La fracción parlamentaria de Morena presentará ante el Pleno del Congreso reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y la Ley de Hacienda

Por Mario Díaz (El Master).-

Para la diputada del partido Movimiento Regeneración Nacional en Jalisco, María de Jesús Padilla Romo, los cerca de 352 millones de pesos que el estado recauda al año por concepto del 3 por ciento de impuesto por hospedaje debe dejar de ser para supuesta promoción turística y ser utilizado para crear las condiciones para el turismo incluyente.

En rueda de prensa, que realizó para exponer los pormenores de esta iniciativa, recordó las palabras del Ejecutivo Nacional, “no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre, es algo inaceptable”.

Y expuso que gastarse el dinero de la gente en calcomanías para el casco de un piloto de élite, en referencia Sergio “El Checo” Pérez y que pagar a funcionarios públicos que ganan más que el presidente de la República y el ofrecer banquetes con finos canapés consideró que es una deshonra para la dignidad de Jalisco.

Sostuvo que estos ejemplos son el tipo de cosas que el Gobierno del Estado hace con el dinero que recauda del impuesto sobre hospedaje, mientras los pueblos y ciudades sufren limitaciones presupuestarias para dar servicios a la gente.

Aclaró que este impuesto tiene una tasa del 3 por ciento que para el presente año representará ingresos para el Estado por unos 352 millones de pesos.

“El problema es que por disposiciones legales este dinero se reparte y administra a través de los llamados fideicomisos de turismo, permitiendo un gran margen de discrecionalidad. Pues una vez que son captados, los recursos ingresan a las arcas públicas y luego se transfieren a los fideicomisos, cuyo ejercicio queda regido por disposiciones contenidas en instrumentos de derecho privado y sujetos a la decisión de las personas que integran sus órganos de decisión”.

En este punto hizo hincapié en que la supuesta información pública fundamental de estos fideicomisos no está transparentada. Considerando que son 350 millones de pesos que no pueden rastrearse por el escrutinio público y que a su consideración se utilizan al “prudente arbitrio” de unos pocos empresarios y funcionarios públicos.

Caja chica

Recordó que el caso de Puerto Vallarta es especialmente llamativo porque, existía un fideicomiso que cobraba directamente el impuesto a través del Ayuntamiento y lo gastaba todo en promoción turística o por lo menos ese era el rubro al que se etiquetaba.

Pero, el 06 de febrero de 2020 el Gobernador ordenó la extinción de fideicomiso de Puerto Vallarta para restituir la facultad de cobro al Estado y ordenó la práctica de auditorías, entre otros motivos, por presuntos abusos como el sueldo del director que cobraba 193 mil pesos mensuales y algunas otras cuestiones que ponen en entredicho la correcta administración de los recursos públicos.

Al efecto, se creó un nuevo Fideicomiso de naturaleza estatal, pero del cual, destacó, no se sabe nada de su funcionamiento porque a la fecha no se encuentran publicados los datos relativos a su operación, otro dato que expuso es que las solicitudes de información pública que fueron hechas para aclarar estos puntos tampoco recibieron respuesta alguna.

“Este fideicomiso opera al margen de la Ley de Transparencia a pesar de que se gastan casi la mitad de los recursos obtenidos del impuesto sobre hospedaje; caso semejante ocurre con el otro fideicomiso que más dinero recibe: el de la Zona Metropolitana de Guadalajara”.

“De estos fideicomisos se dispuso una parte del dinero para el patrocinio del piloto Sergio “El Checo” Pérez, con el objeto de que promoviera al Estado colocando una imagen en su casco como competidor en la Fórmula 1. Nuestro Grupo Parlamentario, propuso un acuerdo legislativo donde solicitaba la cancelación de estos contratos porque, entre otras cosas, contraviene varias disposiciones de orden público”, señaló Padilla Romo.

Según la información que obtuvo la diputada se tomaron tres millones y medio de pesos que salieron del Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, y seis millones de pesos del Fideicomiso Público para la Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta.

Turismo inclusivo

Por lo que a su juicio resulta prioritario legislar sobre el tema, “porque mientras unos cuantos dilapidan los dineros públicos, existen sectores desprotegidos que urge atender”.

“En un ejercicio de congruencia, la Bancada de la Esperanza tiene el compromiso de ocuparse del tema y al mismo tiempo abonar para saldar la deuda histórica, que tenemos todos, con las personas con discapacidad”.

Expuso que en el Estado viven un millón 264 mil 817 personas con discapacidad, limitaciones o con algún problema o condición mental; esta población representa el 15.2 por ciento del total del estado.

Sin embargo, la distribución del presupuesto apenas tiene destinados 30 millones de pesos para su atención en el presupuesto transversal de derechos humanos, y no incluye obras ni equipamientos, para facilitar accesos y desplazamientos para personas con discapacidad. Menos aún, programas de turismo inclusivo.

“Un destino que se abre para recibir a las personas con alguna limitación física revela la calidad humana de sus anfitriones y garantiza su sustentabilidad a largo plazo, porque no existe futuro posible para una ciudad que excluye a una sexta parte de la humanidad”.

“Por estos motivos, quiero poner a su consideración una iniciativa que atiende los dos temas: transparenta y regula los ingresos obtenidos del impuesto sobre hospedaje e implementa un criterio de justicia distributiva para el destino de estos recursos públicos”.

“Creo que es la razón de ser de la política es aspirar a una vida digna e igualitaria para todas y todos, por esa razón mantengo firme la esperanza de que nuestro proyecto será aprobado pronto”.

Propuesta

En la iniciativa que presentará ante el Pleno del Congreso, expone continuar con la canalización de los recursos a favor de los municipios, pero dejando establecido que solo podrán usarse para promoción turística (como se ha venido haciendo), pero sujetos a lineamientos especiales que garanticen la optimización de los recursos para el máximo impacto de las campañas publicitarias y con la prohibición expresa de utilizar este dinero para fines de promoción personal o patrocinios injustificados.

Propone también abrir las posibilidades de gasto para incluir otros rubros que inciden sobre el bienestar de la gente, y que hacen a las ciudades más bonitas y antojables de visitar: infraestructura urbana, seguridad pública y equipamiento para la accesibilidad de las personas con alguna discapacidad.

 En otro punto se establece que se limita el gasto administrativo (burocrático) al 3 por ciento de los ingresos obtenidos por esta vía.

 Mediante un artículo transitorio se establece que al menos el 50 por ciento de los recursos del impuesto sobre hospedaje de los próximos 5 años será invertido en equipamiento para la accesibilidad de personas con discapacidad, pudiendo ampliar el monto y los plazos indefinidamente.

Con esta medida se dispondrán de al menos mil millones de pesos para contribuir a la autonomía y libertad de muchas personas que viven con barreras físicas que les impiden un proyecto de vida en igualdad de circunstancias.

Se ordena a la Auditoría Superior del Estado que fiscalice los recursos de los fideicomisos de los últimos cinco años.

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