Edith Roque Huerta, presentó Juicio de Inconformidad por la elección del Poder Judicial

Uso de acordeones, omisiones del INE, inconsistencias en la fiscalización de recursos, parte de los agravios que denunció ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Por Mario Díaz (El Master).-

Con el expediente SUP-JIN-933/2025, la Doctora Edith Roque Huerta quien fuera candidata a Magistrada en materia Administrativa por el Distrito 04, informó a medios de comunicación que impugnó el proceso de elección al Poder Judicial del pasado 02 de junio mediante un juicio de inconformidad ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se le dio turno a la Magistrada Janine Otalora Malassis por valorar que se presentaron violaciones graves al principio de legalidad, de equidad y de representatividad democrática y al considerar que se vulneraron principios constitucionales esenciales por una contienda democrática auténtica.

“Lo que se vivió en esta elección no fue una competencia en condiciones de equidad, sino una simulación revestida de legalidad. Es nuestro deber alzar la voz y defender no sólo nuestros derechos, sino también los de quienes votaron con esperanza, sin información ni garantías en Jalisco”

Dejó en claro que para ella esta inconformidad no es un reclamo individual, sino una voz colectiva que representa a miles de personas que confiaron en un proceso abierto, limpio y transparente.

“La justicia no puede construirse desde la exclusión. Cuando una contienda judicial se define más por inercias políticas que por méritos, principios y trayectorias, perdemos todos”, puntualizó la Doctora Edith Roque Huerta.

En este momento su impugnación se encuentra en la etapa de instrucción, en donde revisan las evidencias, las pruebas, se analizan los indicios que se tienen, aún no existe un posible proyecto de resolución para tener una idea de hacia dónde se puede dirigir este proceso. Aunque se debe tener la resolución antes del 01 de septiembre que es cuando entran en funciones todos los magistrados y jueces.

Aclaró Roque Huerta que se entregaron constancias de mayoría, pero el Poder Judicial aún no entrega las Adscripciones correspondientes, esto es, la constancia con que cuentan los ganadores solo es por ser la persona con mayor votación, pero el Poder Judicial debe de entregar la adscripción al tribunal correspondiente o al juzgado correspondiente, que es en donde les tocaría ya defender los derechos de las personas.

Confió en su impugnación al recordar que la Sala Superior ha revocado algunos asuntos por paridad, “confiamos en nuestras leyes, en la Constitución Política y confío en la legalidad de las instituciones… aunque otra cosa es la legalidad de las personas”.

Agravios

Dentro de los agravios que consideró operaron en contra de su candidatura Roque Huerta, destaca:

“Durante todo el proceso electoral, se identificó una difusión amplia, organizada y repetitiva de listas predefinidas de votación (“acordeones”) promovidas por actores ligados al poder público. Aunque no se señala de manera directa a partido alguno, el patrón observado, la repetición del listado y la distribución masiva en redes y estructuras locales, sugieren intervención de operadores políticos institucionalizados, lo que vulnera la equidad y autenticidad del voto”.

En el Distrito Judicial 4, se detectó la distribución sistemática de listas de votación (“acordeones”) que circulaban en formatos impresos, cadenas de WhatsApp y páginas no institucionales, con perfiles favorecidos que no contaban con presencia pública ni campañas visibles”.

Especificó que estas listas coincidieron, en múltiples ocasiones, con candidaturas vinculadas a estructuras políticas identificables con el partido que actualmente gobierna el estado de Jalisco (MC).

“Si bien no se cuenta con evidencia directa de autoría formal, el nivel de coordinación, alcance territorial y diseño de las listas, así como el patrón electoral atípico que benefició a ciertos perfiles, sugieren la operación de una estrategia organizada, ajena a la deliberación ciudadana libre”.

Otro de los agravios que expone Edith Roque tiene que ver con la distribución desigual de candidaturas que concentró a mujeres en la materia administrativa dentro del mismo distrito, limitando la pluralidad sustantiva y generando una contienda estructuralmente desventajosa.

«En el Distrito Judicial 4, todas las mujeres candidatas fueron asignadas exclusivamente a la materia administrativa, lo que afectó la pluralidad sustantiva y redujo la competitividad real frente a bloques ya articulados. Esto también vulnera el principio de paridad sustantiva, al simular pluralidad sin equidad material”.

También expone una ausencia de campañas proselitistas reales: invisibilización de candidatas sin respaldo institucional, ya que consideró que mientras que algunas candidaturas tuvieron visibilidad orgánica o inducida mediante estructuras informales, otras carecieron de mecanismos para difundir sus propuestas. Esta asimetría material, aunada a la falta de información oficial, generó una contienda donde las condiciones no eran ni libres ni iguales.

“Se señala que hubo una simulación de campañas por parte de candidaturas favorecidas, que no realizaron actividades públicas visibles, ni participaron en foros, entrevistas ni generación de propuestas, pese a obtener resultados electorales altos. Esto refuerza la hipótesis de que operó una estructura paralela que suplantó la deliberación ciudadana”, puntualiza.

Sostiene también que existió inequidad informativa y omisión institucional del INE.

“El Instituto Nacional Electoral incurrió en omisiones graves como la falta de publicación oportuna del repositorio de candidaturas, lineamientos y acuerdos fundamentales, lo que impidió a muchas candidaturas diseñar y ejecutar estrategias de comunicación, debilitando la equidad del proceso”.

Para la ex candidata, existió una omisión de fiscalización sobre recursos y gasto real, donde consideró que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE no investigó con el mismo rigor el origen de recursos ni la contratación de servicios digitales ligados a perfiles favorecidos, pese a que se documentaron presuntas campañas de promoción encubierta en redes sociales, sin reportes contables visibles.

Para la también académica de la Universidad de Guadalajara, «la justicia debe construirse con el pueblo, no al margen de él. Si hay dudas legítimas sobre equidad, deben atenderse con seriedad, porque el acceso a cargos judiciales también forma parte de una democracia participativa.»

«Ningún proceso debe dejar fuera a quienes han trabajado desde la sociedad para transformar la justicia. La legalidad y la transparencia son principios innegociables en cualquier elección.»

Finalmente, deja en claro que este juicio busca sentar precedentes para que nunca más se repita un proceso sin equidad, opaco o controlado por estructuras ajenas a la ciudadanía.

La resolución del TEPJF sobre este caso podría sentar un precedente histórico sobre: