Presentan reforma integral a la Ley Estatal de Atención a Víctimas

“Urgen 50 acciones interinstitucionales para atender crisis sobre desaparecidos en el estado”: Tonantzin Cárdenas

Por Staff/Efecto Ezpiral Noticias.-

La Comisión Especial para Atender Asuntos en Materia de Desaparición de Personas, que preside la diputada Tonantiz Cárdenas (Futuro) en Jalisco presentó 50 acciones urgentes para enfrentar la crisis de desapariciones en el estado, la primera de ellas: la presentación de una reforma integral a la Ley de Atención a Víctimas, elaborada por integrantes de la Comisión, a partir de los hallazgos de las mesas y de las demandas expresadas por quienes han sufrido esta crisis en carne propia.

Las medidas fueron construidas tras cinco mesas de trabajo con la participación activa de familiares, colectivos de búsqueda, funcionarias y funcionarios públicos, organizaciones civiles y personas expertas.

«Nos tomamos seriamente el compromiso que hemos hecho con quienes se involucraron en estos trabajos, en específico con familiares y colectivos de búsqueda, por no ser un espacio de diálogo estéril con un diagnóstico, pero sin un seguimiento», declaró la diputada Tonantzin Cárdenas.

El diagnóstico es claro: Jalisco arrastra vacíos legales, descoordinación institucional, falta de personal, rezagos presupuestales y protocolos inadecuados. Las consecuencias son graves y las omisiones, constantes.

La iniciativa presentada el día de hoy reconoce a las víctimas como sujetas de derechos, visibiliza el daño familiar y comunitario, amplía el concepto de reparación integral, garantiza gratuidad en todos los servicios y establece la creación de oficinas regionales para una atención digna y cercana. Además, incorpora estándares internacionales, obliga a la formación especializada del personal y crea mecanismos de rendición de cuentas con participación de colectivos, sociedad civil y academia. En total, modifica alrededor de 100 artículos y adiciona cerca de 80.

Entre las otras acciones enunciadas en el documento presentado se encuentra el fortalecimiento del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la ampliación del personal de búsqueda en la COBUPEJ, y la creación obligatoria de células de búsqueda en todos los municipios. También se exige garantizar el acceso sin restricciones al programa “Acompañar las Ausencias” del DIF, establecer sanciones por omisiones institucionales, y revisar a fondo el anexo presupuestario transversal en materia de desapariciones.

El documento completo, entregado a las instancias responsables, clasifica cada acción por nivel de competencia (legislativa, ejecutiva, autónoma o municipal), establece su impacto presupuestal y propone plazos de implementación.

Iniciativa

Reforma Integral a la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco

El objetivo general de la reforma es garantizar una atención integral, efectiva y digna a las víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos, incorporando estándares internacionales y el criterio de especialistas en la materia, así como las demandas y necesidades de personas buscadoras, familiares de víctimas y colectivos.

Además, se encamina a dar cumplimiento a una de las 50 acciones que corresponde al Legislativo y que plantea la necesidad de esta reforma, para actualizar y reestructurar el marco legal y, a su vez, derivar en una reingeniería operativa al interior de la CEEAV.

Cambios principales:

Se reconoce como víctimas no solo a las personas directamente afectadas por un delito o una violación a derechos humanos, sino también a sus familiares, comunidades u organizaciones enteras (víctimas colectivas). Se visibiliza el daño individual, familiar y comunitario.
La ley adopta los enfoques transformador, psicosocial, humanitario, de género, interseccional e intercultural. Estos reconocen las particularidades de cada víctima y las condiciones que profundizan su vulnerabilidad (edad, género, etnia, discapacidad, orientación sexual, situación socioeconómica, etc.).
Las víctimas tienen derecho a preservar la memoria histórica sobre los hechos victimizantes, así como a procesos simbólicos de duelo y dignificación.
Se entiende la reparación como un proceso integral que incluye: restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición y compensación. No se limita a un pago económico.
Se amplían las medidas de restitución, incluyendo:

Restablecimiento de la libertad (en casos como trata o detención arbitraria)
Restablecimiento de la identidad
Regreso digno al lugar de origen
Reintegración laboral
Devolución de propiedad de territorios originarios o ancestrales

Las víctimas pueden participar activamente en las investigaciones, procesos judiciales, acciones de búsqueda, construcción de políticas públicas y mecanismos de evaluación institucional.
Se garantiza que todos los servicios, procedimientos, trámites, asesorías jurídicas y peritajes para víctimas sean completamente gratuitos.
Todo el personal involucrado en la atención a víctimas deberá recibir formación obligatoria en derechos humanos, perspectiva de género y enfoques diferenciales.
El Estado deberá garantizar que toda persona pueda acceder de forma clara y oportuna a los lineamientos, criterios de acceso, presupuesto asignado y funcionamiento de la Ley y sus mecanismos.
Se prevé la creación de oficinas regionales y equipos especializados para garantizar atención en municipios y regiones históricamente desatendidos.
Se establecen mecanismos de evaluación y rendición de cuentas que incluirán la participación activa de colectivos de víctimas, organizaciones sociales y academia.
Se reconoce como víctimas a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, colectivos de búsqueda y comunidades organizadas, protegiendo su labor y garantizando su participación.

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