Punto de En-Roque
Edith Roque, Analista Jurídica.
La corrupción en México no es una anomalía: es un sistema operativo. Un engranaje profundamente arraigado que opera con incentivos claros, reglas no escritas y una estructura que castiga a quien se niega a participar más que a quien se enriquece ilícitamente. En este ecosistema, la Fiscalía Anticorrupción, creada como un esfuerzo para combatir la impunidad en el servicio público, se enfrenta a un problema central: nació con expectativas enormes, pero con herramientas minúsculas. La pregunta no es si debe existir, sino qué le falta para que realmente funcione.
Primero, un diagnóstico honesto: hoy la Fiscalía Anticorrupción —tanto federal como estatales— está diseñada para no incomodar a nadie. Tiene presupuesto limitado, depende jerárquicamente de fiscalías generales que pueden o no priorizar su trabajo, carece de independencia para investigar a altos funcionarios y opera con vacíos normativos que permiten que casos relevantes simplemente no avancen.
La autonomía es una palabra fácil de usar, pero difícil de materializar. En México, “autónomo” muchas veces significa “administrativamente autónomo, pero políticamente atado”. Los fiscales anticorrupción son designados dentro de estructuras donde la decisión final suele recaer en el poder político al que eventualmente tendrían que investigar. En esas condiciones, la independencia es más aspiración que realidad.
¿Qué falta? En primer lugar, un modelo de nombramiento por mérito y no por cuotas. Un fiscal anticorrupción elegido por un proceso abierto, con participación de universidades, sociedad civil, barras de abogados y un panel técnico, tendría mayor legitimidad que uno surgido como resultado de negociaciones partidistas.
Además, se requiere inamovilidad real, con periodos no coincidentes con el sexenio y remoción solo por causa grave. Una Fiscalía que cada sexenio cambia de titular es una Fiscalía que no puede investigar lo hecho por sus predecesores ni garantizar continuidad.
Hoy las fiscalías anticorrupción pueden perseguir a funcionarios menores, pero rara vez llegan a secretarios, gobernadores, magistrados o grandes contratistas. No porque no quieran, sino porque no tienen dientes: no pueden iniciar investigaciones por sí mismas sin autorización, dependen de policías que responden a otros mandos, y carecen de equipos especializados en inteligencia patrimonial.
México necesita una Fiscalía Anticorrupción con:
- Unidades de análisis financiero propias
- Acceso inmediato a información bancaria y fiscal, con controles judiciales
- Facultad de investigar redes de corrupción, no solo casos aislados
Sin estas herramientas, la Fiscalía es un espectador del sistema, no un actor de cambio.
Investigar corrupción no es lo mismo que investigar un delito común. Requiere conocimientos técnicos en contratación pública, obra, adquisiciones, derecho administrativo sancionador, auditoría, análisis de datos y lavado de dinero. No basta con buena voluntad.
La profesionalización debe incluir:
- Carrera fiscal anticorrupción
- Sueldos competitivos para evitar captura
- Protocolos claros para investigaciones complejas
- Evaluaciones periódicas y obligatorias
México hoy tiene fiscalías anticorrupción sin suficientes peritos contables, informáticos o financieros. Es pelear una guerra con resorteras.
La ciudadanía debe saber cuántas carpetas se abrieron, cuántas se judicializaron, cuántas se perdieron y cuántas se archivaron. Hoy, esa información es opaca o incompleta. Una institución que combate corrupción debe ser la más transparente del ecosistema, no la menos visible.
Ningún sistema anticorrupción funciona sin quienes denuncian desde adentro. Y en México, hacerlo implica riesgos laborales, personales y, en algunos casos, físicos. Se requiere una ley robusta de protección a alertadores de corrupción, con mecanismos reales de confidencialidad y respaldo institucional.
México ya no puede permitirse una Fiscalía Anticorrupción simbólica. La ciudadanía —especialmente las generaciones más jóvenes— exige resultados tangibles, investigaciones completas y sanciones reales. El país no necesita una Fiscalía que sirva al poder político, sino una que sirva al Estado y a la sociedad.
Lo que falta no es voluntad discursiva, sino instituciones blindadas, procesos claros y suficiente valor para investigar a quien sea necesario.
Una Fiscalía Anticorrupción fuerte no amenaza a los gobiernos honestos. Los fortalece. No es un riesgo para la democracia: es su garantía.
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