En Jalisco reactivará el Consejo para protección de periodistas y defensores de DH

Este órgano dejó de operar desde 2020, señaló el Diputado Alejandro Barragán

Por Mario Díaz (El Master).-

Con el voto a favor de la totalidad de las y los diputados presentes, el Pleno del Congreso del Estado aprobó girar un exhorto al Secretario General de Gobierno para que adopte las medidas necesarias para conformar, instalar y, en su caso, activar el Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas que se encuentran en riesgo, órgano protector que simplemente dejó de estar en funciones.

El acuerdo fue presentado por el Diputado Alejandro Barragán Sánchez, quien propuso se rindan informes claros, completos, periódicos y verificables al Poder Legislativo respecto de las acciones implementadas, los avances alcanzados, el ejercicio y destino del presupuesto asignado, así como el estado que guarda la aplicación de las medidas preventivas, de protección y urgentes previstas en la ley, en favor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

El Legislador de Morena refirió que los riesgos se manifiestan en diversas formas de agresión, que van desde campañas de desprestigio, amenazas y actos de vigilancia, hasta hechos que ponen en peligro su integridad y su vida, lo que evidencia un contexto persistente de violencia en su contra.

“Si bien existe un desarrollo normativo y la creación de instituciones orientadas a la prevención y atención de estas agresiones, persisten omisiones gubernamentales que han impedido consolidar una política pública integral y efectiva. La falta de implementación real y oportuna de mecanismos de protección ha limitado la capacidad del Estado para prevenir los riesgos, atenderlos de manera adecuada y enfrentar las causas estructurales que continúan reproduciendo la violencia contra personas defensoras y periodistas”, indicó el Diputado Barragán Sánchez.

De acuerdo a un informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, publicado en 2022, se advirtió que desde 2021 los mayores niveles de violencia recaen en personas defensoras de los derechos de las mujeres y en quienes acompañan casos de desaparición. Asimismo, la defensa del territorio y del medio ambiente entraña riesgos agravados, particularmente cuando se vincula con pueblos indígenas y conflictos socioambientales persistentes.

En el ámbito periodístico, refirió el Legislador, el patrón de agresiones físicas ha evolucionado hacia la intimidación, la descalificación pública, la obstrucción del ejercicio informativo y la violencia digital, orientadas a debilitar la libertad de expresión y de prensa.

Otro estudio de la Asociación Civil Artículo 19 señaló que entre 2018 y 2024 se documentaron 74 agresiones contra periodistas en Jalisco, con incremento sostenido desde 2019, lo que evidenciaba riesgo persistente e insuficiencia de las medidas estatal de protección efectiva.

Para el caso de Jalisco, desde 2016 la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas establece un marco normativo para salvaguardar la vida, integridad y seguridad de quienes ejercer estas labores, y designa a la Secretaría General de Gobierno como autoridad ejecutora, responsable de diseñar, coordinar, implementar y evaluar medidas preventivas, de protección y urgentes del mecanismo estatal.

También, agregó, prevé la existencia de un Consejo Consultivo como órgano especializado de consulta y participación social, encargado de coadyuvar en la implementación, evaluación y fortalecimiento del sistema de protección, con facultades y atribuciones claramente definidas.

Sin embargo, este órgano no ha sesionado desde 2020 y a ello se suma la ausencia de acciones concretas, verificables y sostenidas por parte de la Secretaría General de Gobierno, en su carácter de autoridad ejecutora, lo que revela un incumplimiento material de las obligaciones legales a su cargo, indicó el Diputado Barragán Sánchez, quien por último dijo que esta inactividad ha generado un escenario de impunidad y desprotección estructural, incompatible con los principios de debida diligencia, prevención y garantía efectiva de los derechos humanos.

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