- No hay voluntad política para combatir realmente este flagelo social, destaca el Observatorio del Sistema Estatal Anticorrupción
- La llamada Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de 2018 a junio de 2024, abrió 6 mil 119 carpetas de investigación y solo logró judicializar 409, el 6.68%
Por Mario Díaz (El Master.-
Esta mañana el Observatorio del Sistema Estatal Anticorrupción presentó en el Congreso del Estado y con la ausencia de todos los diputados de la LXIII Legislatura su noveno informe de actividades en donde quedó en claro que no existe voluntad política para combatir realmente esta práctica en Jalisco.
Si bien existen en cada una de las dependencias estatales, municipales y federales los Órganos Internos de Control y se cuenta también la Contraloría del Estado, la Auditoría Superior del Estado y por si fuera poco se suma la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; se cuenta con los órganos sancionadores como el Tribunal de Justicia Administrativa, el Supremo Tribunal y el Consejo de la Judicatura.
El artículo 5 de la Ley del Anticorrupción del Estado de Jalisco, ordena establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la realización de un trabajo sistémico y coordinado entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno, para, lograr su objetivo, que es: prevenir, detectar, investigar y sancionar hechos que la ley señale como delitos o faltas administrativas graves en materia de corrupción.
En la realidad se trata de letra muerta, reconoce Cecilia Díaz Romo, coordinadora de este observatorio, al señalar que “el sistema no cuenta con mecanismos de coordinación operativos realmente funcionales entre las instancias que lo integran y mucho menos con los prometidos sistemas de inteligencia de los que se habla en los planes de trabajo. Todo lo anterior trae como consecuencia el bajísimo porcentaje de asuntos que han llegado a la sanción”.
Expuso que en lo que concierne al proceso de la detección e investigación de presuntos delitos de corrupción, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de 2018 a junio de 2024, abrió 6 mil 119 carpetas de investigación, de las cuales judicializó 409 que representa solo el 6.68 por ciento.
“Es un hecho que no toda carpeta de investigación debe llegar a juicio, sin embargo, este porcentaje está muy por debajo de los estándares internacionales de los países que, como México, pertenecen a la OCDE”.
Según los mismos estándares, en países de alta corrupción, sería necesario además de un alto grado de especialización, tecnología avanzada y cooperación interinstitucional, dedicar al menos un investigador especializado por cada 100 mil habitantes.
“Jalisco, con una población, de 8 millones 348 mil 151 habitantes, según el censo de 2020, debería contar con al menos 85 investigadores abocados al tema de la corrupción. Preguntamos cuántos Ministerios Públicos tiene la Fiscalía Anticorrupción y la respuesta fue que es información reservada por seguridad pública”.
Una vez que estas 409 carpetas llegaron al poder judicial para determinar un posible delito y su correspondiente sanción, sólo 15 (3.67 por ciento) llegaron a sentencia; 12 (2.93 por ciento) fueron condenatorias y 3 (0.73 por ciento) absolutorias.
“El combate a la corrupción en Jalisco no ha sido prioridad, ni ha tenido la voluntad política para dotar al aparato de justicia con presupuestos suficientes para dotar a todo el aparato de justicia de los recursos indispensables tanto humanos como materiales, para obtener mejores resultados”.
“En lo correspondiente a las faltas administrativas graves el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, de 2018 a julio de 2024, sólo ha recibido 717 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRAS) de los cuales, 450 están en trámite, 82 se regresaron al ente que los originó, 70 no tienen pronunciamiento y se han emitido 74 sentencias; 54 absolutoria y solo 20 condenatorias”, puntualizó Díaz Romo.
Para Salvador Mancera, colaborador del observatorio es un hecho que el combate a la corrupción en Jalisco no ha sido prioridad, ni ha tenido la voluntad política para dotar a todo el mecanismo, de los presupuestos suficientes para fortalecer sus acciones. Los diferentes engranes de este mecanismo siguen estando débiles y los indicadores más visibles son:
- Fiscalía Anticorrupción rebasada por la demanda y sin la suficiente independencia y recursos materiales y humanos para aliviar la situación.
- Órganos internos de Control (OIC´s) en su mayor parte incompletos y frágiles y, además, supervisados por quien debe ser vigilado. Unos cuantos operando con la estructura que mandata la ley y muchos más simplemente inexistentes.
- Normativas incoherentes o incluso contradictorias entre leyes generales y locales que obstaculizan o, incluso, anulan el flujo de los procesos.
- Ausencia total de los prometidos sistemas de inteligencia anticorrupción cuya consecuencia es la deficiente vinculación y coordinación interinstitucional que existe.
- Insuficiencias graves en el diseño de mecanismos de comunicación y criterios homologados entre las instancias que tramitan los casos de presunta corrupción, desde su inicio hasta su sanción.
“Como consecuencia directa de lo anterior y de otros factores, la corrupción sistémica continúa y la impunidad, además de generar más corrupción, impide el progreso y la justicia en la comunidad”.
“Si, como vemos, no hay una evidencia clara de buenos resultados del Sistema, es entendible que, de cara al nuevo gobierno de la república mexicana haya propuestas de reformas para su rediseño o incluso desaparición”.
Instaron y exhortaron a los integrantes del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco a realizar una profunda reflexión y autocrítica con fines constructivos acerca de lo alcanzado, no como siete instancias independientes, sino como engranajes o eslabones de un mecanismo o cadena mayor y más compleja “y preguntarse, a casi siete años de su existencia, ¿qué resultados concretos y medibles puede exhibir ante la ciudadanía el Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco tomando en cuenta el mandato completo: Prevenir Detectar Investigar y Sancionar”.
Para Alejandro Bayardo otro de los colaboradores del Observatorio del Sistema Estatal Anticorrupción, existen también deficiencia en el área legislativa, “aunque el sistema anticorrupción existe formalmente en los hechos no puede operar como sistema, cada una de sus partes tiene su propia legislación y mecanismos de evaluación, incluso hay cuestiones que no pueden poner en conjunto dentro de sus presupuestos para colaborar porque pueden ser observados por la Auditoría Superior por utilizar los recursos que no está contemplada en la ley”.
“La ley creó de facto el sistema, pero no estableció mecanismos adecuados para obligar a fomentar y favorecer esta colaboración sistémica, cada una de las dependencias que integran el sistema tienen que dar cuenta de lo que están haciendo porque sobre eso se le exigirá que explique los resultados que dio, pero no hay una exigencia de que se procure desde la parte legislativa”, lamentó Alejandro Bayardo.
Incluso expuso que en el Congreso del Estado se hicieron los intentos de la reforma del sistema anticorrupción, pero no fueron atendidas ninguna de sus propuestas.
Finalmente la coordinadora de este organismo ciudadano expuso que ante la falta de resultados, existe una seria amenaza de que este observatorio desaparezca.
.@observa_org .@SEAJalisco .@cpsseajal .@jaliscomovamos .@LegislativoJal .@DipCiudadanos .@EnriqueAlfaroR .@mario_daz .@juanamaria298 .@maldoro .@jchuertavazquez
#ObservatorioDelSistemaEstatalAnticorrupción #RendiciónDeCuentas #NovenoInforme #Transparencia #SinVoluntdPolítica #LegislaturaLXIII #MalEnCorrupción
efectoezpiral.com 