Cuando callar enferma: el derecho a denunciar
Edith Roque, analista jurídica.
En un Estado democrático de derecho, la aplicación del derecho no es un trámite burocrático: es justicia en acción. Cada norma, cada reglamento y cada mecanismo de supervisión existe para garantizar derechos, no para adornar discursos. En materia de salud, cuando un funcionario incumple su deber, no solo falla a su institución: vulnera derechos humanos fundamentales. De ahí la importancia de la denuncia ciudadana, herramienta que permite visibilizar negligencias, activar mecanismos de responsabilidad y convertir la indignación en acción legal.
La denuncia no es un acto menor, es el punto de partida para que las Contralorías estatales y municipales, y los Órganos Internos de Control (OIC) desplieguen sus facultades de investigación, sanción y prevención. La ciudadanía que se atreve a denunciar empuja al aparato administrativo hacia la rendición de cuentas.
El artículo 1º de la Constitución, obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. El artículo 4º, por su parte, establece que toda persona tiene derecho a la salud. Cuando un hospital público pierde análisis clínicos, retrasa cirugías o deja sin medicamentos a un paciente, no se trata únicamente de una “ineficiencia estructural”. Muchas veces hablamos de omisiones administrativas atribuibles a personas concretas que no hicieron su trabajo: servidores publicos que no supervisaron, directivos que no planearon, encargados que no distribuyeron.
La diferencia entre lo estructural y lo administrativo es clave. En muchas ocasiones, los daños a los ciudadanos se originan en errores administrativos identificables y sancionables, el médico que no registra correctamente en el expediente, el personal de salud que pierde analisis clinicos, el funcionario que extravía medicamentos, el director que retrasa compras por negligencia. Aquí no hay fatalidad estructural: hay responsabilidades individuales y colectivas que deben exigirse.
El sistema de responsabilidades administrativas, no es decorativo. Fue diseñado para sancionar desde faltas no graves —como incumplimiento de horarios— hasta faltas graves como desvío de recursos, corrupción o negligencia que comprometa derechos fundamentales. El problema es que muchas veces la ciudadanía desconoce cómo activar estos mecanismos, o peor aún, cree que no sirven.
Denunciar no garantiza que el problema desaparezca de inmediato, pero sí asegura que quede registro formal de la irregularidad y obliga a las autoridades a actuar. El impacto de la denuncia puede ilustrarse con casos concretos. En 2024, la CNDH emitió la Recomendación 174/2024 contra el IMSS en Coahuila, donde una mujer falleció tras una cesárea practicada por personal no acreditado. La investigación interna del OIC confirmó omisiones administrativas graves. Sin denuncia inicial, este caso habría quedado como una “complicación médica”. La denuncia transformó la tragedia en evidencia jurídica de responsabilidades.
En la actualidad, muchas personas optan por denunciar en redes sociales las irregularidades que enfrentan en hospitales o instituciones públicas. Sin embargo, aunque las plataformas digitales pueden visibilizar un problema, no sustituyen a los canales formales de denuncia. Publicar en redes no genera un expediente administrativo ni obliga a los funcionarios a responder; en cambio, acudir al Órgano Interno de Control, la Contraloría estatal o la Secretaría de Buen Gobierno activa procesos legales que pueden derivar en sanciones, correcciones y responsabilidades públicas. La denuncia debe presentarse en las vías oportunas y adecuadas, porque solo así se transforma la inconformidad en justicia aplicable y en un mecanismo real de protección de derechos humanos.
La denuncia no es un acto de confrontación contra el Estado, sino un mecanismo de co-creación democrática de justicia. Permite que servidores publicos sepan dónde fallan, que los responsables rindan cuentas y que las instituciones mejoren sus prácticas. La denuncia ciudadana es el puente entre la indignación y la justicia, sin ella, se carece de insumos para actuar. Con ella, se generan expedientes, responsabilidades y sanciones.
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