Por Mario Díaz.- Para Arnoldo Licea González, secretario general del Sindicato de Avanzada del Transporte Público, el incremento al precio del combustible que se anunció para el primero de enero el 2017, traerá lamentables consecuencias, si el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco no autoriza un aumento emergente a la tarifa del transporte público para cobrar por lo menos nueve pesos.
Critica la postura tranquila que al parecer mantiene Mario Córdova España, director general de la dependencia en mención, quien les dijo a los transportistas que para finales de enero del próximo año tendría un estudio sobre el aumento de los insumos en el servicio de transporte público, mismo análisis que considera Licea González ya debe de tener en sus manos.
Al funcionario le dice:
“Los transportistas y el pueblo de Jalisco no viven del erario público, nosotros trabajamos para ganarnos el dinero. No recibimos jugosas cantidades de aguilandos, bonos” por estar sentados en sus oficinas tomando decisiones políticas. Para el líder transportista lo que debe de estar checando el gobierno del estado es que “con este aumento de combustible nos van a partir la madre”.
“No nos podemos esperar a que al señor (Córdova España) se le ocurra a finales de enero o febrero. Este es un tema que ya no es de juego, no nada más del transporte público, es un tema general, social. Lejos de estar pensando en qué vamos a cenar el día último del año, el próximo sábado, deberíamos de estar preocupados de cómo le deberíamos de exigir al gobierno que le den una solución a este problema”, enfatizó Licea González.
Consideró que una tarifa idónea para resolver la situación en el transporte público sería de doce pesos, con lo que se podrían cambiar unidades, prestar un mejor servicio, capacitar mejor a los operadores, pero se dijo consiente en que este aumento sería injusto para los jaliscienses y usuarios de este servicio, por lo que propone como medida para seguir prestando el servicio una tarifa de nueve pesos como medida emergente.
Aclaró que en este momento debe de haber sesenta rutas que con solo el incremento del combustible, sin pensar en lo que aumentarían los insumos como refacciones, llantas entre otros, no están en condiciones de seguir prestando este servicio sin un aumento emergente.
Como solución temporal para evitar la quiebra de los empresarios transportistas, se está planteando la posibilidad de sacar de circulación la mitad de sus unidades, “estoy hablando en serio, y que trabaje nada más la mitad, para que puedan tener el recurso suficiente para comprar el diésel y pagarle al operador. Si hay una descompostura mayor de una de las unidades, ésta ya no estaría en condiciones de prestar el servicio”, lamentó Licea González.
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