Jaime Hernández Ortiz[1]

El actual debate de que se ha generado a raíz de la revocación de mandato ha polarizado posiciones sobre si debe desaparecer el Instituto Nacional Electoral, modificarse o re adscribirse al gobierno.

Cualquier decisión que se tome implica decidir también si los órganos electorales, incluso los institutos electorales en los estados lleven la misma suerte; y si ello implica también la desaparición de los tribunales electorales.

Valdría la pena preguntarnos si con cualquier decisión que se tome se tiene garantizado que se mejore la calidad democrática de los procesos electorales del país.

Sistema complejo

Nadie duda que nuestro sistema electoral debe perfeccionarse; lo cierto es que dadas las nuevas tecnologías y los mecanismos de participación ciudadana – que no son infalibles-, han permitido cada vez más certeza ante las dudas y frecuentes prácticas fraudulentas del pasado, por lo que, sin duda, hoy se respeta mejor el voto ante numerosos procedimientos para su defensa.

Ejemplo de ello es que gracias a las reformas electorales que se desarrollan a partir de 1994 ha permitido la alternancia en el poder a nivel federal y en casi todos los estados de la República y donde se judicializa la política.

Transitar de un modelo de partido de estado a uno que asegure plena independencia y competencia de todos los partidos frente al estado, eliminando cualquier oficialismo, no deja de ser preocupante si se trata de brindar herramientas que respondan a las necesidades del México actual, como ha sido, por ejemplo, la inclusión de minorías y de independientes que antes estaban excluidos.

El sistema electoral mexicano ha tenido una evolución muy compleja. Al menos cinco o seis reformas relevantes han tenido en los últimos treinta años y todas ellas superando una a la otra, no anulándolas, lo que revela un mejoramiento.

La última de ellas ha sido justamente al iniciar el sexenio de Enrique Peña Nieto que configura el actual modelo con la Ley General de Partidos Políticos y a la conformación de los llamados OPLES.

Es previsible que exista una más, la que propone Morena y la Cuarta Transformación, propuesta que hasta el momento desconocemos en su versión final, dado que se ha expresado fundamentalmente en medios de una manera genérica. Pero esto no significa que sea la reforma del punto final.

Puntos inevitables

A mi modo de ver diversos puntos deben ser analizados para una reforma que amplíe los causes democráticos de la ciudadanía: una, que tiene que ver con  acotar las facultades discrecionales de los partidos políticos que actúan aún con bastante opacidad; otra, que tiene que ver con la fiscalización y el ingreso de dinero no regulado que contribuye a la compra de candidaturas; otra, relacionada  con el control de medios de comunicación y redes que manipulan campañas y, otra, con el sistema de justicia, que permita a la ciudadanía y terceros intervengan en procesos que hasta el momento no son parte.

Hay muchos otros puntos más que habrá de analizar como son los tiempos de campaña, la participación de grupos vulnerables, y las candidaturas plurinominales que, desde mi punto de vista deben seguir existiendo porque permiten la participación de toma de las decisiones por grupos minoritarios, pero que, deben estar ocupadas por personas de reconocido compromiso ciudadano; es decir, ciudadanos de intachable trayectoria, lo que no sucede hasta la fecha y que siguen llegando por cuotas clientelares y cupulares.

.@INEMexico, .@lorenzocordovav, .@lopezobrador_

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[1] _{Maestro en derecho por la Universidad de Guadalajara y Doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco.}