Acusan a papá Leonel de tomar parte en conflicto de Tenacatita

Mario Díaz.- Para Francisco Rodríguez, representante legal de un grupo de ejidatarios de El Rebalcito Apazulco, el actuar del magistrado de la Séptima sala Especializada en Materia Civil, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Jorge Leonel Sandoval Figueroa, por algún motivo desconocido toma parte en el conflicto del desalojo de los habitantes de Tenacatica en favor de la inmobiliaria Rodenas y José María Andrés Villalobos.

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Pese a que el Tribunal de Amparo le ha pedido a esta Sala que emita anule la resolución donde apoya a la inmobiliaria Rodenas y al empresario José María Andrés Villalobos, para que emita otra en donde se tome en cuenta el informe del Secretario del Juzgado de Cihuatlán quien actuó la diligencia del 4 de agosto del 2010 cuando fueron desalojados habitantes, empresarios y turistas de la playa de Tenacatita, la postura de Leonel Figueroa se mantiene en contra de los afectados y desoyendo la orden judicial de amparo.

Contexto

El abogado recordó que hace casi tres años  presentaron una queja procesal en contra de la diligencia del 4 de agosto del 2010, por el cúmulo de violaciones a los derechos humanos y al proceso legal que debió seguirse para el desalojo en Tenacatita.

Entre lo que se destaca es que el secretario del juzgado de Cihuatlán puso en posesión de Inmobiliaria Rodenas y José María Andrés Villalobos la zona federal de la playa conocido como Estero Verde y le permitió cerrar la carretera que construyó la Secretaría de Comunicación y Transporte que está a cargo del gobierno del estado.

“El mes de junio del 2014 presentamos una Queja Procesal que sorprendentemente le tocó conocer a la Séptima sala del Tribunal de Justicia (599/2014), sala que preside el magistrado Leonel Sandoval Figueroa. Una Queja Procesal que debería de resolverse en un término de cuatro meses, pero los magistrados de esa sala han tenido el empeño de echar abajo esa queja y han sacado cuatro resoluciones en las que declaran legal la diligencia que se reclama como ilegal, pero sin argumentos jurídicos que puedan sustentarlo”, expone Francisco Rodríguez.

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Para los afectados la prueba de que el magistrado padre del Gobernador del Estado, está a favor de la inmobiliaria, es que por cada resolución que sale de esta sala, se presenta un amparo mismo que se les otorga, “el Tribunal de Amparo le dice a la Séptima Sala que deje sin efecto esa resolución (donde favorece a la inmobiliaria) y que dicte una nueva, tomando en cuenta el informe que debe rendir el Secretario del Juzgado de Cihuatlán que fue quien actuó la diligencia (del desalojo de agosto del 2010) y han hecho artimañas para impedir que esto se pueda realizar”.

Rodríguez, aclara que hace unos tres meses antes de que la Sala Séptima emitiera otra vez su resolución, hablaron con el magistrado Leonel Sandoval, padre del actual gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, y le pidieron que se estaba requiriendo el informe del Secretario del Juzgado de Cihuatlán, se le hizo saber que los expedientes de los que se debe valer este funcionario los tienen en esta sala, por lo que le pidieron a Sandoval Figueroa que los remitiera al Secretario de Juzgado en mención para que pudiera rendir su informe.

A decir de Francisco Rodríguez, el magistrado les dijo que estaba bien, que haría llegar estos documentos al funcionario, pero al momento de volver a emitir la resolución este tribunal mantuvo su postura de impedir que el Secretario del Juzgado de Cihuatlán pudiera rendir su informe.

“Ya no combatimos contra inmobiliaria Rodena, porque al parecer esa empresa no necesita un abogado, porque tiene al Magistrado de la Séptima Sala de su parte. Hemos tenido tres reuniones con el Gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval, quien siempre ha expresado su disposición en apoyar la legalidad de la gente de Tanacatita, pero en realidad no hemos tenido avances. Sentimos que la sala está reteniendo esta queja que dejaría sin efecto todo lo actuado en esa diligencia y regresaría al estado que guardaban antes del desalojo del 2010”, acusa la parte afectada.

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