Juana María Ramírez Gea.- Como un atentado a la libertad de expresión y a la democracia, describieron los alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara los nuevos lineamientos de defensa de las Audiencias por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFET) que entrarán en vigor los próximos seis días. Imponiendo limitaciones explícitas a los comunicadores e incluso poniendo en riesgo de ser denunciados con argumentos dispersos. Los ediles hicieron un llamado para que desde Guadalajara se levante la voz para impedir que entren en vigor dichos ordenamientos.
Encabezados por el alcalde de Guadalajara Enrique Alfaro, los presidentes municipales de Zapopan, Pablo Lemus; Tlajomulco Alberto Uribe; y de Zapotlanejo Héctor Álvarez, los ediles señalaron que las reformas se dieron durante la última sesión del Congreso de la Unión, utilizando el tema del gasolinazo para distraer de la opinión publica este intento de censurar a los medios de comunicación, por parte de un organismo que por alguna razón tiene una autonomía.
“Estamos conscientes que se debe combatir la desinformación y que los ciudadanos tienen derecho a obtener información veraz, pero la pregunta es si una camisa de fuerza impuesta a los comunicadores con este tipo de lineamientos, no permitirá lograrlo, o por el contrario generará abuso de poder e intentonas autoritarias”, señala el comunicado leído por Alfaro Ramírez.
Los ediles cuestionaron la autonomía con la que se maneja el IFET que con el argumento de defender a las audiencias intenta censurar a los comunicadores, pasándose de las raya sus atribuciones señaló Alfaro, pues estos lineamientos implican un claro riesgo para nuestra democracia, al esconder herramientas de control y regulación que desde nuestra perspectiva, representa un atentado contra la libertad de expresión.
Al tener que especificar entre información opinión se pueden guiar a casos de autocensura de os propios comunicadores y periodistas, así como casos de persecución y cooptación por parte de la autoridad. Por ejemplo, la norma exigirá que entre la información y la opinión del periodista exista un espacio, un comentario o una cortinilla. Luego de eso, el conductor podrá emitir una opinión; si alguien -cualquier persona- de la audiencia considera que dicha opinión no está sustentada, podría denunciar al periodista y al medio de comunicación, y ese alguien podría ser cualquier político, funcionario o personaje al que le haya incomodado la información. Las sanciones a que estarían sujetos los medios por una situación de este tipo podrían convertirse en un mecanismo de presión contra un periodista que simplemente está cumpliendo con su función.
El alcalde de Tlajomulco Alberto Uribe hizo un llamado para defender la libertad de expresión, señalando que los defensores de audiencias son en su mayoría ex funcionarios emanados de administraciones panisas y priistas, y el tema dijo “lo sacan a colación de las presiones para acallar el tema, y que pareciera una venganza extraordinaria el sacar esta publicación”.
Por su parte el alcalde de Zapotlanejo, Héctor Álvarez, externó su preocupación de que una situación como la sucedida en Veracruz donde se tienen reportes de un número muy grande de periodistas asesinados y desparecidos pueda pasar en el resto del país, “pareciera que el gobierno federal quiere medios de comunicación sordos ciegos y mudos”, dijo.
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