Por Mario Díaz
En el Congreso del Estado se dio cuenta de la iniciativa de decreto mediante el cual se reforman los artículos 29 y 22 bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, presentada por el ciudadano Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador constitucional del estado de Jalisco.
En el documento se establece que se impondrá de veinticinco a cuarenta y cinco años de prisión a la persona que cometa el delito de feminicidio, entendiendo como tal a quien prive de la vida a una mujer por razones de género y concurran una o más de las siguientes conductas:
Cuando exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo, amistad o cualquier otra relación de hecho; cuando exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, docente o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad; cuando el sujeto activo haya cometido actos de odio o misoginia contra la víctima; cuando de la escena del crimen se despendan indicios de humillación o denigración de parte del sujeto activo hacia la víctima.
También cuando se hayan infringido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones a la víctima, previas o posteriores a la privación de la vida; cuando existan antecedentes de amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo contra la víctima.
En el caso de que la víctima sea persona menor de edad o persona con discapacidad, se impondrán de treinta a cincuenta años de prisión.
Se analiza también que se aplique una multa de 500 a mil el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA que es de 75.49 pesos), que iría de los 37 mil a los 75 mil pesos.
Para la diputada Rocío Corona Nakamura destacó que otras de las reformas que se pretenden realizar al Código Penal de Jalisco es sancionar a los servidores públicos que retarden o entorpezcan dolosamente o por negligencia al momento de impartir justicia, a quienes se impondrá de uno a cuatro años de prisión y multa de 20 a 100 veces el valor de la UMA.
Otro punto en análisis es el establecer la reparación integral del daño, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Víctimas tanto General como local, y la pérdida de derechos que el homicida tenga con relación a la víctima.
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