Retirar vehículos de zonas aparentemente prohibidas para luego realizar cobros excesivos a los ciudadanos
Por Mario Díaz (El Master).-
Multas, cobros elevados enfrentan automovilistas y motociclistas en el municipio de San Pedro Tlaquepaque en donde una presunta red entre agentes viales municipales y empresas de grúas extorsionan a los ciudadanos al levantar su vehículos, fingir que se los llevarán a un corralón para luego negociar su liberación.
La ex diputada de Movimiento Ciudadano por este municipio, Celenia Contreras denuncio de manera pública estos abusos, luego de que ciudadanos y conductores fueron víctimas de operativos en los que sus vehículos se retiraron de la vía pública bajo procedimientos que no cumplen con las disposiciones legales.
Afirmó que los motociclistas y automovilistas estarían siendo objeto de una estrategia sistemática de infracciones y aseguramiento de vehículos, utilizando distintos pretextos para trasladarlos a corralones mediante empresas de grúas. que no están plenamente identificadas, ni se sabe cuántas empresas son.
El problema es que aparentemente estos servicios no se realizan conforme lo marca la ley en donde se establece que se deben de solicitar las grúas mediante llamada de la Cabina Única de la Secretaría de Seguridad Pública, sino que solicitan directamente a través de mecanismos que podrían favorecer actos de corrupción.
Cabe puntualizar que la Cabina Única de Grúas en Jalisco es el mecanismo oficial de coordinación centralizado, dependiente de la Secretaría de Seguridad del Estado y de la Dirección General de Depósito y Custodia Vehicular encargado de gestionar y asignar todas las solicitudes de arrastre, salvamento y resguardo de vehículos realizadas por la policía vial o autoridades competentes
La ex diputada se suma a los exhortos que se han hecho desde la Secretaría de Transporte de Jalisco al Gobierno de San Pedro Tlaquepaque para que cumpla con la legislación y solicitar los servicios de grúas por las vías correspondientes.
También señaló que lo más graves es que una vez que el vehículo es detenido, los ciudadanos tendrían que enfrentar dos escenarios; llevar su unidad al corralón y asumir multas y costos elevados, o recibir una supuesta propuesta para solucionar el problema de manera inmediata mediante un pago irregular.
De acuerdo con la información proporcionada, operadores de grúas estarían ofreciendo a algunos conductores una salida mediante transferencias de hasta 4 mil pesos a cuentas particulares, a cambio de evitar que la motocicleta o el automóvil sea trasladado al corralón.
Celenia Contreras mencionó que de comprobarse estos hechos, no se trataría únicamente de una irregularidad administrativa, sino de posibles actos de corrupción y extorsión que tendrían como principales afectados a ciudadanos que simplemente buscan transitar por las calles de Tlaquepaque.
Además, advirtió que las empresas de grúas y funcionarios municipales estarían actuando en posible complicidad, generando un esquema en el que los ciudadanos quedan en una situación de vulnerabilidad frente a la autoridad.
Aclaró que la ley no es un instrumento para recaudar, intimidar o beneficiar intereses particulares, pues una autoridad tiene la obligación de garantizar seguridad, legalidad y certeza jurídica, no de generar mecanismos que permitan abusos contra quienes diariamente utilizan las calles del municipio.
Por ello, la emeceista exigió al Gobierno de San Pedro Tlaquepaque transparentar cuántos vehículos han sido retirados por grúas durante el presente año, qué empresas han prestado estos servicios, bajo qué contratos o convenios, cuánto dinero se ha recaudado y cuál ha sido el procedimiento utilizado para solicitar cada servicio.
Asimismo, se demanda una investigación inmediata para determinar si existen servidores públicos involucrados en posibles actos de corrupción, así como revisar las transferencias y cobros realizados por particulares relacionados con el retiro de vehículos.
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