México y la crisis silenciosa: el desabasto de medicamentos como violación de derechos humanos
Por Edith Roque Huerta, Analista Jurídica.
En México, desde 2019, se vive una crisis silenciosa que se traduce en dolor, deterioro y muertes evitables: el desabasto de medicamentos. No se trata únicamente de una falla logística ni de un problema técnico; es una violación sistemática y sostenida del derecho a la salud, consagrado en la Constitución y en tratados internacionales que el país ha firmado.
Lo que comenzó como una reforma para centralizar las compras públicas, combatir la corrupción y eliminar intermediarios, terminó siendo una cadena de errores de gestión y decisiones políticas sin sustento operativo. La transferencia del control de adquisiciones a la Secretaría de Hacienda, desmantelando un sistema que —a pesar de sus deficiencias— mantenía niveles de surtimiento de hasta el 90 %, dejó un vacío que no se ha cerrado. Contratos cancelados, licitaciones desiertas, compras emergentes más costosas y falta de experiencia técnica provocaron una crisis de suministro que, entre 2019 y 2023, dejó más de 82 millones de recetas sin surtir, según el colectivo Cero Desabasto.
Detrás de cada receta no surtida hay una historia: un niño con cáncer que interrumpe su tratamiento, un adulto mayor que sufre complicaciones por falta de medicamento para la presión arterial, una mujer con discapacidad que no encuentra analgésicos para su dolor crónico. No son números: son vidas truncadas por la negligencia institucional.
El impacto de esta crisis no es uniforme. Golpea con mayor fuerza a quienes dependen exclusivamente del sistema público: comunidades rurales, personas con discapacidad, pacientes oncológicos, personas con enfermedades crónicas y adultos mayores. En estos casos, la ausencia de medicamentos no solo es una carencia material, sino un acto de discriminación estructural que profundiza desigualdades históricas en el acceso a la salud.
Mientras en zonas urbanas algunos pacientes pueden recurrir a farmacias privadas, en comunidades rurales la opción simplemente no existe. La política de abasto vigente no ha tomado en cuenta estas realidades, imponiendo soluciones centralizadas que ignoran las necesidades y capacidades de cada territorio.
Es cierto que factores externos —como la dependencia de insumos farmacéuticos de China e India, las interrupciones en la cadena global de suministro durante la pandemia y el aumento de hasta 500% en costos logísticos— han presionado al sistema. Sin embargo, otros países de la región, como Chile, Uruguay y Costa Rica, enfrentaron los mismos desafíos y lograron mantener niveles de abastecimiento superiores al 85% mediante estrategias de compra diversificada, producción local y logística descentralizada.
El contraste es revelador: mientras Uruguay opera el Fondo Nacional de Recursos con transparencia y compras auditadas, México apostó a soluciones mediáticas como la Megafarmacia del Bienestar, que en su primer mes surtió apenas 70 recetas, un símbolo de la brecha entre la narrativa oficial y la eficacia real.
En 2025, a pesar de los anuncios presidenciales que prometían resolver el problema en julio, organizaciones como Nariz Roja siguen documentando desabasto, especialmente en medicamentos oncológicos. El discurso gubernamental ha priorizado el control narrativo sobre la solución estructural, optando por promesas y actos mediáticos en lugar de una reforma logística y operativa con enfoque de derechos humanos.
Este manejo revela un patrón: la salud pública se ha convertido en un campo de batalla político donde se privilegia la imagen sobre los resultados, aun cuando ello implique poner en riesgo la vida de millones.
Resolver el desabasto de medicamentos exige una política pública basada en:
- Descentralización operativa con coordinación nacional, para garantizar cobertura real en todo el territorio.
- Producción nacional de medicamentos estratégicos, reduciendo la dependencia de insumos extranjeros.
- Transparencia total en compras y distribución, con auditorías independientes y participación ciudadana.
Estos pasos requieren voluntad política, planeación técnica y una visión de Estado que entienda que la salud no es un favor ni una mercancía: es un derecho humano inalienable.
El desabasto en México es un recordatorio de que el derecho a la salud se garantiza con logística, transparencia y planeación, no con discursos ni inauguraciones simbólicas.
Porque detrás de cada caja de medicamento que no llega, hay un cuerpo que sufre y una vida que podría salvarse, y un Estado que, por acción u omisión, ha fallado en su deber más básico: proteger la vida y la dignidad de su gente.
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