del PRD quiere complementar el fondo para la contingencia económica familiar
Por Mario Díaz
Para la diputada Mónica Almeida López, no fue sino hasta la coyuntura del llamado gasolinazo, que varios funcionario públicos y actores políticos han anunciado medidas de austeridad que debieron aprobarse ética y jurídicamente en las leyes de presupuesto, pero pareciera que hoy lo hacen por otros evidentes fines que no por la responsabilidad de su función.
Consideró que la distribución de los recursos de la población, no puede quedar sujeta a una subasta mediática o a la buena voluntad administrativa y al contrario debe cumplirse con la ley de disciplina financiera y de fiscalización.
Sostiene que en Jalisco «requerimos una gestión pública seria, responsable y de resultados, por eso la Fracción del PRD el 11 de agosto de 2016 propusimos elevar a nivel constitucional el derecho humano a tener una gestión pública de calidad, en noviembre pasado durante la revisión de las remuneraciones de los servidores públicos contempladas en los tabuladores del Tomo IV del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017, nos percatamos que para 27 mil 954 millones de pesos que corresponde a gasto en servicios personales, no se explica ni se publica el porqué de cada salario, ni si correspondencia al perfil que deberían definirse para cada puesto».
Almeida López, coordinadora de la Fracción Parlamentaria del PRD en el Congreso del Estado, planteó una propuesta para creación del Fondo para la Contingencia de la Economía Familiar 2017, que constaría para este primer año de tres mil millones de pesos y que se regiría por reglas definidas por un comité académico interinstitucional.
Este proyecto buscaría asegurar diversos derechos vitales a los jaliscienses tales como: agua potable, alimentación, derecho a la energía y combustibles, calidad del aire, vivienda digna y sustentable y movilidad.
“Propusimos la modificación a la Ley de Presupuesto para la creación de un Fondo para compensar las problemáticas económicas en diferentes partes del Estado, a partir de invertir en empresas cooperativas solidarias que ayuden al desarrollo del campo.
“Podemos inyectar recursos que ayuden de manera estructural y de fondo al desarrollo de la economía de las distintas regiones jaliscienses, proponemos que esa inversión se oriente a: plantas de tratamiento de residuos orgánicos e inorgánicos para la producción de etanol; impulsar la instalación de mercados de abastos que disminuyan los precios de productos de canasta básica, así como analizar si se requiere pozos de agua, tractores o la adquisición de maquinaria pesada”, expuso la legisladora.
Detalló que los recursos para integrar el monto se obtendrían de la redistribución de dinero asignado a 50 programas presupuestales, particularmente al reducir el gasto burocrático. Señaló que se debe modificar la ley para garantizar la existencia de esta herramienta, y no que sea de uso temporal.
La diputada, propuso que sea un comité académico interinstitucional donde estén presentes el Poder Ejecutivo, las universidades públicas y privadas, instituciones consultivas estatales y federales como CESJAL y CONEVAL, así como la iniciativa privada y la sociedad civil, quienes serán los responsables de diseñar el reglamento que ha de regir el fondo; establecer el coeficiente mínimo vital para lograr su adecuada operación y establecer los programa de operación necesarios para su adecuada implementación, democratizando así la búsqueda de la mejor solución, para hacer frente a esta nueva situación que vive el estado.
efectoezpiral.com 