La diputada Montserrat Pérez Cisneros, señaló que “cuando una orden de protección no se cumple, no es protección, es una simulación. Y una simulación en estos casos puede costar vidas. Por eso esta reforma no es un trámite más: es una defensa de la vida, es legislar para proteger, para prevenir y para salvar vidas”.
Por Mario Díaz (El Master).-
Ante la preocupante realidad del incremento de feminicidios en Jalisco y con el propósito de reforzar la protección de niñas y mujeres, y sancionar con mayor severidad a quienes desacaten órdenes de protección o de emergencia, la diputada Monserrat Pérez Cisneros (Movimiento Ciudadano) propuso establecer penas más duras, que serán de dos a ocho años de prisión, para quien incumpla estas medidas de restricción a favor de las víctimas de violencia.
La propuesta busca reformar el marco jurídico vigente para que el desacato a estas órdenes no sea visto como una falta menor, sino como una conducta grave con consecuencias penales más severas. Contempla penalidades para agresores reincidentes y considerar como agravante del delito de feminicidio el incumplimiento de estas disposiciones, lo que incrementará hasta en un tercio la penalidad correspondiente. También plantea fortalecer los mecanismos de supervisión por parte de las autoridades encargadas de hacerlas valer.
Lo anterior fue señalado en rueda de prensa encabezada por Montserrat Pérez Cisneros, acompañada por integrantes del grupo Las Paritaristas, Priscilla Cavagna, Daniela Hernández “PUMA” y Adela Ruiz, dieron a conocer los pormenores de su propuesta de iniciativa para aumentar las sanciones por incumplimiento de órdenes de protección por las mujeres a una vida libre de violencia y se pronunciaron porque la voz de las mujeres sea escuchada, respetada y protegida. Agradecieron la apertura de la diputada Pérez Cisneros para presentar esta propuesta urgente y necesaria, afirman que a pesar de que las medidas de protección pueden salvar las vidas de mujeres y niñas, no se respetan.
También plantearon la necesidad de capacitar a la autoridad ministerial para que, al otorgar una medida de restricción, el proceso se realice de forma correcta. Además, proponen, se realice una campaña de sensibilización y capacitación para no sólo otorgar estas medidas sino se continúe el proceso de la queja.
Coincidieron en que la propuesta constituye una medida urgente y necesaria para proteger la vida e integridad de mujeres y niñas, al plantear sanciones más severas para quienes incumplan órdenes de protección, una herramienta jurídica fundamental para frenar a los agresores y prevenir la violencia.
“Aunque nuestro Código Penal ya contempla sanciones, en los hechos estas no han sido suficientes. Y esa diferencia entre lo que dice la ley y lo que ocurre en la práctica puede significar la vida o la muerte de cientos de mujeres”, expresó Pérez Cisneros.
La legisladora agregó que “cuando una orden de protección no se cumple, no es protección, es una simulación. Y una simulación en estos casos puede costar vidas. Por eso esta reforma no es un trámite más: es una defensa de la vida, es legislar para proteger, para prevenir y para salvar vidas”.
La iniciativa propone:
- Aumentar las sanciones aplicables por incumplimiento de órdenes de protección de 2 a 8 años de prisión.
- Cuando un agresor incumpla en más de una ocasión una orden de protección en favor de la misma víctima, se reconozca la reincidencia como un acto reiterado con sanción agravada.
- Incorporar como agravante en el delito de feminicidio, un incremento de una tercera parte de la pena, cuando el incumplimiento de la orden de protección sea antecedente directo de un feminicidio consumado o en grado de tentativa.
Con esta reforma a los artículos 129 y 232-Bis del Código Penal del Estado de Jalisco, la diputada Montserrat Pérez detalló que se busca inhibir conductas reincidentes, consolidar la eficacia de las medidas precautorias y garantizar una respuesta penal proporcional a la gravedad de las violaciones.
Actualmente, el Código Penal de Jalisco establece penas de 1 a 5 años de prisión para quienes incumplen órdenes de protección, por lo que con esta iniciativa se aumentaría hasta por 8 años de prisión.
Sin embargo, entre 2019 y 2025 se dictaron 220,197 medidas de protección, de las cuales solo 520 derivaron en carpetas de investigación por incumplimiento, y en el caso de 2,647 órdenes de protección, no se investigó ningún incumplimiento.
Finalmente, la diputada Pérez Cisneros agradeció el acompañamiento de Priscilla Cavagna, Daniela Hernández “PUMA” y Daniela Ruiz, integrantes de Las Paritaristas, a quienes reconoció por visibilizar esta problemática e impulsar de manera conjunta una agenda que —subrayó— debe ser una prioridad para toda la sociedad.
Pérez Cisneros subrayó que “aproximadamente el 75 por ciento de las víctimas de feminicidio contaban con una orden de restricción activa al momento de los hechos, lo que evidencia que estas medidas no han cumplido plenamente con su objetivo de frenar la violencia. Esta propuesta, se busca inhibir las conductas reincidentes, brindar mayor protección a las mujeres y evitar tragedias derivadas de la omisión de medidas legales”.
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