El diputado por MC y el Instituto de Justicia Alternativa ven con buenos ojos la cláusula de arrendamiento para proteger tanto al arrendatario como al arrendador
Por Mario Díaz (El Master).-
Con el propósito de brindar certeza jurídica tanto a arrendadores como a arrendatarios, el diputado Omar Enrique Cervantes Rivera (MC) presentó la propuesta “Renta Segura”, una iniciativa que plantea reformar diversas disposiciones del Código Civil, la Ley de Justicia Alternativa, la Ley de Vivienda y la Ley de Catastro Municipal.
Estas reformas surgen toda vez que, en Jalisco, miles de familias enfrentan conflictos por arrendamiento que se prolongan durante meses o años en tribunales saturados. La falta de contratos formales y mecanismos de mediación ha convertido el derecho a la vivienda en un terreno incierto y desigual.
Con la iniciativa “Ley Renta Segura”, el vice coordinador del Grupo Parlamentario del partido Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso del Estado, Omar Enrique Cervantes Rivera, propone transformar el mercado de rentas en el estado, para integrar un nuevo modelo basado en la Justicia Alternativa, la equidad entre arrendadores e inquilinos y la certeza jurídica como base para una convivencia urbana más humana.
El legislador explicó que la propuesta tiene como finalidad establecer mecanismos de confianza y protección en los contratos de arrendamiento, garantizando el acceso efectivo a la justicia en las relaciones de arrendamiento habitacional mediante cláusulas preventivas de métodos alternos de solución de controversias.
“Busca sentar las bases de un mercado inmobiliario más transparente, equitativo y eficiente, donde la certeza jurídica sea un derecho para todos y no un privilegio”.
Además, propone la creación de un Contrato Modelo de Arrendamiento Habitacional, validado por el Instituto de Justicia Alternativa (IJA), que promueva condiciones equitativas y esté vinculado al Registro Estatal de Vivienda, fortaleciendo así, la gobernanza territorial y la política pública de vivienda para habitar.
Cervantes Rivera destacó que “el 30 por ciento de la población paga una renta y más de la mitad no tienen un contrato de arrendamiento, por lo que esta iniciativa forma parte de la estrategia denominada ’Derecho al techo’, su objetivo es lograr que cada persona pueda habitar con tranquilidad y paz, y que en las situaciones de conflicto se pase de la confrontación al entendimiento y del litigio al diálogo”.
“Esto significa que miles de familias habitan viviendas sin contratos, sin protección jurídica, sin mecanismos claros para resolver estos conflictos. Al mismo tiempo, los arrendadores tampoco cuentan con garantías suficientes ante los incumplimientos, lo que genera una desconfianza abrupta, a que se compliquen demasiado los requisitos para la renta, y a que se estén encareciendo las rentas”.
“Con estas reformas, Jalisco puede convertirse en referente nacional en arrendamiento formal, construyendo desde el Congreso un modelo de vivienda más justo, sostenible y humano”, aseguró el legislador.
La iniciativa, denominada oficialmente Ley para la Formalización del Arrendamiento y Mecanismos de Justicia Alternativa en Materia de Vivienda, reforma y adiciona disposiciones del Código Civil, la Ley de Justicia Alternativa, la Ley de Vivienda y la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco.
Entre sus ejes principales se encuentran:
- Cláusulas preventivas de mediación y conciliación obligatorias en los contratos de renta.
- Creación de un Contrato Modelo de Arrendamiento Habitacional, validado por el Instituto de Justicia Alternativa (IJA).
- Registro estatal de contratos formalizados, vinculado al Registro de Vivienda, para fortalecer la transparencia y la gobernanza territorial.
Recordó que, según datos del Poder Judicial de Jalisco, en 2023 se registraron 132 mil 397 asuntos en primera instancia, de los cuales más del 40 por ciento correspondieron a materia civil. De igual forma, el IJA recibió 43 mil 395 solicitudes de mecanismos alternativos, con 65.6 por ciento relacionadas con conflictos civiles.
Con estas reformas se espera la reducción de litigios civiles, la prevención de conflictos y desalojos arbitrarios, la formalización del mercado de la vivienda en renta, fortalecer la confianza y equilibrio entre arrendador y arrendatario, la reactivación del parque habitacional, una coordinación efectiva entre el Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI), el IJA y los municipios, y la disminución del gasto público en justicia civil.
El legislador explicó que, en el año 2023, el Poder Judicial registró 132 mil 397 asuntos ingresados en primera instancia, de los cuales, el 40 por ciento, es decir 52 mil 985, correspondieron a materia civil; y del total de los asuntos concluidos, el 35.2 por ciento también fueron civiles, manteniendo esta materia como la principal carga operativa del sistema judicial.
Por su parte, la presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Guadalajara, Karen Julieta Correa Cabrales, expresó el respaldo de su gremio a la Ley Renta Segura, destacando su relevancia para fortalecer la confianza y la formalidad en el mercado del arrendamiento.
Subrayó que el sector “vale hoy unos 22 mil millones de pesos al año”, lo que refleja la importancia económica del alquiler de vivienda en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Asimismo, resaltó la utilidad de los convenios de justicia alternativa, los cuales —dijo— “se han convertido en una herramienta realmente eficaz para nosotros”, al brindar respaldo jurídico a los contratos de arrendamiento.
La dirigente de la AMPI hizo un llamado a la cooperación institucional: “Queremos trabajar en conjunto con el gobierno para promover que se sigan utilizando estos métodos”, y enfatizó en la necesidad de reforzar la seguridad y la confianza en las relaciones entre propietarios e inquilinos.
IJA
Por su parte, el director del IJA, Dr. Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, destacó los resultados de la mediación preventiva: “Blindar los contratos de arrendamiento con cláusulas de mediación ha sido una estrategia efectiva: antes representaban el 40% de los casos civiles, hoy son menos del 20 por ciento”, luego señaló que los convenios con cláusulas preventivas han logrado reducir en 45 por ciento los litigios por arrendamiento en el estado.
También enfatizó la importancia de las reformas que impulsan el uso de la mediación y los contratos con cláusulas preventivas para reducir los litigios en materia de arrendamiento.
Y explicó que la iniciativa “democratiza el acceso a los contratos con calidad preventiva”, permitiendo que no solo quienes pueden pagar servicios privados, sino también cualquier ciudadano, acceda a instrumentos que otorgan certeza jurídica.
Zepeda Lecuona, resaltó además que resolver conflictos mediante el IJA cuesta al erario público 2,600 pesos, frente a los 28 mil pesos que implica un juicio tradicional: “Antes había personas que ni siquiera rentaban sus inmuebles por temor a conflictos. Hoy, con la validación preventiva, se garantiza certeza tanto al arrendador como al inquilino”, puntualizó.
Finalmente, subrayó que esta política fortalece la competitividad de Jalisco y aporta al cumplimiento normativo en sectores como el inmobiliario y el empresarial. “Creo que es una buena noticia y que el sistema judicial en Jalisco está contribuyendo a la competitividad y a la confianza económica”, concluyó.
#RentaSegura #OmarCervantes #IJA #AMPI #DerechoAlTecho #CongresoDelEstadoas #Jalisco
efectoezpiral.com 