Vivienda en Jalisco debe ser un derecho y no una mercancía: diputado local Omar Cervantes

Impulsa el legislador emeceista reforma al Artículo 4° de la Constitución de Jalisco para garantizar para que todos los habitantes del estado puedan acceder a una casa digna
“El Estado no puede seguir siendo un actor pasivo, sino un garante activo del derecho a habitar”, por lo que debe tomar atribuciones como el de diseñar políticas públicas en ese sentido, y promover financiamientos justos, afirmó ante el pleno del Poder Legislativo.

Por Mario Díaz (El Master).-

En Jalisco, la especulación inmobiliaria, la mala planeación urbana y la gentrificación están desplazando a comunidades a zonas periféricas sin servicios ni oportunidades, denunció el diputado local Omar Cervantes Rivera, quien busca revertir esta tendencia y dejar claro en la constitución que la vivienda debe asumirse como un derecho de las personas y no se trate como mercancía.

Así lo señaló al presentar ante el Congreso del Estado una iniciativa que propone reformar el artículo 4°, párrafo once, de la carta magna de Jalisco “para darle contenido sustantivo y obligatorio a un derecho que hoy está formulado de manera general y ha sido insuficiente ante la crisis de vivienda que enfrentan miles de familias”, advirtió tras presentar el documento ante el pleno de las y los diputados.

Indicó que esta reforma es necesaria “porque la vivienda se ha convertido en un producto y no en un derecho. Porque los jóvenes, las mujeres violentadas, los pueblos originarios y las personas en situación de vulnerabilidad no pueden acceder a una vivienda digna bajo el actual modelo de mercado”, argumentó.

El legislador del Partido Movimiento Ciudadano ha sido promotor de acciones en favor de abrir oportunidades de vivienda asequible como el programa Renta tu Casa en Tlajomulco, y es autor del libro Casa llena, corazón contento, que documenta esas experiencias.

En ese sentido, Cervantes Rivera afirmó que, actualmente, prevalecen los abusos u omisiones de algunas inmobiliarias y en los costos de créditos y arrendamiento ante las especulaciones del uso de suelo y la zonificación ante la falta de una metodología del diseño participativo urbano.

“Incluso se ha vuelto común cobrarte un costo alto por el simple hecho de contar con todos los servicios, así como volver el acceso a la vivienda en un negocio o en un rubro en el que se interviene con tintes de poder político para obtener un beneficio, y no un proyecto de inclusión social en el sector público”. aseveró.

En respuesta, “tenemos que reconocer que el Estado no puede seguir siendo un actor pasivo, sino un garante activo del derecho a habitar. Por eso, la propuesta es establecer obligaciones concretas en ese sentido”.

Entre estas atribuciones, mencionó que el Estado debe asumir el diseño de políticas públicas inclusivas, y también garantizar vivienda para personas con discapacidad; además de promover financiamientos justos.

Experiencia aplicada

“Esta iniciativa-que articula justicia social, desarrollo urbano y derechos humanos- no parte de cero. Está acompañada de un proceso de análisis y escucha: desde las mesas de análisis de vivienda que hemos realizado, desde el programa Renta tu Casa, y desde la colaboración con autoridades, expertos y sociedad civil”, asentó.

En respuesta a la crisis de vivienda actual, con el Artículo 4°-que promulga la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano– ya reformado en la constitución, el párrafo once diría expresamente que “toda persona tiene derecho a disfrutar de una vivienda adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria”.

De igual forma La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios para hacer efectivo este derecho: “Estos instrumentos deberán sustentarse en una política de vivienda social del Estado, que incluya a trabajadores, personas sin ingresos fijos, jóvenes, mujeres víctimas de violencia, comunidades y pueblos indígenas, comunidades afromexicanas y grupos en situación de vulnerabilidad, con especial atención al interés superior de la niñez”, detalló.

Destacó por último que su iniciativa retoma estándares internacionales de derechos humanos para definir lo que debe entenderse por vivienda adecuada, con conceptos como: Habitabilidad, seguridad jurídica en la tenencia, asequibilidad, accesibilidad, ubicación apropiada, adecuación cultural y disponibilidad de servicios.

El dato

Según investigadores del CUAAD de la Universidad de Guadalajara, en tres décadas, el municipio de Guadalajara ha perdido más de 260 mil habitantes, lo que ha generado viviendas desocupadas y deshabitadas, evidenciando la falta de políticas públicas para mitigar el problema.
Conforme a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en su informe titulado “Derecho a la Vivienda” de 2018, señala que en nuestro país hay aproximadamente 14 millones de hogares que no gozan este derecho constitucional, lo que representa el 45 por ciento del total de casas o vivienda reportadas en aquella época.
Asimismo, el Coneval señala que la situación es más grave en la zona rural pues se estima que 8 de cada 10 viviendas carecen de espacios dignos, rezagos de construcción (se quedan áreas o espacios en obra negra) incluso el utilizar materiales de mala calidad por los altos costos de materia prima, dándose especialmente en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
Los nuevos datos e información de ONU-Hábitat, 2020 describen que hay casi 2,000 áreas metropolitanas en todo el mundo, en las que actualmente vive un tercio de la población mundial. ONU-Hábitat predice que para 2035, la mayoría de la población mundial vivirá en áreas metropolitanas.
Conforme a datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México de las 43.9 millones de viviendas particulares existentes 6.1 millones están deshabitadas, esta cifra se incrementó en un 2.4 por ciento respecto del año 2010 cuando solo había 4.9 millones de viviendas bajo esta circunstancia.
Los resultados del mismo censo también reflejan que hay 2.5 millones de viviendas de uso temporal u ocupación esporádica, es decir que solo se usan pocos días al año como los fines de semana, este tipo de viviendas en 10 años se incrementaron en 500 mil unidades.

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