Transparencia simulada y riesgos de opacidad algorítmica
Edith Roque Huerta, analista jurídica.
La corrupción en México ha sido descrita durante décadas como un fenómeno estructural que erosiona el presupuesto público y destruye la confianza ciudadana. Hoy, en la era de la inteligencia artificial, ese fenómeno no desaparece: se transforma. Los mismos patrones de opacidad, discrecionalidad y abuso que observamos en licitaciones amañadas o nóminas infladas se trasladan ahora a los entornos digitales y algorítmicos.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023 registró 14 mil 605 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes a nivel nacional; Jalisco se ubicó ligeramente por debajo, con 12 mil 193. El dato refleja un problema persistente: la corrupción continúa siendo una experiencia cotidiana para millones de mexicanos. Sin embargo, lo que cambia con la IA es el terreno en el que esas prácticas se reproducen.
El discurso dominante presenta a las nuevas tecnologías como un remedio para la corrupción: algoritmos que detectan patrones de riesgo, sistemas de blockchain que aseguran trazabilidad en las contrataciones, plataformas de big data que monitorean en tiempo real los desvíos presupuestales. Pero, como ocurre con las leyes que se cumplen solo en el papel, también puede convertirse en un nuevo simulacro de transparencia.
Los sistemas algorítmicos se entrenan con datos históricos que, en contextos de corrupción endémica, ya están sesgados. Un algoritmo diseñado para asignar créditos públicos, por ejemplo, puede replicar la discriminación que históricamente excluyó a comunidades rurales o indígenas del acceso a financiamiento. Lo mismo ocurre en licitaciones digitales: si los datos de origen privilegian a proveedores recurrentes, el resultado no es competencia abierta, sino automatización del favoritismo.
La opacidad adquiere así nuevas formas. Frente a una licitación amañada, un ciudadano podía al menos pedir acceso a los expedientes y revisar los contratos. Ante un algoritmo de selección, el criterio de decisión puede quedar oculto tras fórmulas técnicas que ni siquiera las autoridades comprenden plenamente. En este sentido, la tecnología digital corre el riesgo de convertirse en una caja negra de la corrupción: un espacio donde los actos discrecionales se justifican bajo la apariencia de neutralidad tecnológica.
Hacia un control ciudadano del algoritmo
El derecho enfrenta aquí un desafío inédito. Tradicionalmente, el combate a la corrupción se ha apoyado en tres ejes: la tipificación penal, los sistemas de fiscalización y la participación ciudadana. La irrupción exige un cuarto: el control democrático del algoritmo.
Cuando la tecnología se introduce sin vigilancia, el riesgo es la captura institucional. En 2024, la Unión Europea aprobó la AI Act, estableciendo requisitos de transparencia, auditoría y responsabilidad para algoritmos de alto riesgo, incluidas las contrataciones públicas. El mensaje es claro: no basta con que el sistema funcione, debe ser auditable y comprensible para quienes están sujetos a sus decisiones.
México y Jalisco podrían aprender de estas experiencias, la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción ya existe, pero permanece subutilizada. Integrar módulos de analítica de riesgo, tableros públicos de licitaciones y mecanismos de blockchain para sellar las bitácoras de obra permitiría reducir la discrecionalidad.
El humanismo jurídico nos recuerda que la lucha contra la corrupción no se mide en número de expedientes abiertos, sino en dignidad y bienestar concretos. Un sistema anticorrupción con inteligencia artificial solo tendrá sentido si se traduce en colonias iluminadas, escuelas con recursos completos y trámites libres de mordidas. La tecnologia debe servir a la ciudadanía, no al revés.
La corrupción en tiempos de la IA no es menos corrosiva que la tradicional: puede ser más peligrosa porque se esconde tras la apariencia de objetividad matemática. Si permitimos que los algoritmos operen sin control, corremos el riesgo de sustituir la discrecionalidad humana por la discrecionalidad técnica, igualmente excluyente y opaca. La tarea, entonces, es clara: no basta con digitalizar los procesos, es necesario democratizar la tecnología. Solo así evitaremos que la Tecnologia se convierta en la nueva coartada de una corrupción cada vez más sofisticada.
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