Punto de En-Roque, Columna
Por Edith Roque, analista jurídica.
El desarrollo tecnológico de una nación no se mide solo por cuántas ideas genera, sino por su capacidad para transformarlas en valor, conocimiento y bienestar social. En México, esa capacidad depende de un engranaje legal clave: la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPI), vigente desde noviembre de 2020.
Esta norma, que sustituyó a la Ley de 1991, marcó un salto hacia la modernización del sistema de propiedad industrial, alineándose con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y con los compromisos internacionales de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Su propósito fue claro: fomentar la innovación y proteger los derechos de inventores, marcas y empresas, pero también crear un entorno de competencia leal y transferencia tecnológica efectiva.
Cinco años después, el marco legal vuelve a transformarse. En septiembre de 2025, el Ejecutivo Federal presentó al Senado una iniciativa de reforma estructural a la LFPI, con tres ejes principales:
- Regulación del uso de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito industrial y comercial.
- Simplificación de los procesos de registro y patente.
- Fortalecimiento de la transferencia tecnológica como motor de desarrollo.
El aspecto más innovador de la iniciativa es la inclusión de una regulación específica sobre infracciones generadas por inteligencia artificial. La propuesta busca sancionar el uso indebido de IA para falsificar marcas, replicar diseños, manipular certificados o extraer secretos industriales.
De aprobarse, se añadiría al artículo 386 una tipificación expresa de conductas infractoras cometidas mediante IA, con multas de hasta 250,000 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), equivalentes a varios millones de pesos.
El objetivo no es frenar la innovación, sino evitar que la tecnología se convierta en instrumento de fraude industrial. La inteligencia artificial, cuando carece de regulación, puede generar un daño tan profundo como la piratería física: algoritmos que copian patentes, modelos que imitan marcas y redes que comercializan falsificaciones digitales.
La segunda gran innovación del proyecto de reforma es el impulso a la transferencia de tecnología, entendida como el proceso mediante el cual el conocimiento científico se convierte en aplicación económica.
Se proponen incentivos fiscales para empresas que licencien tecnologías desarrolladas en México, especialmente en áreas estratégicas como biotecnología, inteligencia artificial y energías limpias. Asimismo, se modifican los artículos relativos a contratos de licencia para simplificar el registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y acelerar las negociaciones entre universidades, centros de investigación y el sector privado.
La propuesta también introduce una nueva figura jurídica: la “patente provisional”, que permitirá proteger desarrollos en fase temprana mientras se negocia su transferencia o financiamiento. Los inventores podrán usar la leyenda “patente pendiente” para atraer inversionistas y resguardar su innovación antes de obtener la patente definitiva.
Si se implementa correctamente, esta figura podría revolucionar la vinculación tecnológica universitaria, reduciendo la pérdida de invenciones que hoy se quedan archivadas por falta de protección o recursos.
A pesar de sus avances, México sigue enfrentando desafíos estructurales. En mayo de 2025, el país fue incluido en la Lista de Observación Prioritaria del Informe Especial 301 del gobierno estadounidense por deficiencias en la aplicación de derechos de propiedad intelectual. La falta de un Reglamento actualizado de la LFPI, pendiente desde 2020, ha generado vacíos operativos y lentitud en juicios, afectando la confianza de inversionistas y universidades.
La reforma de 2025 intenta corregir ese rezago, pero su éxito dependerá de la capacidad institucional del IMPI, de la coordinación con la Secretaría de Economía y, sobre todo, de la voluntad política para aplicar la ley más allá del papel.
La transferencia tecnológica no se decreta: se construye, con incentivos reales, seguridad jurídica y un ecosistema de colaboración que conecte a inventores, investigadores y empresarios.
México tiene la oportunidad de pasar de ser un país que importa tecnología a uno que exporta innovación con identidad propia. Pero eso solo ocurrirá si las reformas a la LFPI no se quedan en promesas legislativas. La innovación no florece en la incertidumbre ni en la burocracia.
La ley puede proteger una patente, pero solo la cooperación transforma una idea en desarrollo. El futuro de la propiedad industrial mexicana dependerá de esa ecuación: tecnología con ética, mercado con justicia y conocimiento con propósito.
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