La diputada pretende frenar los acuerdos políticos que evitan la procedencia de Juicio Político contra funcionarios
Por Mario Díaz
Los números la avalan, de las 171 denuncias de Juicio Político que se han acumulado desde la Legislatura LIX, LX y lo que va de la LXI, en el Congreso del Estado sólo en un caso se concluyó este procedimiento, las 170 expiraron al año de estar en la congeladora de la Comisión de Responsabilidades o simplemente los diputados decidieron que las faltas no eran de gravedad por lo que dejaron al inculpado libre de toda culpa.
Corrupción, compadrazgos políticos, te cuido para que me cuides, calladitos se ven más bonitos, mafia política, hermandad de la corrupción, son solo algunos calificativos que se ganan a pulso los diputados, que amparándose en la subjetividad de la ley y en esos vacíos legales dejan sin culpa a sus correligionarios denunciados, con mayor razón si pertenecen al mismo partido político.
Ante esta situación y aprovechando que todos los políticos y funcionarios de los tres niveles de gobierno cacarean las reformas anticorrupción, la diputada Fela Pelayo López, anunció que pretende reformar la Constitución Política del Estado de Jalisco así como la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, para especificar las causales de responsabilidad y agilizar su procedimiento en la figura de Juicio Político.
Quiere ver, al parecer, si es cierto que quieren combatir en serio la corrupción o sólo son simples declaraciones mediáticas.
«Uno de los puntos más importantes es que se fijan causales de responsabilidad específica, son muy genéricas, no hay claridad de los actos u omisiones que puedan ser sancionadas. Un ejemplo, actualmente el Juicio Político habla de que una denuncia puede o no proceder depende de qué tan grave o no grave sea, es totalmente subjetivo», toda vez que es a juicio de los diputados que integran la Comisión de Responsabilidades quienes dictaminan la gravedad de los hechos denunciados, quedando en evidencia que por lo general se absuelven a los funcionarios de estas imputaciones.
«Lo que se propone es que se debe especificar la gravedad de la denuncia, como daños económicos, patrimoniales al estado, que afecten el funcionamiento de las dependencias, con esto se acota la subjetividad con que se maneja hoy en día», señala Pelayo López.
Otro de los puntos es que se acotarán tiempos para el proceso, se propone que no sea mayor a los 6 meses, «actualmente la Comisión de Responsabilidades al año de permanecer la denuncia, simplemente se elimina, es como si nada hubiera pasado, y esto se utiliza por muchos políticos para defender a quien haya incurrido en delitos».
Con esta reforma si no se atiende a tiempo, es decir, si los diputados de la Comisión de Responsabilidades tratan de congelar la denuncia del ciudadano, los legisladores serán sujetos a Juicio Político.
«Estamos reformando que todas las denuncias que cumplan con los requisitos de ley tienen que tener un trámite. Lo que se propone es que se revise que los requisitos de ley estén contemplados en la misma para que entonces inicie el juicio, se notifica al denunciado que tendrá diez días para una respuesta y esta es devuelva a la comisión y tendrá que definir si procede o no, valorando las pruebas a partir de las causales que estamos proponiendo», determina Fela.
De proceder el Juicio Político, será en sesión ordinaria y ante el Pleno del Congreso del Estado que el denunciado se enfrentará a una auditoría pública.
Y será este mismo Pleno quien tendrá que votar un dictamen de sentencia que emita la Comisión de Responsabilidades, en el que podrá sancionar al funcionario.
«Hay muchos casos de impunidad, ya estamos cansados de que la clase política se defienda entre ellos», finalizó diciendo Fela Pelayo.
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