Democracia fatigada, ciudadanía exigente: El reto de reconstruir la confianza pública

Punto de En-Roque

Edith Roque Huerta, analista jurídica.

La democracia mexicana no está rota, pero sí cansada. El año 2025 dejó al descubierto una tensión que ya no puede ignorarse: las instituciones siguen funcionando, pero la confianza pública se encuentra erosionada. No se trata de un rechazo frontal al sistema democrático, sino de una fatiga cívica provocada por la distancia persistente entre lo que las instituciones prometen y lo que la ciudadanía experimenta en su vida cotidiana.

Las elecciones se celebran, las leyes se aprueban y los gobiernos ejercen sus funciones. Sin embargo, cada vez más personas perciben que estos procesos ocurren sin ellas o, al menos, sin escucharlas. La democracia procedimental se mantiene, pero la democracia sustantiva —la que genera sentido de pertenencia y confianza— muestra signos evidentes de desgaste. Este fenómeno no es exclusivo de México, pero aquí adquiere rasgos propios: desigualdad estructural, violencia normalizada y un acceso a la justicia que sigue siendo desigual.

Uno de los rasgos más visibles de esta fatiga democrática es el desencanto informado. La ciudadanía ya no es pasiva ni desinteresada; por el contrario, está mejor informada, más conectada y más dispuesta a cuestionar. El problema no es el reclamo, sino la respuesta institucional. Cuando las demandas sociales se enfrentan con silencio, burocracia o discursos defensivos, el desgaste se profundiza. La exigencia ciudadana no es un exceso democrático; es su consecuencia natural.

La confianza pública no se decreta ni se recupera mediante campañas de comunicación. Se construye a partir de procedimientos claros, decisiones explicables y capacidad real de corrección. En 2025, muchas decisiones fueron legalmente válidas, pero socialmente opacas. La legalidad, sin pedagogía democrática, resulta insuficiente. El derecho puede ordenar, pero si no se entiende, difícilmente legitima.

La relación entre instituciones y ciudadanía se ha vuelto asimétrica. Mientras las personas ajustan su vida diaria a contextos complejos —inseguridad, precariedad, trámites ineficientes—, las estructuras públicas suelen responder con tiempos largos, lenguajes técnicos y escasa empatía institucional. Esta brecha no es solo administrativa; es profundamente política. Una democracia que no escucha termina por hablar sola.

Otro elemento que profundiza la fatiga es la percepción de que el error institucional no tiene consecuencias. La ausencia de mecanismos visibles de rendición de cuentas y autocorrección genera la idea de que las decisiones públicas son irreversibles, aun cuando produzcan efectos negativos. En un Estado constitucional, la revisión y el ajuste no son signos de debilidad, sino garantías de legitimidad. Cuando la corrección se interpreta como derrota política, la democracia pierde flexibilidad.

Frente a este escenario, el reto no es reducir la exigencia ciudadana, sino elevar la calidad institucional. Reconstruir la confianza pública implica repensar cómo se diseñan las políticas, cómo se toman las decisiones y cómo se integran las voces sociales. La participación no puede limitarse a consultas simbólicas ni a espacios formales sin impacto real. Requiere incidencia, retroalimentación y resultados verificables.

Asimismo, resulta indispensable fortalecer los mecanismos de solución de controversias, mediación y justicia cotidiana. Una ciudadanía que encuentra respuestas tempranas y justas a sus conflictos cotidianos confía más en el sistema democrático que aquella que solo interactúa con el Estado cuando el daño ya es irreversible. La paz social se construye desde lo cotidiano, no solo desde los grandes discursos.

La democracia fatigada no anuncia necesariamente su colapso, pero sí exige atención. 2025 dejó claro que la ciudadanía no ha abandonado la democracia; la está exigiendo con mayor rigor. El desafío institucional es estar a la altura de esa exigencia, no resistirla.

Reconstruir la confianza pública no implica gobernar menos, sino gobernar mejor: con reglas claras, decisiones comprensibles y disposición a corregir. Porque en una democracia viva, la legitimidad no se hereda ni se impone; se construye todos los días.

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